martes, 30 de abril de 2013

Magisterio: el fracaso del Pacto por México

Luis Hernández Navarro
 
Modernos Robin Hood aparecieron en Morelia. El pasado 26 de abril, es­tudiantes normalistas retuvieron siete camiones que transportaban galletas, pan, productos lácteos, refrescos y agua potable. Pasadas las 10:30 de la mañana, trasladaron dos unidades al centro de la ciudad. Una hora después llevaron las restantes. Con ellas bloquearon el centro histórico. Al no recibir respuesta a sus demandas distribuyeron gratuitamente los alimentos entre la población. No tomaron nada para ellos.
 
La exigencia central de los normalistas es empleo. Para ser exactos, que se otorguen mil 200 plazas a los egresados de este ciclo escolar. Estudiaron durante años para ser profesores; están a punto de terminar sus estudios y ahora las autoridades les salen con que no hay trabajo. Lo demandan desde hace días, en todos los tonos y formas posibles. Pero el gobierno estatal se niega a resolverles su petición, a pesar de que hacen falta maestros en la entidad, y de que los jóvenes están capacitados para ejercer la profesión.

Los muchachos están rabiosos. Están convencidos de proceder correctamente. Señalan que su acción es justiciera porque devuelve al pueblo lo que pagan con sus impuestos. A la reportera Ana María Cano le aseguraron: No tenemos miedo. Más bien que se cuiden los empresarios, porque vamos a seguir tomando camiones y vamos a regalar la mercancía. Las compañías afectadas por la protesta estudiantil tienen fuertes intereses en el sector educativo. Sus dueños auspician las campañas de odio contra el magisterio democrático y sus productos se venden en escuelas.

Dos días antes, el 24 de abril, en Chilpancingo, profesores furiosos protagonizaron una moderna versión de Fuenteovejuna y atacaron las sedes de Movimiento Ciudadano, PAN, PRD y PRI. Su cólera se concentró en las instalaciones de partidos e instituciones políticas. Rompieron puertas y ventanas, quemaron basura y pintarrajearon paredes. Ninguna persona fue agredida. En lugar de deslindarse de las expresiones de inconformidad, la dirección de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en la entidad (Ceteg) trató de explicarlas.

Estaban iracundos porque, por segunda ocasión consecutiva, fueron burlados por el gobernador de Guerrero y los legisladores locales. Los maestros hicieron un acuerdo político con el PRD en el estado, fuerza política mayoritaria en la entidad, que abría una puerta a la solución de un grave conflicto. El sol azteca se comprometió a avalar la propuesta de Ley Estatal de Educación, pero en una sede alterna del Congreso en la ciudad de Acapulco no honró su compromiso. PRD, Movimiento Ciudadano y PT tienen 26 diputados de los 46 que integran la Legislatura, suficientes para sacar adelante los cambios legales. Sin embargo, en la sesión apenas 18 diputados votaron en favor de las propuestas magisteriales; los ocho restantes traicionaron el acuerdo.

No fue la primera ocasión que el gobernador y los legisladores les tomaron el pelo a los mentores. El 2 de abril, el mismo Congreso rechazó con 35 votos en contra y siete a favor la iniciativa de reformas de la Ley Estatal de Educación que envió el gobernador Ángel Aguirre Rivero y fue negociada con la Ceteg. El presidente de la Comisión de Gobierno, el perredista Bernardo Ortega, dijo que la iniciativa fue votada en contra por contravenir a la reforma educativa federal aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre pasado.
 
La radicalidad de las acciones de normalistas y profesores no es ajena a la intensa campaña de odio que el mundo empresarial y varios medios de comunicación han desatado contra ellos. Con la más absoluta impunidad se ha satanizado y vilipendiado a los maestros del país porque se niegan a aceptar una reforma que no se les consultó, denigratoria de su actividad profesional y lesiva a sus intereses, y a los de la educación pública.
 
Lejos de ser expresión de la penetración de guerrillas en el movimiento magisterial –como irresponsablemente señala Graco Ramírez, gobernador de Morelos– la rabia de normalistas y maestros es expresión de una situación límite: las autoridades se niegan a negociar sus demandas, y cuando lo hacen forzados por la movilización social, se burlan de los acuerdos que establecen.
 
El descontento de los trabajadores de la educación muestra el fracaso del Pacto por México para dar gobernabilidad al país. La ira que dañó los edificios de los partidos políticos en Chilpancingo tiene un mensaje implícito: esos partidos –dicen los maestros– no nos representan. Pueden ponerse de acuerdo en la cúpula, pueden llegar a acuerdos, pero ellos no hablan por nosotros.
 
Efectivamente, mientras los dirigentes de los partidos y del gobierno federal se amarran a sí mismos con acuerdos en las alturas, el México de abajo está desatado. Cientos de conflictos ambientales han estallado a lo largo y ancho de todo el país, contra empresas mineras, megaproyectos de infraestructura y desvío y contaminación de las cuencas hidrológicas. Decenas de policías comunitarias han surgido ante la crisis de inseguridad pública, en al menos ocho estados. Una galaxia de problemas educativos ha aflorado en la UACM, la UNAM, los Colegios de Bachilleres, la Universidad Chapingo y muchos otros centros de enseñanza.
 
Ninguna de esas expresiones de descontento tiene cabida en el Pacto por México ni en los partidos políticos. Por el contrario, la vía del pacto, elitista, excluyente y suplantadora, las exacerba aún más. Las campañas de odio contra los afectados por las reformas no servirán para disuadirlos, antes bien, alimentarán algunos de sus rasgos más contestarios. Y ni qué decir de la intención de burlarlos.
 

Guerrero y Michoacán (más lo que se acumule en mayo) muestran que los movimientos sociales ya no son lo que eran. Se ha modificado su constitución, su dinámica de lucha, su horizonte, su radicalidad. En parte son imprevisibles. Son lo que son y llegaron para quedarse. Son modernos Robin Hoods y Fuenteovejunas. Quienes deciden el rumbo del país inevitablemente deberán tomarlos en cuenta. Si no lo hacen, corren el riesgo de llevarse algo más que unos cuantos sustos.

 

Desechan solicitudes de amparo a 100 mil maestros.

Reforma educativa
 
Las demandas fueron presentadas fuera del plazo legal, arguyen jueces
 
Desechan solicitudes de amparo de 100 mil maestros contra las modificaciones
 
Desde el 3 de abril está prohibido impugnar los cambios constitucionales, señalan
 
Abogados responden que esas enmiendas no deben aplicarse de forma retroactiva
 
Foto
Maestros marcharon el pasado 10 de abril al Palacio de Justicia para entregar demandas de amparoFoto Marco Peláez
Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Martes 30 de abril de 2013, p. 7
 
Unas 600 demandas de amparo colectivas –que agrupan a unos 100 mil maestros– fueron desechadas a finales de la semana pasada por los tres jueces federales con sede en el estado de Puebla designados para resolver esas peticiones contra la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto.
 
Los juzgadores argumentaron que los escritos de demanda fueron presentados a partir del 3 de abril, cuando entró en vigor la nueva Ley de Amparo, que prohíbe impugnar las reformas a la Constitución.
 
Los acuerdos de los jueces refieren que “de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que la parte promovente señala como acto reclamado la aprobación, expedición, promulgación y publicación del decreto por el que se reforman los artículos tercero y 73 de la Constitución, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013.
 
La demanda de amparo promovida contra dichos actos resulta improcedente, porque los mismos derivan de disposiciones de la Constitución, modificadas y adicionadas a través del mencionado decreto, que versan sobre la calidad en la educación obligatoria; sobre los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa; sobre la idoneidad de los docentes y los directivos que se encuentren al frente de la prestación del citado servicio; y sobre la tutela que el Estado ejercerá en su prestación, y los métodos de los que se valdrá para ello.
 
