sábado, 18 de mayo de 2013

La lucha magisterial democrática.



Las marchas conmemorativas del Día del Maestro convocadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fueron muy combativas. En ellas participaron ciudadanos, trabajadores en general, jóvenes y profesores universitarios democráticos, solidarizándose con las justas demandas magisteriales y reivindicando las suyas propias.
 
Actualmente la CNTE constituye la oposición democrática más visible y organizada del pueblo trabajador contra las acciones neoliberales del régimen oligárquico representado por el gobierno de Enrique Peña Nieto y demás partidos políticos integrantes del “Pacto por México”, incluidos los poderes fácticos conservadores (empresariales, “informativos”).
 
Las movilizaciones de la CNTE en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán, principalmente, tienen como demanda central la anulación de la llamada reforma educativa, en primer lugar, y en segundo, la reforma laboral. La primera no tiene nada de educativa y sí mucho de política y laboral, pues como trasfondo se encuentra todo el proceso de privatización de la cosa pública; la segunda es una política depredadora del trabajador. Para llevar a efecto tal propósito perverso, como en este caso la educación, o la salud, los recursos naturales y energéticos, etcétera, se requiere de un proceso de desmantelamiento de los derechos laborales. Más que una reforma educativa es una reforma política-laboral, pues trata de golpear aquellas formas gremiales que se oponen directamente a tales medidas privatizadoras.
 
Una pregunta que deben responder los plumíferos oficialistas u oficiosos, periodistas chayoteros de la prensa, radio y televisión, es: ¿Qué hace en la Secretaría de Educación Pública (SEP) un político como Emilio Chuayffet Chemor, quien no tiene ninguna trayectoria significativa en el campo de la práctica educativa, de sus procesos de enseñanza-aprendizaje; ninguna experiencia pedagógica y didáctica? ¡Nada que ver con José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet o Agustín Yañez! Chuayffet, quien nunca ha leído, por ejemplo, a Paulo Freire, tiene más experiencia represiva que educativa, pues estuvo inmiscuido, junto con Ernesto Zedillo Ponce de León, en la matanza de Acteal.
 
 Está en la Secretaria de Educación Pública para defenestrar a Elba Esther Gordillo, acto realizado, lo cual no significa para nada un proceso democratizador del sindicalismo educativo nacional, pues pusieron inmediatamente a otro charro sindical –Juan Díaz de la Torre, lugarteniente de la corrupta, nefasta y criminal Gordillo– quien firmaba cheques mensuales por 16 millones de pesos para gastos personales de la “maestra”; por supuesto, tampoco se pretende mejorar la educación pública básica y secundaria ¿Acaso, entre otras cosas importantes, el Estado incrementará del 3.78% del Producto Interno Bruto (PIB) al 12% recomendado por la UNESCO?
 
Los principales ejes de la “Reforma Educativa” son: “lograr que los alumnos sean educados por los maestros más especializados; hacer de la evaluación de los profesores un mecanismo eficiente para mejorar la calidad de la enseñanza; fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas.
 
 La propia comunidad educativa, directivos, maestros, alumnos, padres de familia, podrán tomar decisiones conjuntas para mejorar la educación…” Sin embargo, tales objetivos, aparentemente loables, en realidad atentan contra los derechos laborales magisteriales. Tras los mecanismos de “evaluación” se esconden los mecanismos de despido inmediato y el desconocimiento de los derechos de plaza base, escalafón, pensión, jubilación, aguinaldo y vacaciones ¿Cuál autonomía de gestión, pues la comunidad educativa nunca participó en tal reforma?
 
Los maestros democráticos si proponen una verdadera reforma educativa:
 
 1. Realizar un diagnóstico serio, profundo y objetivo que incluya la evaluación de todo el Sistema Educativo. En este deberán participar obligatoriamente los maestros.
 
2. Aumentar el presupuesto destinado a la Educación Pública al 8% del PIB, que a nivel federal significaría pasar de 303 mil millones, a 1billón de pesos, mínimo recomendado por la ONU.
 
 3. Eliminar las cuotas “voluntarias” y que el gobierno cumpla con su obligación constitucional de sostener completamente todas las necesidades de las escuelas
 
 4. Construir al menos 40 mil nuevas escuelas en todo el país, equipadas con todo lo necesario para su óptimo funcionamiento.
 
 5. Grupos de 25 alumnos y que la SEP les entregue útiles y uniformes escolares
 
 6. Turnos escolares de 7 u 8 horas, con desayunos y comidas, estudio de idiomas, computación, educación física y cultura. Sin tareas escolares en casa.
 
 7. Que los maestros solo tengan una plaza y puedan brindar una educación de calidad a sus alumnos. Salario digno y suficiente para evitar las dobles plazas.
 
 8. Que los Secretarios, Subsecretarios y Directores Generales de la SEP, sean maestros normalistas con experiencia mínima de 8 años frente a grupo, para que conozcan los problemas de la educación en la práctica, no en la oficina.
 
 9. Que las evaluaciones sean integrales (a todo el sistema educativo) y periódicas para todos los directivos de la SEP, dirigentes sindicales y maestros.
 
 10. Que los padres de familia y maestros participen de las evaluaciones, diagnósticos, decisiones y tareas tendientes a mejorar la educación.
 
 11. Recuperar las escuelas normales públicas, hoy abandonadas, como los centros formadores de maestros comprometidos con la educación y la comunidad.
 
El Estado, que carece de una política educativa integral, embiste a través de los medios de “comunicación” contra la CNTE, calificando a los maestros como vándalos para criminalizar la protesta social y descalificar sus legítimas demandas: un linchamiento mediático ¿Por qué los feroces inquisidores nunca analizan ni cuestionan la reforma educativa? ¿Por qué nunca critican las condiciones materiales e intelectuales en las que desarrolla la educación pública? ¿Acaso la profunda crisis educativa nacional es solamente responsabilidad de los maestros? ¿Qué no la SEP determina la política educacional?
 
La defensa de la educación pública pasa por el rechazo de la “reforma educativa”.
 
 Un cambio educativo requiere de un cambio democrático urgente.
 
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
 

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