sábado, 25 de octubre de 2014

Ayotzinapa: ocultamiento y complicidades

César Navarro Gallegos*
 
Los familiares y compañeros de los normalistas asesinados y desaparecidos viven días de intenso dolor e incertidumbre. Han transcurrido más de 20 días del secuestro y la desaparición de 43 estudiantes y aún no hay indicios confiables sobre su recuperación.
 
La búsqueda e indagatorias realizadas por las instancias de los gobiernos federal y estatal se han caracterizado por la lentitud, confusión e ineficacia en sus resultados. El ocultamiento de los hechos ocurridos en la masacre de Iguala ha sido la constante gubernamental desde el momento en que se perpetró la agresión a los estudiantes de Ayotzinapa. Al mismo tiempo se ha constatado la complicidad previamente existente entre actores y ejecutores de los crímenes cometidos: autoridades estatales, municipales, cuerpos policiacos, bandas criminales y partidos políticos.
 
El coraje y la indignación de los padres de familia y estudiantes normalistas son compartidos por la mayoría del pueblo guerrerense: maestros, comunidades campesinas e indígenas, estudiantes, policías comunitarias y múltiples organizaciones sociales, ciudadanas y defensoras de derechos humanos. La población sureña ha levantado su voz y se ha movilizado para condenar esta injusticia y reclamar el retorno de los jóvenes a los que igualmente consideran sus hijos. Las protestas, manifestaciones y denuncias por todo el país muestran que el genocidio de Iguala constituye un doloroso agravio para el pueblo mexicano.

El Presidente de la República, su gabinete de seguridad, la Procuraduría General de la República y los cuerpos policiacos de la Federación repiten a diario que su tarea más importante es localizar a los estudiantes desaparecidos y han informado la detención de decenas de policías municipales que los secuestraron y entregaron a Guerreros Unidos, así como la aprehensión de integrantes de este grupo criminal, incluido su jefe principal.

 Es de suponer que, teniendo en su poder a toda esa gente, es factible que dispongan de mayor información sobre los jóvenes desaparecidos, pero han determinado mantenerla bajo reserva. ¿De ser así, cuáles son las razones? ¿Se gana tiempo para acomodar las investigaciones y poder exonerar culpables? La tardanza y el secreto inducen a dudas razonables, si nos atenemos a las experiencias sobre otros crímenes y masacres: guardería ABC, Aguas Blancas, Acteal y muchos más.

Por lo pronto, varios actos de complicidad se han evidenciado: el ex presidente municipal de Iguala y sus acompañantes no se escaparon, como inocentemente afirma el procurador de Guerrero: seguramente fueron protegidos y apoyados para evadirse. La complicidad del gobierno y el Congreso guerrerense con las actividades delictivas del edil prófugo se han develado ahora públicamente y demostrado que los cuerpos policiacos y los grupos criminales son una misma cosa.

La vergonzosa defensa del Partido de la Revolución Democrática al gobernador de Guerrero recién defenestrado, no obstante su responsabilidad política y judicial y el rechazo de la población para que continuara en el cargo, simplemente ratifica lo que de sobra es conocido: la degradación y descomposición política de ese partido.
 
La agresión a los normalistas no fue una situación casual, como ha empezado a cantar el encarcelado jefe de los sicarios, ni daño colateral en la guerra entre grupos criminales, como pretenden algunos. Constituye un crimen de lesa humanidad, un crimen de Estado y específicamente un crimen político.
 
Los que dispararon, asesinaron y desaparecieron estudiantes fueron en última instancia los instrumentos para atacarlos. Su agresión debe ubicarse como resultante del encono y linchamiento político y mediático con los que se ha perseguido a los estudiantes socialistas de Ayotzinapa.
 
 Lo inédito en esta agresión es que ahora se utilizó de manera visible al crimen organizado para reprimir una movilización social-estudiantil. En la cruzada antinormalista se han entrelazado siempre el gobierno, autoridades educativas, partidos políticos, grupos de derecha y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
 
 No los toleran por lo que son: indígenas, campesinos y pobres. Pero sobre todo por el perfil de su formación educativa y arraigado compromiso social como docentes. Tampoco les perdonan las concepciones políticas que desde sus orígenes asumieron y han mantenido los alumnos de las normales rurales.
 
La organización en la que históricamente se han agrupado es la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que es su espacio de organización y resistencia colectivo. Las luchas y agresiones que han enfrentado a lo largo de su historia los han educado en la pedagogía de la resistencia y la acción radical, de la que no reniegan ni han abdicado.
 
Por eso los diputados locales de Guerrero de todos los partidos están más preocupados por los vidrios rotos de su palacete que por la vida de los jóvenes desaparecidos y han propuesto reconsiderar la existencia de las normales rurales, particularmente la extinción de Ayotzinapa, y vuelven a propalar los embustes a los que se han recurrido para justificar su desaparición: nido de guerrilleros. Como muchos otros pretenden anegar el manantial de donde brotan las aguas que fluyen y alimentan el océano de la resistencia magisterial y la escuela pública.
 
* Investigador del Instituto Mora

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