Eduardo Pérez Saucedo, del equipo de abogados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), informó a La Jornada que ya fue impugnada la resolución de los tres juzgadores, bajo el principio constitucional, previsto en el artículo 14 de la Carta Magna, que impide la aplicación de leyes de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna.
 
Explicó que el 26 de febrero pasado entró en vigor la reforma educativa, por lo que el plazo que tenían los maestros quejosos para impugnarla venció el 15 de abril. Y el día 3 de este mes entró en vigor la nueva Ley de Amparo, en la cual está prohibido impugnar una reforma constitucional por la vía de amparo.
 
“Antes de que comenzará la vigencia de la nueva Ley de Amparo entró en vigor la reforma educativa, y cuando esta última se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de febrero de 2013, aún estaba vigente la anterior, por lo que hay una aplicación retroactiva de la Ley de Amparo en franca violación al 14 constitucional”, expuso Pérez Saucedo.
 
Las demandas presentadas antes del pasado 3 de abril sí fueron admitidas a trámite por los jueces federales, quienes incluso han concedido suspensiones provisionales para que los maestros inconformes no sean despedidos en caso de reprobar una eventual evaluación.
 
De acuerdo con estimaciones del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), los jueces recibieron al menos 2 mil demandas de amparo contra la reforma educativa, colectivas e individuales, y se estima que alrededor de la mitad serán desechadas por haber sido presentadas después del 3 de abril.
 
A la fecha no se cuenta con una cifra precisa de maestros que han firmado los amparos colectivos, ya que las demandas son presentadas en varios estados y se requiere un trámite interno del CJF para concentrarlas ante los jueces tercero, sexto y séptimo del centro auxiliar de la segunda región en San Andrés Cholula.
 

lunes, 29 de abril de 2013

Maestros, prensa y poder punitivo

 
Carlos Fazio
 
Cual policías del pensamiento único disciplinador y domesticador, la jauría informativista de los medios corporativos privados está desatada. Con fruición desbordada clama por la mano dura y el garrote. Como tantas veces antes, engolados comunicadores, histriónicos campeones de la trivialidad, histéricos del rating, bombardean a la población con estereotipos, eslóganes y clichés maniqueos. Invocan el estado de derecho; la ley y el orden, y piden cárcel contra quienes protestan contra una reforma educativa autoritaria, producto de un acuerdo cupular de la partidocracia, ideado para mantener la violencia estructural, generada desde arriba.
 
Subsumido en las campañas de intoxicación propagandística, aflora el manido repertorio de odio clasista de quienes sirven a los que mandan. Al cacerolismo mediático y el linchamiento exponencial de maestros normalistas y jóvenes universitarios, se suma la llamada a la violencia represiva del Estado contra los vándalos, las hordas, la turba, los conspiradores enmascarados y el salvajismo del otro, el disidente, el que se resiste a ser amaestrado y no renuncia al pensamiento crítico liberador. Presionan para que reaparezca el rostro colérico diazordacista del muñeco telegénico de Televisa y los poderes fácticos, Enrique Peña, el que mostró con los asesinatos y las violaciones sexuales tumultuarias de Atenco, y la represión-escarmiento inaugural de su mandato, el 1º de diciembre de 2012 en la ciudad de México.

En la coyuntura, los amanuenses del sistema han erigido a maestros y estudiantes disidentes en el nuevo enemigo interno. Un enemigo a destruir, a aniquilar. La vieja educación humanista y con alto contenido social en un país de pobres y analfabetos no corresponde a las nuevas necesidades de la dominación capitalista. Por eso, un objetivo clave de la contrarreforma educativa de Peña es acabar con el papel histórico de los maestros en las luchas sociales.

Encubriendo las causas que generaron el actual conflicto ideológico en el sector educativo nacional, los medios presentan una caricatura de la realidad. Manipulan, distorsionan, simulan. Los cultores del ditirambo del poder amplifican el discurso esquizoide del gobierno y arremeten contra los mentores y estudiantes de la enseñanza básica y superior, que han salido a las calles a protestar contra la imposición de una contrarreforma educativa elitista y excluyente, que busca fabricar jóvenes eficientes y conformistas para el mercado total; que luchan contra la mercantilización de la enseñanza pública, básica y superior; contra la universidad-empresa, el capitalismo académico, la educación electrónica y el sindicalismo charro corrupto y corruptor.

Junto a la estigmatización del otro a doblegar, la ideología despolitizadora de la comunicación total reproduce matrices de opinión que refuerzan los intereses corporativos. Entrenada para divulgar una realidad virtual, ahistórica y sin memoria, la prensa mercenaria condiciona y modela a sus audiencias, arreglando sus noticias y comentarios editoriales conforme a criterios políticos facciosos que no cumplen con los estándares mínimos, éticos y legales que garanticen un buen equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho a la información.
 
El presentador vedette, el hombre-ancla, el editorialista patriotero de la prensa escrita, radial y televisiva repite a coro las palabritas de importación de moda, vía la OCDE: hay que examinar y evaluar a los maestros. Algunos, los más ilustrados −hay muchos payasos y chimpancés en la prensa nativa−, saben que los exámenes y la evaluación no son simples procedimientos técnicos y, sobre todo, que no son neutrales. Saben que se usan para impulsar un modelo determinado de educación. Pero, demagógicamente, engañan a sus auditorios: para eso les pagan sus anunciantes y patrocinadores.
 
Por un carril paralelo, la manufacturación de un enemigo interno (hoy los maestros y estudiantes disidentes) tiene que ver con la construcción social del miedo. El Estado decide quién es el enemigo, y al ser ubicado como tal un individuo es colocado fuera de la ley. Al negársele al enemigo la calidad de hombre o mujer, de persona, se transforma en algo más bien parecido a un monstruo o una bestia. Un ser limítrofe. Una vida desnuda (Agamben) que se encuentra fuera de la ley y de la humanidad, y con la cual no hay acuerdo posible, al que se debe derrotar incluso mediante la coacción física y la tortura y/o eliminar. Una vida de la que se puede disponer libremente al punto de que se le puede dar muerte sin que sea necesario cumplir con los procedimientos legales instituidos y sin que ello constituya un homicidio. Ocurrió durante la pasada guerra de Felipe Calderón y está en fase de calentamiento en el arranque del peñismo, el nuevo PRI y los pactistas paleros.
 
Como dice el penalista Raúl E. Zaffaroni, el enemigo es una construcción tendencialmente estructural del discurso legitimante del poder punitivo. Sólo que la noción de enemigo no se limita a la imagen extrema encarnada por el disidente de turno, sino que abarca a amplios sectores de la población que no optan por jugar en los opuestos y se mantienen pasivos. Las contrarreformas estructurales del gran capital (las impuestas y las que vienen), tienen una fase represiva paralela dirigida contra todo tipo de resistencia a los valores promovidos oficialmente o a aquellos considerados normales, lo que de manera automática ubica en el campo de la disidencia al que protesta, pero que también abarca al que no se mete, al espectador neutral, conformista, alienado, y que tarde o temprano, a través de las formas encubiertas de la guerra sicológica en curso, también terminará siendo blanco de la acción punitiva del Estado. La lógica del poder es implacable: se basa en un razonamiento de suma cero, según el cual lo que beneficia al enemigo, erosiona o destruye al régimen de dominación clasista.
 

Viejo y “nuevo sindicalismo”


Luis Hernández Montalvo

La clase obrera y el movimiento sindical llegan a la celebración del Día Internacional del Trabajo en medio del aturdimiento por las reformas a las leyes laborales que por cerca de un siglo tutelaron  sus derechos consagrados en el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En  la celebración del Día Internacional del Trabajo de este año se van a ver acentuados los enconos sociales, la incertidumbre y la desesperanza aún mayor. Antes de las reformas, los miembros de la familia –aparte del padre- se vieron empujados a ocuparse en cualquier empleo o actividad remunerativa para contribuir al sostenimiento del hogar; pues los salarios “mínimos” se hicieron inoperantes para llevar a la casa vestido y sustento. El saldo,  se sabe, más de tres millones de niños fuera de la escuela, borrados de las estadísticas como demanda educativa porque trabajan por un salario por debajo del “mínimo”. El desempleo se ha incrementado como nunca había ocurrido en la historia reciente del país.

