jueves, 4 de abril de 2013

Reforma administrativa de la Educación Básica.

 
 
Las protestas de la disidencia del SNTE y de los charros de éste es aproximadamente la misma debido a que ambas fracciones de ese sindicato administran una parte de la función educativa. La reciente reforma constitucional busca acabar con el viejo acuerdo mediante el cual, desde los liderazgos sindicales, se nombran profesores, directores e inspectores. La cuestión, sin embargo, es la misma de antes: ¿cómo se ingresa a la carrera magisterial y cómo se realizan las promociones?
 
El primer problema es que cada año hay más egresados de las escuelas normales que plazas disponibles, lo cual es una distrofia del sistema. El segundo problema es la famosa evaluación, cualquiera que sea el concepto que ésta encierre pero que puede afectar la permanencia en el empleo. Y el tercer problema es la corrupción en el magisterio, largamente prohijada en una relación de complicidad entre dirigencias magisteriales y gobernantes.
 
Sin embargo, hay algo de fondo en todo esto. ¿Quién debe educar? La respuesta legal es que tal función le corresponde al gobierno. Con la reforma constitucional se busca subrayar que esa función es de la autoridad a través, ahora, de la evaluación depositada en un órgano con independencia. Los gobernantes, no obstante, siempre han sido quienes aprueban los planes y programas de estudio. Ellos fueron los autores de esa genialidad que consistió en reducir la jornada para duplicar turnos y, de esa manera, convertir a cada plantel en dos escuelas pero sin arte, técnica, deportes, idiomas, etcétera.
 
La idea dominante de la evaluación busca la competencia entre los profesores como falso método para elevar su preparación y desempeño. Así como el sistema de calificaciones nunca ha funcionado más que para hacer competir a los alumnos entre ellos, con el “nuevo” sistema tampoco sabremos nunca cómo es cada escuela en concreto.
 
Es una desgracia nacional que el magisterio mexicano haya abandonado la discusión sobre la enseñanza y el aprendizaje para hundirse en los asuntos administrativos, en especial en el tema de quién nombra a los profesores. Ya ni siquiera se debate acerca de las llamadas tareas escolares ni sobre el largo periodo vacacional de verano, mucho menos sobre el contenido de los programas y los métodos. La verdad es que, por encima de todo, la escuela mexicana es autoritaria y los profesores están muy mal pagados.
 
Por cierto que tampoco se discute el número de ciclos educativos. ¿Para qué tantos? Cinco desde preescolar hasta la universidad, cuando con cuatro el país se ahorraría mucho esfuerzo, dinero y, sobre todo, deserciones.
 
¡Ah! Pero cuánta discusión genera el asunto de quién nombra a los profesores. Hasta hace poco, era la dirigencia magisterial. Después, se llegó a un acuerdo para dar al sindicato sólo la mitad de los nombramientos. Los dos sistemas son malos por naturaleza, tanto porque la dirigencia sindical no es instancia académica como porque tampoco el gobierno está capacitado. La reciente reforma constitucional –alto nivel jurídico para tan poca cosa—busca acabar con ese mecanismo de nombramiento de los profesores, pero no se ha creado uno nuevo. El gobierno se va a hacer cargo de las designaciones mientras que la permanencia y la promoción las hará un órgano independiente cuyos criterios de seguro serán aquellos que definen todos los sistemas de evaluación educativa que han hecho de la enseñanza-aprendizaje algo más bien cuantificable que calificable.
 
Los educadores deben ser quienes impartan la educación. El Estado –lo he dicho muchas veces—debe ser educado en lugar de pretender seguir educando. Pero los educadores no están organizados, no cuentan con la institución idónea para asumir esa función pues se han convertido en reproductores de programas y métodos impuestos desde arriba y que no son en absoluto productos de sus propias experiencias y conocimientos pedagógicos. Es deber del Poder Legislativo crear esa institución. Entonces habría una reforma educativa.
 

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