jueves, 11 de abril de 2013

Malestar social en las escuelas


Luis Hernández Montalvo

Los acontecimientos de las últimas semanas ponen de relieve una crisis profunda en la educación pública en México; que se traduce en un malestar creciente de amplios sectores de profesores de educación básica y hace evidente el agotamiento de los viejos y caducos mecanismos de legitimación de las políticas públicas en asuntos que tienen que ver con la educación y la escuela como espacio de socialización de niños y jóvenes.

El Pacto “Por México” ha evidenciado que no bastan los acuerdos cupulares entre el gobierno y los presidentes de los tres partidos políticos mayoritarios para darle legitimidad a las políticas públicas implementadas en el campo de la educación en donde los profesores reclaman su derecho –y perdonen por la herejía-  un derecho elemental a opinar sobre su materia de trabajo en un país en donde los miembros de la sociedad tienen el sentido de la democracia más o menos claro y por lo tanto, el gobierno democrático en esta sociedad debiera garantizarlo a plenitud y sin cortapisas. ¿Por qué entonces se amenaza con desplantes retóricos de intolerancia?

Hasta ahora, las declaraciones del señor Secretario de Educación Pública; el señor Emilio Chuayffet y las de los señores legisladores no solo no son coincidentes sino contradictorias en asuntos que tienen que ver con debates añejos como las facultades de los tres niveles de gobierno en materia educativa; sobre las competencias de la federación y la de los gobiernos locales en lo que se refiere a la regionalización de los contenidos escolares.

Esta política pretendidamente uniforme debió haber desaparecido en 1993 con la creación de la Ley General de Educación; que pretendía establecer con claridad los tres niveles de competencia entre la federación y los gobiernos locales, la de los gobernadores y la de los presidentes municipales. Pues bien; conservo una edición de dicho ordenamiento legal, pero de entonces a la fecha, han ocurrido varias reformas que no sé en qué medida, dicha Ley sigue siendo vigente. Desconozco también si durante este tiempo, se editaron de manera masiva las nuevas versiones de la Ley conforme se fue modificando y reformando.

Luego vino la discusión y la simulación de debate parlamentario en los congresos locales en la aprobación de las leyes estatales de educación. Como resultado, tenemos la transcripción literal de la Ley General de Educación en cada una de las leyes estatales de los estados de la República sin que estas nuevas leyes den cuenta de las treinta y dos realidades distintas que ya existían y que se fueron construyendo a lo largo del siglo XX; pero que también abrieron las puertas para crear otras y recrear nuevos modelos de “reingeniería administrativa” e implementación de programas y contenidos de origen regional; más como producto de la presión de grupos de interés político-religioso que del magisterio o de las necesidades propias de los sistemas educativos estatales. Pongo de ejemplo al estado de Puebla. Es a partir de 1993 cuando se crea el primer Programa Educativo Poblano 1993-1999; construyéndose un sistema
administrativo paralelo al formulado en la Ley General de Educación con la creación de las Coordinaciones Regionales de Desarrollo Educativo; figura administrativa que no se contempla, ni siquiera en los Consejos de Participación Social; por cierto, esta figura administrativa es letra muerta en las escuelas.

 En cuanto al intento por imponer contenidos pretendidamente regionales; no le ha sido fácil a las administraciones de entonces a la fecha, diluyéndose en escándalos mediáticos y una oposición muy débil, pero decidida de los maestros. Ejemplo de ello, está el fichero de apoyo metodológico para primaria “Crecimiento y Plenitud Humana” del Ayuntamiento de Puebla 1996-1999. ¿Qué quedó de este programa para “educar en valores”? ¿Existen criterios para formular programas de contenidos regionales en las entidades federativas? ¿Y la formulación de los “niveles de conciencia” del teólogo Lonergan en los programas del bachillerato?

 ¿Por qué entonces los cultísimos diputados y senadores de la República se escandalizan de que los Congresos locales de Oaxaca y Guerrero propongan con sus gobernadores y maestros las primeras iniciativas de Ley Reglamentaria del recientemente reformado Artículo 3º. Constitucional?¿No debe ser en el hogar y en la escuela con sus maestros a la cabeza donde se provoquen las primeras acciones y sentimientos democráticos?¿No es más constructivo el sentimiento de los gobernadores de Oaxaca y Guerrero que las fieras miradas de los desgastados comentaristas de las televisoras que claman por la represión policiaca contra los maestros que se sienten amenazados en su empleo?

¿Port qué las televisoras y editorialistas de los medios de comunicación en lugar de condenar permanentemente y  por sistema a los maestros, les abren sus micrófonos y las pantallas de sus televisoras a estos hombres y mujeres que tienen el derecho a defenderse en un país democrático?

¿Por qué en un país democrático, los educadores deben tomar por asalto los micrófonos de las estaciones de radio para hacer escuchar su voz?

Dicen
algunos académicos con cierta timidez y desconfianza que la reforma educativa del actual sexenio se funda en la atención de la escuela, que la escuela cobra especial “centralidad en el debate académico”; pero, las acciones imponen el miedo y un nuevo y peligroso silencio entre los educadores. ¿Cómo entender el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo y su sustitución en la obscuridad de las traiciones?

¿En dónde está el programa del SNTE: “En defensa de la Escuela Pública” y sus movilizaciones de fin de semana?¿Dónde quedó la moralidad de los dirigentes sindicales del SNTE?¿A quién representan y qué representan en esta sociedad democrática?¿Y los educadores mexicanos se dejarán doblegar por el miedo y el silencio cómplice?¿Todos somos cínicos? 

Dicen los soberbios líderes políticos que esta es la reforma que resolverá los grandes problemas acumulados durante un siglo de vicios y políticas educativas sexenales inconclusas e incumplidas, que es la reforma “de gran calado” que requiere la República y la escuela para modernizar al país y por eso, desde su escritorio de poder, no aceptan los cuestionamientos de los desarrapados profesores de educación básica;  por eso y por otras razones; el señor Secretario de Educación Pública, con el poder que le da el dinero público de los contribuyentes pagó los servicios de un grupo de asesores para que le entregara una relación de los 450 mejores maestros de México a los que les envió una carta para invitarlos a opinar; dice que ya le contestaron 250.

Y cuándo estas burocracias administrativa y pedagógica de recambio sexenal abandonen su escritorio de privilegios sin medida; ¿A quién le reclamaremos la ineficacia de sus discursos autoritarios y amenazantes? ¿A quién haremos responsable de tanta destrucción de la educación pública y de la planta docente construida por generaciones de educadores por casi dos siglos?

Antes de seis años, cuando esta “Reforma de gran calado” intente iniciar sus primeros programas, estaremos ante los preparativos de una nueva campaña electoral en la que el tema de la educación pública se convertirá en un producto retórico de recambio sexenal y para entonces, si el señor Emilio Chuayffet logra sobrevivir al sexenio, es probable que ya sea candidato a Diputado o a Senador de la República. ¿Y la Educación Pública? ¿Y la centralidad de la Escuela Pública? (07-05-2013)

 
 
 
 
 
 
 

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