Datos conservadores indican que desde el 2009, 44.2 por ciento de la población viven en pobreza; que el 33.7 por ciento (30 millones) de mexicanos en pobreza “moderada” y 10.2 por ciento (11.2 millones) en pobreza extrema. Otros indicadores nos dicen que  50.6 millones de mexicanos no les alcanza para cubrir sus necesidades, con hambre, sin comer regularmente, con enfermedades y sin derecho a la salud y al trabajo tal como lo manda la Constitución. Todavía es más alarmante cuando nos acercamos a los números de la infancia: 25 por ciento de los niños y niñas viven en condiciones de pobreza alimentaria, sin posibilidades de convertirse en seres competitivos con los niños de los países del primer mundo, alojados en las escuelas más pobres del país, con maestros tan pobres como sus alumnos. ¿Cómo entonces se modela una política educativa al margen de estas consideraciones?

Pues bien; esa serían las condiciones materiales de esta clase obrera que saldrá a las calles como dijera el camarada Lenin “la clase obrera en si” está desesperada, en Guerrero, los profesores sindicalizados
del SNTE y agrupados en la CETEG responden con violencia quemando y destruyendo edificios partidarios, bloqueando la autopista para tratar de revertir las reformas federales en el campo de la educación y las condiciones laborales que serán más exigentes en el control del trabajo de los docentes mediante “criterios estandarizados”.

Hay cólera;  se desatan los odios y la violencia pero no hay una “clase para sí” que los organice y los dirija con responsabilidad. Desde la disolución del Partido Comunista para dar paso a la construcción del Partido de la Revolución Democrática; se abandonaron las tradiciones de elaboración de los problemas de la clase obrera y del sindicalismo, de organización de los trabajadores en sus sindicatos; el tema del sindicalismo dejó de ser una preocupación estratégica del nuevo organismo político para incursionar de lleno en los asuntos electorales; las luchas internas por la disputa descarnada del control del partido y sus cuantiosos recursos económicos anularon cualquier posibilidad de construir una fuerza “sindical” y “partidista” capaz de enfrentar los retos de las reformas laboral y educativa que se imponen.

Por lo que veo; la clase obrera y la clase trabajadora en general no forma parte de un “movimiento sindical organizado”; los 45 mil trabajadores despedidos de Luz y Fuerza del Centro enfrentaron a la empresa y al gobierno de manera aislada. El Sindicato Mexicano de Electricistas ha tenido que pelear en una resistencia desgastante y desigual contra el gobierno, los partidos políticos, el Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia con sus abogado y jueces, con sus ministros; con los medios de comunicación y los intelectuales patronales que contrasta con la escasa o nula solidaridad del conjunto de los sindicatos y los organismos políticos pretendidamente de “izquierda”.

Este primero de mayo la clase obrera sale a la calle sin organización, sin posibilidades de frenar cualquier exceso que grupos de jóvenes “lumpen -anarquistas” seguramente realizarán asumiendo las funciones de “la vanguardia del proletariado”. La violencia del primero de mayo tendrá visos de provocación como la que protagonizamos el 1 de diciembre por jóvenes encapuchados que sin ninguna responsabilidad buscarán su justificante en los desmanes de un grupo de maestros de Guerrero.
 
 
Los trabajadores organizados en los patrones del viejo sindicalismo corporativo de principios del siglo pasado tampoco tienen claridad de los cambios constitucionales de las últimas semanas. El partido que los contenía no se muestra solidario, ni con ellos ni con sus demandas y mucho menos con su derecho a organizarse como ocurrió durante los días del gobierno del General Lázaro Cárdenas del Rio. El PRI ya no es la organización política que los convocaba el 1º. De Mayo en la Plaza de la Constitución llenando la plaza de armas de alegorías a la unión estratégica de los obreros con el gobierno y su partido. Tampoco los trabajadores independientes se han apartado de los viejos modelos leninistas del sindicalismo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
Lo que realmente está en crisis son los modelos de organización gremial de los trabajadores que no encuentran su justificante en el siglo XXI y en un mundo radicalmente distinto al que les dio origen en otro tiempo; con otras condiciones en la integración de la fuerza laboral y del trabajo.
Hoy hace falta discutir un nuevo modelo de sindicalismo; que sin renunciar a sus tradiciones de lucha y organización, sea capaz de tratar de cambiar las condiciones de injusticia e inequidad para luchar por el cumplimiento y respeto irrestricto a los derechos humanos más elementales como los derechos al trabajo y a la salud; a la casa, al vestido y al sustento de la familia con dignidad y también, sin olvidar el derecho de los trabajadores a la libre sindicalización y a la huelga en un país con tradiciones democráticas. Eso, y no las cruzadas contra el hambre y su poder clientelar es lo que deben resolver los diputados y senadores del Congreso de la Unión y los líderes políticos del país (28-04-2013).
 
 
 

El paro o huelga indefinida de los maestros contra la reforma es legal, justo y con razón

Pedro Echeverría V.
 
1. La Coordinadora de maestros (CNTE) ha llamado a un paro indefinido. Los maestros de Michoacán declararon el paro indefinido el pasado 23 d abril; la sección 7 de Chiapas ha aprobado iniciar el paro indefinido el 1o de Mayo; la sección 14 de Guerrero continúa en el paro iniciado el día 26 de febrero, luego de sufrir múltiples traiciones del Congreso Local y del gobierno de Aguirre Rivero; la sección 22 de Oaxaca no ha cesado en sus movilización y es muy probable que se vaya al paro indefinido; en Durango pararán dos días labores los docentes de educación básica; en Sinaloa se anuncian actos de protesta; en Guadalajara se convocó a una movilización. El Objetivo es parar “las reformas estructurales en educación” que afectan la escuela pública y el derecho al trabajo de los docentes. La información anterior demuestra que el paro se ha iniciado y que es necesario extenderlo.
 
2. Diferente a Argentina, EEUU, España y algunos países europeos mas, donde llevan varias décadas de practicarlas, en México las huelgas generales o paros de trabajadores no han sido muy efectivos porque los sindicatos grandes (petroleros, electricistas, ferrocarrileros, mineros) históricamente han sido controlados por el gobierno y los empresarios. No sólo eso; la ley ha funcionado como una “espada de Damocles”. ¿Quiere decir que no se les ha dado la importancia necesaria o que se tiene confianza en que las huelgas surgirán de manera espontánea, sin prepararse? En España, por ejemplo, las huelgas generales, se han preparado con la convocatoria a otros sindicatos y se han iniciado con bloqueos de mercados, con piquetes de huelga para evitar la entrada de camiones con mercancías; muchas veces se ha paralizado el metro, los autobuses.
 
3. Sin embargo, hay que ser claros, los maestros no están hablando de una “huelga general de trabajadores”, sino de un “paro indefinido de maestros” a partir de las fuerzas reales con que cuenta la CNTE. ¿Está prohibido que los trabajadores de otras instituciones realicen para de solidaridad con los maestros? De ninguna manera, pero se debe estar consciente que en México es extremadamente difícil una huelga de solidaridad, a pesar de que es legalmente permitido. Sin embargo lo que sí se registra es que sindicatos solidarios voten en asamblea ayudas económicas al movimiento de huelga, publicación de desplegados de apoyo y acompañamiento en piquetes de huelga y en manifestaciones de masas. Los maestros anuncian un paro indefinido pero ellos saben que su huelga no puede prolongarse mucho por el desgaste que sufren por las calumnias de los medios de información.
 
