lunes, 28 de octubre de 2013

Seguridad social trasquilada

Ricardo Mejía
La Silla Rota.
 
Uno de los ganchos para vender la Reforma Hacendaria como una “gran reforma social” fue que se aumentarían impuestos y se acudiría a más deuda pública a cambio de contar con un sistema nacional de seguridad social que incluía la pensión universal y el seguro de desempleo. Esta era la justificación de ser para que las izquierdas la acompañaran, pues se incluirían derechos sociales por los que se han luchado y que se habían concretado en primera instancia en el Distrito Federal por un gobierno progresista.
 
En realidad, al paso de los días y a pesar del aparato propagandístico gubernamental, se ha hecho evidente a todas luces que la reforma hacendaria, más que una reforma social, se trata de una reforma recaudatoria, una reforma que genera nuevos mecanismos de supervisión para el sistema de administración tributaria y además también plantea un déficit fiscal descomunal.
 
Lo cierto es que, una vez aprobada la reforma hacendaria, como parte del juego convenido entre los partidos del Pacto, se han dado a la tarea de trasquilar la escueta intención social de la reforma, para dejarla de manera enunciativa en los artículos 4º, 73 y 123º Constitucionales, con la que pretenden lavarse la cara después del atraco fiscal contra la ciudadanía.
 
La iniciativa original de reforma constitucional de Peña Nieto, para establecer la pensión a adultos mayores y el seguro de desempleo, era en sí misma una intención muy acotada, pues ni era universal, ya que no abarcaba a toda la ciudadanía, ni era segura, ya que sujetaba un derecho a la disposición presupuestal. Si el Ejecutivo Federal hubiera tenido la intención de hacer realmente una reforma social, se hubiera establecido la pensión para adultos mayores y el seguro de desempleo como derechos de carácter universal, garantizados en la Constitución, en los que el Estado tuviera la obligación de hacerlos valer para todos los mexicanos y mexicanas.
 
Por el contrario, a diferencia de las reformas regresivas del Pacto, aprobadas por consigna, a las que no se les mueve ni una coma, ésta no sólo fue modificada de forma, sino de fondo, limitando y acotando aún más su alcance dejando fuera a amplios sectores de la sociedad, y escondiendo la intención de financiarse con propios fondos de los trabajadores.
 
Analicemos la iniciativa original y lo aprobado por los partidos del Pacto en la Cámara de Diputados.
 
De entrada, en el artículo 4º Constitucional, el Ejecutivo proponía incluir que se protegerían los derechos de los adultos mayores, cuando la obligación del Estado es garantizar por todos los medios a su alcance un derecho. No cabe duda que el PRI en el gobierno aún tiene en el ADN las características del viejo régimen que se erigía como un Estado protector, que veía a los derechos como dádivas.
 
Por eso, desde Movimiento Ciudadano, se planteó establecer este derecho de los adultos mayores como una garantía constitucional, es decir, apelar al garantismo constitucional para reconocer el derecho de los adultos mayores a una vida digna, a tener seguridad, servicios de salud y a que la sociedad le retribuya lo que le han aportado, promoviendo su integración social y participación en las actividades económicas, políticas, educativas y culturales de su comunidad, y estableciendo los mecanismos de prevención y sanción de todo tipo de violencia o discriminación en su contra. Ahí coincidimos con otros partidos, y se inscribió como una garantía.
 
Sin embargo, sin mediar propuesta de partido alguno, la Comisión de Puntos Constitucionales, siguiendo instrucciones del Pacto, decidió escamotearle a las personas mayores este derecho, mutilando la iniciativa original, retirando del artículo 4º la garantía a una vida digna y a la seguridad, retirando también la posibilidad de su incorporación a actividades políticas y educativas, como si los adultos mayores ya no debieran participar en la vida pública, o negarse a reconocer que su mayor aportación es con base a su experiencia, y por lo tanto, transmitirlas mediante la educación no fuera importante. También el dictamen retiró de la propuesta de reforma al artículo 4º el establecimiento de mecanismos para prevenir y sancionar la violencia contra las y los adultos mayores, cuando desafortunadamente esta es una realidad que les afecta seriamente en la actualidad.
 
Además, se amarró el derecho a una pensión para apoyar sus gastos básicos de manutención durante la vejez, a los términos y condiciones que determinen las leyes, es decir, dependerá aún de lo que los legisladores definan, y no lo que la Constitución mandate. Así queda inscrito un derecho a medias, sin dientes, meramente enunciativo.
 
Por otra parte, en el artículo 73, donde se establecen las bases constitucionales para que el Congreso pueda legislar sobre determinadas materias, en la propuesta original se establecía la facultad del congreso para legislar en materia de protección de los adultos mayores, así como en materia de seguro de desempleo. Nuevamente, la Comisión de Puntos Constitucionales, de manera oficiosa, retiró de esta base constitucional la facultad para legislar en materia de seguro de desempleo, pues más adelante, en el artículo 123, lo acotaría a la ley del seguro social.
 
Así, en el artículo 123 Constitucional, la propuesta del Ejecutivo proponía retirar de la ley del Seguro Social, el seguro por cesación involuntaria del trabajo e incluir un nuevo párrafo que especificaba la obligación del Congreso para establecer un seguro de desempleo para los trabajadores a que se refieren los apartados del artículo 123, es decir, tanto al apartado A, como el B, es decir, tanto trabajadores que cotizan en el Seguro Social, como los que están al servicio del Estado y cotizan al ISSSTE. Estableciendo, asimismo, que esa ley prevería las condiciones de financiamiento y requisitos para acceder a dicho seguro de desempleo.
 
La Comisión de Puntos Constitucionales quitó y envió al pleno, un dictamen en el que suprimía este nuevo párrafo, y acotaba al seguro por desempleo y cesantía por edad avanzada, a la Ley del Seguro Social. Es decir, excluyendo de la posibilidad de acceder a este seguro a todos los que trabajan al servicio del estado, entre los que se encuentran justamente las y los maestros. Parece que no ha sido suficiente con la reforma laboral y educativa, hay que castigar aún más a los maestros, como si se tratara de pasarles exclusivamente la factura de las deficiencias del sistema educativo en México.
 
Pero no sólo eso, con esto no sólo se excluye del seguro de desempleo a todos los trabajadores al servicio del Estado, sino también a los profesionistas independientes, a quienes trabajan en la economía informal, a las mujeres emprendedoras, a los que a partir de la nueva ley del trabajo se emplean por horas, por temporada o a través de empresas intermediarias, se excluye de la posibilidad de seguro de desempleo precisamente a quienes más lo necesitan pues no cuentan con ningún sistema de seguridad social, ni tampoco con un trabajo estable ni certero.
 
Twitter: @RicardoMeb

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