4. Además los maestros, y eso lo saben muy bien, no pueden subsistir con una huelga pasiva, tal como sucede entre los líderes espurios. No son días de campo en los que se juegan cartas, se va a tejer o a ver o jugar futbol. Los maestros de la CNTE durante décadas han organizado diariamente decenas de brigadas de información que se dirigen a escuelas, universidades, fábricas y mercados para repartir volantes, hacer mítines y recoger ayuda económica. Saben que cuando una huelga se prolonga tiene posibilidades de desgastarse y morir. Por eso todas las huelgas deben prepararse muy bien encontrando todos los apoyos indispensables, buscando que desde los primeros días paralice la mayor cantidad de centros, que sea poderosa y fulminante. De lo contrario daríamos todo el tiempo a la burguesía para golpearnos donde más nos duele: los apoyos.
 
5. No se vale que en pleno movimiento –por errores e imprevistos- la clase dominante se aproveche de nuestras pifias para agrandarlas y desprestigiarnos. Por ese motivo el brigadeo de miles de maestros y apoyos es fundamental. Recuerdo que en 1968 en varias facultades de la UNAM teníamos trabajando los mimeógrafos días y noches. Cuando amanecía –antes que todos los funestos periódicos llegaran con su caudal de mentiras contra el movimiento- ya casi todas las casas de la ciudad de México tenían en volantes introducidos bajo las puertas por brigadistas nuestra versión del movimiento estudiantil. El 99 por ciento de la TV, radio y prensa en México sigue siendo tan reaccionario como antes y mueve gigantescas cantidades de dinero contra las luchas sociales; sin embargo nosotros –además de tener la razón de nuestro lado- tenemos a miles de maestros.
 
6. En México la burguesía “revolucionaria” que se hizo del poder en los años veinte del siglo pasado, fue la que se encargó de organizar a los trabajadores y de redactar las leyes que las “protegerían”. Así surgió en los treinta el llamado corporativismo, es decir, el control absoluta de los trabajadores y sus organizaciones. Además de otorgar un número determinado de diputaciones, senaduría y gubernatura a los líderes obreros más corruptos, los llenaba de dinero y negocios para que se enriquecieran. ¿Qué pudieron aprender esas organizaciones de obreros de movimientos de huelga o de solidaridad? En la historia de los movimientos de trabajadores en México no figuran grandes movimientos fuera del ferrocarrilero de 1958-59 y de los dos o tres años que le antecedieron y sucedieron. ¿Cómo México pudo desarrollar una experiencia con el corporativismo vigente?
 
7. Espero que ninguno de los gobernadores (ni el priísta enfermo de Michoacán, ni el perredista tonto de Guerrero, ni el Pan-Amloísta de Oaxaca, ni el joven-verde de Chiapas) cometa el error de echar más fuego a la lucha de los maestros por regionalizar la reforma educativa. Deberían –por el contrario- reconocer que las condiciones económicas y culturales de esos cuatro estados vecinos (predominantemente rurales e indígenas) son muy distintas a los de la Ciudad de México y de muchos estados del Norte del país. La educación nacional debe analizarse y discutirse con mayor detenimiento no sólo en el campo escolar sino también en cuanto a la educativo, cultural y económico. Los maestros llevan un siglo luchando por una educación al servicio del pueblo, es decir, del sector mayoritario de la población; pero la burguesía sólo piensa en sus intereses. (28/IV/13)
 
pedroe@cablered.net.mx

domingo, 21 de abril de 2013

Exigen otorgar rango constitucional a pensión y jubilación

Buscan garantizar que ese beneficio no sea afectado por alguna circunstancia adversa.
Carolina Gómez Mena    
 
 
México, DF. Jubilados y pensionados de diversas instancias exigieron al gobierno otorgar el reconocimiento con “rango constitucional a la pensión y jubilación” a fin de garantizar que este beneficio no sea afectado por alguna circunstancia económica adversa.
 
En conferencia de prensa Raúl Ángeles Reyes, presidente de la Organización de Jubilados y Pensionados zona Oriente, Vicencio Chávez, presidente de la Comisión de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, de la fundación Reforma Ideológica y Abel Borja coordinador del Movimiento de Jubilados del Issste también exhortaron al gobierno federal a volver a la rectoría del Estado el manejo de las cuentas de retiro y, por tanto, echar pie atrás al sistema de las Afore.
 
Repudiaron que las organizaciones de jubilados y pensionados hayan sido marginados de la Semana de Seguridad Social Mano con Mano que llevarán a cabo las Cámaras de Diputados y Senadores del 22 al 26 de abril.
 
Indicaron que ante esta situación las agrupaciones organizarán su propia semana de seguridad social, dentro de la cual el lunes 22 de abril, a las once horas realizarán un mitin a las afueras de San Lázaro; el jueves 25 llevarán acabo un foro de información, denuncia y propuestas en defensa de la seguridad social en instalaciones de la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal y el viernes a las once horas efectuarán una concentración mitin frente al Senado de la República.

martes, 16 de abril de 2013

Contrarreforma constitucional y privatización de la enseñanza

Luis Hernández Navarro
 
La reforma educativa privatiza la enseñanza, aseguran los maestros democráticos que la rechazan. No es cierto, aseguran los políticos, empresarios y periodistas que la impulsaron, aprobaron y defienden. ¿Quién tiene la razón?
 
Privatizar significa transferir una empresa, un bien o una actividad del sector público al sector privado. Privatizar implica ceder a particulares, por la vía de la venta, la transferencia, la subrogación o la asociación, áreas, responsabilidades y activos públicos.

Eso es lo que hace en el sector educativo la reforma constitucional recientemente aprobada. Y no porque venda a empresarios escuelas o mobiliarios. Como sucede en casi todo el mundo, la privatización de la enseñanza en México es un proceso que tiene muchas caras. Y la venta de bienes es sólo uno de esos rostros.

La reforma educativa privatiza la enseñanza porque abre las puertas para que se delegue en los padres de familia la responsabilidad del sostenimiento de las escuelas. Lo hace facilitando la penetración de la mano invisible del mercado a través de la promoción, dentro del espacio público, de la lógica, normas y concepción del mundo empresarial. Y lo favorece, también, al allanar el camino para la subrogación de servicios y el subsidio al sector privado.

Punto clave en la privatización es el otorgamiento de la autonomía de gestión de las escuelas.

Según los promotores de la nueva norma, ésta propiciará que los recursos públicos lleguen a los centros escolares y sean eficazmente utilizados, garantizando la gratuidad de la educación pública. No es así: la legislación deja paso franco para que, en nombre de esa autonomía, y con el pretexto de involucrar a los padres de familia en la gestión y el mantenimiento de las escuelas, se legalicen de facto las cuotas como si fueran colegiaturas, se permita la entrada a los centros escolares de empresas que proveen recursos y se convierta en letra muerta el precepto constitucional que garantiza la gratuidad de la educación pública. Lo que se facilita, en realidad, es que se cuelen a las aulas gestores privados que puedan comerciar con las necesidades escolares.

La autonomía de gestión escolar profundiza las desigualdades socioeconómicas y rezagos ya existentes en los centros escolares. Pone a cada escuela a rascarse con sus propias uñas. Oficializa y legitima la existencia de planteles educativos de primera, segunda y tercera categoría. Crea las condiciones para que programas compensatorios tales como becas, desayunos, desaparezcan, delegando su responsabilidad en entes privados, sean filantrópicos o asistenciales.

Según sus promotores, la reforma busca que, en el marco de esta autonomía, sea la escuela la que administre los rubros de infraestructura y compra de materiales educativos, resuelva problemas de operación básicas y propicie condiciones de participación. Sin embargo, como señala el profesor Luis Hernández Montalvo, el Reglamento Interior de Trabajo de las Escuelas Primarias de la República Mexicana, establecido en 4 de octubre de 1966, ya permite esto.
 
Con la reforma se crean las condiciones para avanzar en la introducción del modelo de escuelas chárter, financiadas con dinero público, pero administradas como instituciones privadas, que en Estados Unidos han resultado un fracaso.
 
Una cara más de la privatización es la creciente influencia de la lógica del libre mercado asociada con la rendición de cuentas basada en la realización de exámenes estandarizados, como principio fundamental de la gestión educativa. En su libro La muerte y la vida del gran sistema escolar estadunidense: cómo los exámenes y la elección están destruyendo la educación, Diane Ravitch lo explica: “Yo lo llamo el movimiento por la reforma empresarial –dice–, no porque todos quienes lo apoyan están interesados en obtener ganancias, sino porque sus ideas provienen de conceptos empresariales como competencia y objetivos, recompensas y castigos, y réditos sobre las inversiones. En contraste, los educadores hablan de currículum e instrucción, desarrollo infantil, pedagogía, condiciones de aprendizaje (como la cantidad de alumnos en cada salón), recursos, condiciones de vida de los estudiantes que afectan su salud y motivación, y relaciones con las familias y las comunidades”.
 
Uno de los rostros de la privatización es la subrogación y contratación de los servicios educativos, similar a la que el IMSS prohijó a través de lo que Gustavo Leal bautizó como guarderías patito. Mediante este mecanismo de asociación público-privada, se transfiere a agentes privados la realización de obras, estudios, evaluaciones, que son responsabilidad de los gobiernos federal o estatales. Los negocios hechos (y por hacerse) a su amparo son, como demuestran Enciclomedia y el Programa de Habilidades Digitales, multimillonarios.
 
Con frecuencia, esta subrogación de servicios se justifica con el pretexto de la vigilancia ciudadana en las tareas educativas. Los investigadores de la UPN Marcelino Guerra y Lucía Fierro documentaron el involucramiento y participación en asuntos de la enseñanza pública a escala nacional de entidades civiles como Transparencia Mexicana, Fundación IDEA, Fundación Empresarios por la Educación Básica, Fundación Televisa y Servicios Integrales de Evaluación y Medición Educativa SC.
 
Finalmente, otro de los semblantes de la privatización (quedan pendientes de explicar varios) es la tendencia creciente del gobierno federal a subsidiar al sector privado. Por ejemplo, el decreto presidencial de Felipe Calderón para deducir impuestos hasta ciertos montos en las cuotas para educación privada es una forma de transferir recursos a las escuelas privadas. La reforma recién aprobada no dice una sola palabra de este asunto.
 
Los maestros democráticos tienen razón cuando señalan que la contrarreforma educativa es un paso más en la privatización de la enseñanza. Al oponerse a ella están defendiendo la educación pública.
 

lunes, 15 de abril de 2013

Con los maestros

John M. Ackerman
 
Un nuevo movimiento social en favor de la humanidad y contra el neoliberalismo crece en el sur del país. El Movimiento Popular Guerrerense se levanta como una ola de esperanza ante la enorme sed de justicia de la sociedad mexicana. Sus justas demandas universales tendrían que empujar a movimientos paralelos, como el Movimiento por la Paz, #YoSoy132 y Morena, a mostrar la humildad y generosidad necesarias para sumar en lugar de restar, para apoyar en lugar de competir.
 
La mejor muestra de que la lucha de los maestros de Guerrero no está motivada por intereses particulares, sino por grandes ideales, es la naturaleza de sus demandas. En México, los maestros de educación básica no ganan salarios dignos, equivalentes a la enorme importancia de su labor social. Sus siete u ocho mil pesos mensuales no alcanzan para mantener a sus familias e invertir el tiempo necesario para impartir clases como desearían, y no en salones con graves problemas de mantenimiento y con grupos sobrepoblados que muchas veces rebasan los 30 niños. Pero en lugar de exigir el sueldo que merecen, los maestros han decidido poner sus necesidades personales a un lado y luchar por mejorar la calidad de la educación pública.

La principal demanda de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) es establecer en la ley el 6 por ciento del producto interno bruto (PIB) del Estado para la construcción, mantenimiento, equipamiento, mobiliario, material didáctico, servicios básicos y demás necesidades del servicio educativo. El listado no menciona salarios ni prestaciones laborales, sino que se refiere exclusivamente al mejoramiento de las condiciones educativas.

Esta solicitud es perfectamente razonable y se encuentra dentro de los márgenes internacionales en la materia. Todo México debería unirse a esta justa demanda para que se incluya no solamente en la legislación guerrerense, sino también en la nueva Ley General de Educación (LGE) a escala federal.

De acuerdo con la OCDE, México sólo invierte 5.3 por ciento de su PIB en la educación pública, y a educación primaria y secundaria sólo destina 3.3 por ciento. De acuerdo con fuentes oficiales, muchos otros países, incluyendo Ghana, Bolivia, Noruega, Suecia y Jamaica, dedican un porcentaje mucho mayor. Botsuana emplea 7.8 por ciento de su PIB en la educación pública, Dinamarca 8.7 y Cuba 12.9 por ciento.

La LGE ya incluye desde 2002 en su artículo 25 la obligación de que el Estado dedique por lo menos 8 por ciento del PIB al gasto en educación pública y en los servicios educativos. Sin embargo, esta disposición incluye los salarios de los maestros y se encuentra tramposamente condicionada a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables. Además, la ley no garantiza porcentajes específicos para entidades federativas en particular. El resultado es que año con año se incumple la norma y estados como Guerrero caen aún más en el abandono.
 
Otra demanda clave de la Ceteg es incluir en la ley estatal la obligación de incrementar el número de plazas de base que se asignarán a los egresados de las normales públicas. Resulta evidente que las personas idóneas para educar a nuestros niños son precisamente aquellas que culminen exitosamente la carrera de maestro normalista, una formación orientada a los temas especializados en la materia.
 
Los jóvenes que generosamente opten por dedicar sus vidas a la educación primaria merecen una oportunidad para servir a sus comunidades en lugar de ser obligados a arriesgar sus vidas cruzando la frontera en busca de trabajo. México necesita a sus normalistas educando y formando niños en su país, no lavando platos o cuidando los jardines de los estadunidenses más privilegiados.
 
México debe expandir, no reducir, este tipo de oportunidades laborales que simultáneamente facilitan la movilidad social y fortalecen el desarrollo económico. Una política como la que exige la Ceteg constituye, además, la mejor protección contra la expansión de la delincuencia y el narcotráfico en las comunidades más humildes del país. Un maestro es mucho más útil que un soldado para fomentar el desarrollo social.
 
Todos los jóvenes del país tendrían que tener garantizado su derecho a un empleo digno en su materia de especialización. La coyuntura actual podría ser una oportunidad de oro para rearticular #YoSoy132 en función de esta demanda universal. No hace falta recurrir a autores extranjeros o a utopías exageradas para fundamentar esta exigencia, sino solamente exigir el cumplimiento de nuestra revolucionaria Constitución, tan despreciada por los neoliberales, que sin rodeos señala en su artículo 123 que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.
 
Finalmente, resulta una vil mentira que los maestros rechacen la evaluación. Como cualquier profesionista, lo único que piden es que no haya despidos arbitrarios, algo que es por lo demás un derecho constitucional, y proponen una evaluación democrática, procesual, permanente, formativa, sistemática e integral. Los periodistas, políticos y empresarios que hoy, de forma clasista y racista, linchan mediáticamente a los maestros muy difícilmente aprobarían un riguroso proceso de evaluación de esta naturaleza en sus materias respectivas.
 
En lugar de dividir falsamente a los maestros entre los buenos, que dócilmente aceptan la imposición de la depredadora lógica neoliberal, y los malos, que exigen participar en el mejoramiento de sus escuelas, es necesario defender a los maestros y acompañarlos en la articulación nacional de sus justas demandas en favor del cumplimiento de la Constitución y las leyes del país.
 
Twitter: @JohnMAckerman

La contrarreforma educativa, la ley y el orden

Carlos Fazio
 
Todos los sistemas proclaman representar la voluntad del pueblo, del soberano. Pero hay dictaduras semánticas, gobiernos autoritarios y no-democracias que llegan al poder mediante la violencia, la manipulación mediática y/o el fraude, y esgrimen una retórica avasalladora con eje en la Constitución y el estado de derecho.
 
Es común que en las fases de crisis hegemónica, de inestabilidad estructural e institucional, la clase dominante siempre recurra al orden para garantizar el mantenimiento de las condiciones de reproducción del modo de producción capitalista. Algunas veces, los amos del poder apelan a gobiernos castrenses bajo cualquiera de sus formas históricas: bonapartismo, dictadura militar, fascismo. Otras, la oligarquía asume directamente el poder; pone al mando a uno de los suyos. Algunas más, como ha venido ocurriendo bajo los gobiernos subordinados al Consenso de Washington neoliberal, fabrica administradores para que defiendan sus intereses. Verbigracia, los cuatro últimos mandatarios mexicanos.

En todas las épocas y en todas las latitudes, la reacción ha apostado siempre al analfabetismo, a la ignorancia, a las tinieblas. La actual administración priísta no es la excepción. Está convencida de que cuanto menor sea el nivel cultural de las clases populares, menos incentivos hallarán éstas para las luchas reivindicativas, para la rebeldía y la protesta.

En la actual coyuntura, lo que ocurre en Guerrero con las marchas multitudinarias de los maestros −y también en Oaxaca, Chiapas, Morelos y el DF− viene a demostrar que una contrarreforma educativa exógena (ya que responde a directivas económicas de la OCDE), impuesta de manera no democrática por un acuerdo cupular carente de representación y sin discusión parlamentaria, y vendida mediáticamente como la panacea para mejorar la calidad de la enseñanza −pero que rompe con la filosofía humanista e igualitaria del artículo tercero constitucional−, está destinada a generar desobediencia civil y resistencias en defensa de la educación pública. Máxime, cuando se trata de una contrarreforma laboral aplicada al sector educativo, ya que está dirigida a cambiar de manera drástica e inconsulta las condiciones de trabajo de los maestros.

Ante tal situación, la disyuntiva del régimen es negociar o reprimir. El je­fe del Ejecutivo, Enrique Peña, ha dicho que su iniciativa no se negocia; que asume los costos del uso de la fuerza contra el magisterio disidente y que en su contrarreforma educativa no hay marcha atrás. Su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, advirtió a quienes calificó de minoría de detractores que todo tiene un límite. Ergo, amenazó con el uso de la violencia punitiva estatal. En otro asomo de autoritarismo, el comisionado de Seguridad Pública, Manuel Mondragón, dijo que no iba a tolerar más bloqueos en la Autopista del Sol. Y el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, insistió en que se de­be sancionar económicamente a los mentores que realicen protestas callejeras, paros de labores y otras formas de inconformidad. Por su parte, dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) señalaron que el gobierno intenta administrar el conflicto y que los actos de represión no detendrán las movilizaciones.
 
El conflicto está entrampado. Otra batalla asimétrica se libra en los medios de difusión masiva bajo control corporativo privado. Maniqueo el discurso, mediante campañas de intoxicación propagandística, los comunicadores de algunos multimedia se han puesto a defender los intereses de sus propietarios y de la plutocracia; del poder real, pues. Incapaces para el análisis, histéricos, inquisidores, y despreciando los más limpios valores y principios deontológicos del periodismo, actúan como policías del pensamiento. Como repetidores de la verdad oficial, invocan la razón de Estado, y mientras calumnian, estigmatizan y animalizan a los maestros exigen mano dura; la aplicación del garrote y cárcel para los vándalos, revoltosos y vociferantes. En sus noticiarios repiten ad náuseam −diría Carlos Monsiváis− imágenes verbalizadas y editorializadas (como los enfrentamientos en la Autopista del Sol entre los federales de Mondragón y miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero), con la intención encubierta de generar un clima de linchamiento y asfixia progresiva contra los educadores, a quienes señalan como culpables de la catástrofe educativa nacional. Buscan convertir un problema social en asunto penal.
 
En la era de la cultura global y la tiranía de la comunicación, la estandarización y la repetición de la mentira que se hace verdad −fórmula consustancial a todo Estado autoritario− busca que el receptor interiorice de manera subconsciente el glosario del poder. En general, el telespectador no se da cuenta y acepta de manera pasiva las categorías del régimen. Como dice Noam Chomsky, la propaganda, a través de la manipulación del lenguaje, desarma a la gente y la inhibe en su capacidad de ejercer la crítica. Así, nada parece importante, y eso desarrolla el conformismo y la indiferencia y estimula el escepticismo. La dictadura de la televisión no deja que nadie se forme una opinión propia; para que todos asuman como opinión propia y reproduzcan con convicción el producto doctrinario de los media, que se convierte así en la opinión pública homosintonizada, única y omniexcluyente. Se trata de evitar que se reflexione sobre lo esencial a partir de la información.
 
Como en otros pasajes de la historia mexicana reciente, la resistencia magisterial a la contrarreforma educativa de Peña y la OCDE exhibe la verdadera cara de los medios masivos y sus asalariados. El rostro de la indignidad intelectual, el del odio a la inteligencia, a la información, al libre examen, a la educación y la cultura populares. Y es un reflejo del verdadero rostro del sistema de dominación clasista.
 

domingo, 14 de abril de 2013

Quiénes son


Luis Hernández Montalvo

“En cambio nadie recordaba a los miles de campesinos muertos, los agraristas, los profesores rurales, los soldados de leva”. José Emilio Pacheco.

¿Quiénes son estos fieros hombres de ropas sencillas, decoloradas por el uso y sin marca? Las televisoras los recorren con movimientos de cámara para descubrir unos rostros morenos y unos pies agrietados  casi descalzos o con guaraches. Portan en las manos unos garrotes que levantan de manera agresiva contra las fuerzas del orden en su intento por desalojarlos de la autopista del Sol en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.

El calor de los primeros días de la primavera hace irrespirable el ambiente contaminado por el estallido de bombas molotov y el humo de gas lacrimógeno.

Esos garrotes que ahora les sirven de armas, son las herramientas que les ayudan a subir las pendientes de las montañas para llegar a trabajar a sus escuelas en la región de Tlapa, Guerrero; son también armas para defenderse de las alimañas y animales de montaña y son herramientas de trabajo (coa) en el cultivo de maíz en los tlacololes.

Las instituciones del Estado no encuentran una explicación razonable a un fenómeno que ya rebaza en mucho el ámbito laboral y escolar para convertirse en un movimiento social sin precedentes en la historia reciente del México del siglo XXI; están verdaderamente preocupados y contrariados sus líderes en el Congreso de la Unión.

En la refriega han descubierto a jefes policiacos armados y vestidos de civiles, los han desarmado y los han entregado a los medios de comunicación. La torpeza de los gobiernos de la federación y local se expresa en el intento por infiltrarlos para presentarlos como delincuentes que destruyen la biblioteca del Congreso Local y en la boca de algunos diputados que los han calificado de terroristas.

Estos hombres y mujeres viven pacíficamente en sus chozas. Son indígenas bilingües y los distingue su condición de maestros de
escuela  –son tlacololeros- viven y comparten la pobreza con sus paisanos pero su condición de maestros les permite cobrar un salario miserable pero seguro.

Ahora estos maestros; los más pobres entre los pobres están indignados porque el actual Secretario de Educación Pública llegó al puesto amenazando el espacio de su trabajo por el cual, han conocido un poco de dignidad. Estos hombres y mujeres tienen orgullo por su trabajo el cual les liga a sentimientos de humillación, en donde cada sexenio, los políticos en campaña los visitan parta prometerles programas asistenciales que pretenden acabar con el hambre y la muerte por falta de higiene, servicios médicos y de seguridad social.

Ahí aparecen de manera solidaria los grupos armados como las policías comunitarias para caminar con sus hermanos de raza los maestros de escuela y falta la incorporación en masa de los pueblos de la montaña y los negros de la costa que trabajan en escuelas insalubres y sin higiene, al aire libre bajo las inclemencias de la naturaleza.

  Los hombres y mujeres de la clase política no soportan que unos desarrapados que apenas hablan algunas palabras en español los cuestionen en sus decisiones y en el trabajo impecable de los intelectuales y académicos con grados y títulos en universidades extranjeras.

Los maestros se sienten ofendidos porque en los discursos de los funcionarios de la administración educativa se amenaza con sancionar a los maestros. Hay coraje y rabia pues ven peligrar su estabilidad laboral.

Dicen los funcionarios y gobernantes que el problema del estado de Guerrero, Oaxaca y Michoacán son problemas aislados, pero en las escuelas de todo el país aún están las lonas con las leyendas que comprometen a los maestros a defender a la escuela pública y tras las rejas, Elba Esther Gordillo se encuentra purgando cárcel por la misma razón.

Este movimiento magisterial ya provocó que los Congresos locales y sus gobernadores estén trabajando en la elaboración de las primeras iniciativas de Ley General de Educación, que los maestros no demanden un salario o incremento de salario, estos maestros van construyendo un objetivo sobre el camino de la lucha y antes de condenarlos desde cualquier ángulo de la realidad, debiéramos preguntarles por sus sueños y sus temores y las instituciones del Estado, debieran mantener canales de diálogo y comunicación con los directamente responsables de bajar las políticas públicas a las aulas, para hacerlas realidad, para incorporarlos como aliados críticos y comprometerlos a mejorar el espacio escolar en sus escuelas.

Sea cual sea el desenlace, el movimiento magisterial de Guerrero y Oaxaca ya se adelantó a los tiempos burocráticos del Estado para proponer y discutir la nueva ley reglamentaria de las reformas a los artículos 3º. Y 73º de la Constitución Política.

En contraste los escenarios integrados por los rostros serios de los líderes de los partidos políticos opositores. Los inquietos y preocupados gobernadores que en público ofrecen su apoyo al Presidente de la República pero en corto le comunican sus preocupaciones. Ahí están los retratos del Secretario de Educación Pública con su regordete rostro amenazante intentando entender su n
ueva responsabilidad de educador de la nación.

La patria en toda su amplitud se debate en una guerra que la desangra, que crea nuevos odios y rencores. La muerte asecha nuestra seguridad, la degradación se impone con la complicidad de los políticos. La  impunidad hace de la corrupción el principal peligro para México.

Una nación como la nuestra que amenaza a sus maestros y que no le muestra su respeto, es una nación que está condenada a la decadencia. Los maestros de Guerrero, sienten la misma angustia que el resto de sus compañeros en el país, pero a diferencia de los otros, estos luchan por la seguridad de su trabajo.

Celebro el orgullo de los maestros por su trabajo que les ha dado todo: dignidad, pues los ha levantado del polvo del suelo para luchar por una nación donde querer hacer escuchar su voz, no sea un delito y no sean etiquetados de terroristas en un país democrático que garantiza todas las libertades, incluyendo, el derecho a vivir mejor y a opinar sobre su materia de trabajo.

Estos maestros se organizaron primero para defenderse de las bandas criminales y ahora se deben defender de las instituciones del Estado. En el imaginario de los maestros de la “Montaña Roja” se guardan los recuerdos de Lucio y Genaro; pero también en el ejemplo del líder magisterial Othón Salazar Ramírez. ¿En qué país vivimos? (15-04-2013)

 


 

viernes, 12 de abril de 2013

El sistema de calificaciones contribuye al fracaso educativo

Isaías Lara Klahr*
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Mientras algunos factores relacionados con el fracaso educativo mexicano son claramente visibles, como la pobreza, la corrupción, la pasividad impuesta al alumno o el bullying, existe un factor que pasa inadvertido, pero es en realidad un terrible instrumento de segregación social: el aparentemente lógico e inocuo sistema de calificaciones –del 0 al 10– utilizado para evaluar a los alumnos.
 
La evaluación tiene muchas finalidades: diagnóstico, avance y rendimiento final; admisión a los distintos niveles educativos y certificación. Enjuicia todas las conductas académicas: apuntes, participación, trabajos, exposiciones y exámenes. Para ser omnipotente, un sistema de calificaciones debería incorporar los mayores avances teóricos y metodológicos, pero con el nuestro sucede todo lo contrario.
 
Al traducir el libro Elaboración de tests, de Adkins, el doctor Díaz-Guerrero encontró enormes dificultades para hacer equivaler el sistema de puntajes de Estados Unidos, que va de la A a la F, con el sistema de México, que va del 0 al 10. Dice que, sin ningún fundamento estadístico, en nuestro sistema se requiere un 7 de calificación para obtener una valoración de regular o mediana, por desgracia de forma total e increíblemente asimétrica (Adkins, op, cit, pág. 88). Apunta que ni siquiera nos hemos interesado en encontrar quién fue el iniciador de semejante forma de calificación. Luego explica que a fin de darle visos de racionalidad matemática a esta manera de calificar utilizó exclusivamente los números 5 a 10, para de esa manera producir simetría y poder dejar el promedio en 7. Todo lo que se sabe acerca de exámenes objetivos, nos dice Díaz-Guerrero, y acerca de la estadística racionalmente aplicada a las calificaciones, indica que el sistema de Estados Unidos es el correcto. Para comprender las aberraciones de nuestro sistema hay que partir de que al aplicar a grupos pruebas bien diseñadas, generalmente se obtiene de las calificaciones una distribución de frecuencias cuya gráfica es conocida como la curva normal teórica.
 
Según dicha curva, la mayoría (68 por ciento) obtiene una calificación alrededor del valor central o calificación promedio. En el sistema estadunidense la calificación media C es la más obtenida por los alumnos, siendo el promedio, y como es aprobatoria, 73.5 por ciento aprueba (porcentaje de alumnos que se acumula de C para arriba) y sólo 26.5 por ciento reprueba. En contraste, en el sistema mexicano, con una escala 0 al 10, la calificación más obtenida es también la que ocupa la posición central –en este caso 5–, siendo el promedio. Como 5, e incluso 5.9, es reprobatorio, la tendencia a la reprobación en México es de 62.5 por ciento. Esta es la salvajada autodestructiva: nuestro sistema tiende a reprobar a la mayoría.
 
No nos engañemos pensando que el sistema de letras, adoptado por el ex secretario Córdova Villalobos en la nueva cartilla de la educación básica y por todo tipo de escuelas, ha resuelto el problema. Es un cambio simulado, pues el verdadero problema no está en si son letras o números, está en considerar como reprobatoria la calificación promedio, inevitablemente obtenible por la mayoría. Con toda seguridad los profesores no entienden por qué la mayoría de los alumnos reprueba y, al ver que los métodos objetivos no funcionan, recurren a métodos de valoración subjetivos. Como nuestro sistema infravalora los conocimientos que los alumnos adquieren con esfuerzo, los daña motivacionalmente. Los profesores también resultan dañados al reprobar a la mayoría de sus alumnos, y cuando ellos mismos son evaluados sufren la misma suerte. Más que de calificación, este es un sistema de descalificación que contribuye al fracaso educativo, manifestado como deserción y bajo rendimiento en estándares internacionales, con el consecuente daño social y desperdicio del presupuesto.
 
Un cambio de sistema no implica bajar el nivel de exigencia, sino usar la evaluación para reprogramar la enseñanza y no para operar la exclusión. Varios países tienen sistemas en que calificaciones promedio (50 por ciento de aciertos) son interpretadas como aprobatorias, como Inglaterra, España, Chile, Paraguay, Francia, Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Finlandia, Irlanda, Japón, Noruega, Polonia, Rusia, Sudáfrica, Suecia, etcétera, así como el bachillerato internacional. Varios incluso aprueban con una calificación menor. En conclusión: urge que en la elaboración de leyes secundarias de los artículos 3 y 73 de la Constitución se estudie a fondo el papel del actual sistema de calificaciones.
 
* Sicólogo
 
Twitter: @IsaiasLara

jueves, 11 de abril de 2013

Malestar social en las escuelas


Luis Hernández Montalvo

Los acontecimientos de las últimas semanas ponen de relieve una crisis profunda en la educación pública en México; que se traduce en un malestar creciente de amplios sectores de profesores de educación básica y hace evidente el agotamiento de los viejos y caducos mecanismos de legitimación de las políticas públicas en asuntos que tienen que ver con la educación y la escuela como espacio de socialización de niños y jóvenes.

El Pacto “Por México” ha evidenciado que no bastan los acuerdos cupulares entre el gobierno y los presidentes de los tres partidos políticos mayoritarios para darle legitimidad a las políticas públicas implementadas en el campo de la educación en donde los profesores reclaman su derecho –y perdonen por la herejía-  un derecho elemental a opinar sobre su materia de trabajo en un país en donde los miembros de la sociedad tienen el sentido de la democracia más o menos claro y por lo tanto, el gobierno democrático en esta sociedad debiera garantizarlo a plenitud y sin cortapisas. ¿Por qué entonces se amenaza con desplantes retóricos de intolerancia?

Hasta ahora, las declaraciones del señor Secretario de Educación Pública; el señor Emilio Chuayffet y las de los señores legisladores no solo no son coincidentes sino contradictorias en asuntos que tienen que ver con debates añejos como las facultades de los tres niveles de gobierno en materia educativa; sobre las competencias de la federación y la de los gobiernos locales en lo que se refiere a la regionalización de los contenidos escolares.

Esta política pretendidamente uniforme debió haber desaparecido en 1993 con la creación de la Ley General de Educación; que pretendía establecer con claridad los tres niveles de competencia entre la federación y los gobiernos locales, la de los gobernadores y la de los presidentes municipales. Pues bien; conservo una edición de dicho ordenamiento legal, pero de entonces a la fecha, han ocurrido varias reformas que no sé en qué medida, dicha Ley sigue siendo vigente. Desconozco también si durante este tiempo, se editaron de manera masiva las nuevas versiones de la Ley conforme se fue modificando y reformando.

Luego vino la discusión y la simulación de debate parlamentario en los congresos locales en la aprobación de las leyes estatales de educación. Como resultado, tenemos la transcripción literal de la Ley General de Educación en cada una de las leyes estatales de los estados de la República sin que estas nuevas leyes den cuenta de las treinta y dos realidades distintas que ya existían y que se fueron construyendo a lo largo del siglo XX; pero que también abrieron las puertas para crear otras y recrear nuevos modelos de “reingeniería administrativa” e implementación de programas y contenidos de origen regional; más como producto de la presión de grupos de interés político-religioso que del magisterio o de las necesidades propias de los sistemas educativos estatales. Pongo de ejemplo al estado de Puebla. Es a partir de 1993 cuando se crea el primer Programa Educativo Poblano 1993-1999; construyéndose un sistema
administrativo paralelo al formulado en la Ley General de Educación con la creación de las Coordinaciones Regionales de Desarrollo Educativo; figura administrativa que no se contempla, ni siquiera en los Consejos de Participación Social; por cierto, esta figura administrativa es letra muerta en las escuelas.

 En cuanto al intento por imponer contenidos pretendidamente regionales; no le ha sido fácil a las administraciones de entonces a la fecha, diluyéndose en escándalos mediáticos y una oposición muy débil, pero decidida de los maestros. Ejemplo de ello, está el fichero de apoyo metodológico para primaria “Crecimiento y Plenitud Humana” del Ayuntamiento de Puebla 1996-1999. ¿Qué quedó de este programa para “educar en valores”? ¿Existen criterios para formular programas de contenidos regionales en las entidades federativas? ¿Y la formulación de los “niveles de conciencia” del teólogo Lonergan en los programas del bachillerato?

 ¿Por qué entonces los cultísimos diputados y senadores de la República se escandalizan de que los Congresos locales de Oaxaca y Guerrero propongan con sus gobernadores y maestros las primeras iniciativas de Ley Reglamentaria del recientemente reformado Artículo 3º. Constitucional?¿No debe ser en el hogar y en la escuela con sus maestros a la cabeza donde se provoquen las primeras acciones y sentimientos democráticos?¿No es más constructivo el sentimiento de los gobernadores de Oaxaca y Guerrero que las fieras miradas de los desgastados comentaristas de las televisoras que claman por la represión policiaca contra los maestros que se sienten amenazados en su empleo?

¿Port qué las televisoras y editorialistas de los medios de comunicación en lugar de condenar permanentemente y  por sistema a los maestros, les abren sus micrófonos y las pantallas de sus televisoras a estos hombres y mujeres que tienen el derecho a defenderse en un país democrático?

¿Por qué en un país democrático, los educadores deben tomar por asalto los micrófonos de las estaciones de radio para hacer escuchar su voz?

Dicen
algunos académicos con cierta timidez y desconfianza que la reforma educativa del actual sexenio se funda en la atención de la escuela, que la escuela cobra especial “centralidad en el debate académico”; pero, las acciones imponen el miedo y un nuevo y peligroso silencio entre los educadores. ¿Cómo entender el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo y su sustitución en la obscuridad de las traiciones?

¿En dónde está el programa del SNTE: “En defensa de la Escuela Pública” y sus movilizaciones de fin de semana?¿Dónde quedó la moralidad de los dirigentes sindicales del SNTE?¿A quién representan y qué representan en esta sociedad democrática?¿Y los educadores mexicanos se dejarán doblegar por el miedo y el silencio cómplice?¿Todos somos cínicos? 

Dicen los soberbios líderes políticos que esta es la reforma que resolverá los grandes problemas acumulados durante un siglo de vicios y políticas educativas sexenales inconclusas e incumplidas, que es la reforma “de gran calado” que requiere la República y la escuela para modernizar al país y por eso, desde su escritorio de poder, no aceptan los cuestionamientos de los desarrapados profesores de educación básica;  por eso y por otras razones; el señor Secretario de Educación Pública, con el poder que le da el dinero público de los contribuyentes pagó los servicios de un grupo de asesores para que le entregara una relación de los 450 mejores maestros de México a los que les envió una carta para invitarlos a opinar; dice que ya le contestaron 250.

Y cuándo estas burocracias administrativa y pedagógica de recambio sexenal abandonen su escritorio de privilegios sin medida; ¿A quién le reclamaremos la ineficacia de sus discursos autoritarios y amenazantes? ¿A quién haremos responsable de tanta destrucción de la educación pública y de la planta docente construida por generaciones de educadores por casi dos siglos?

Antes de seis años, cuando esta “Reforma de gran calado” intente iniciar sus primeros programas, estaremos ante los preparativos de una nueva campaña electoral en la que el tema de la educación pública se convertirá en un producto retórico de recambio sexenal y para entonces, si el señor Emilio Chuayffet logra sobrevivir al sexenio, es probable que ya sea candidato a Diputado o a Senador de la República. ¿Y la Educación Pública? ¿Y la centralidad de la Escuela Pública? (07-05-2013)

 
 
 
 
 
 
 

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