martes, 18 de septiembre de 2012

Ex director del ISSSTE, acusado de fraude por 300 millones de pesos.

Jesús Villalobos López pagó servicios a una empresa por trabajos que no se realizaron
El órgano de control descubre un cúmulo de irregularidades del actual titular de Pronósticos
Ángeles Cruz Martínez
Periódico La Jornada
Martes 18 de septiembre de 2012, p. 3
Jesús Villalobos López, ex director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), ocasionó un daño patrimonial al organismo por 300 millones de pesos. Con tal monto, erogado en tres exhibiciones, pagó los servicios de la empresa Ingeniería Costos y Servicios SA de CV por trabajos que no se realizaron.
La investigación del órgano interno de control (OIC), en el expediente PAR- 729/2012, acredita un cúmulo de irregularidades y conductas consideradas graves –por el daño patrimonial– cometidas por Villalobos López y dos funcionarios más, con conocimiento de causa y con intención evidente por encubrirlas.
El ilícito investigado ocurrió en 2009, cuando Villalobos López aún fungía como director de Finanzas del instituto. En esa fecha el director era Miguel Ángel Yunes, quien en febrero del año siguiente dejó la institución para participar en la elección para gobernador de Veracruz.
Relevo de Yunes
Yunes fue sustituido por Villalobos López, quien ahora se desempeña como director de Pronósticos Deportivos. Durante el tiempo que estuvo al frente del instituto fue acusado por la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (Fedessp) –organismo creado por el SNTE– del mal uso de 8 mil millones de pesos.
Durante la gestión de Villalobos el desabasto de medicamentos hizo crisis y ocasionó que sólo en 2011 el organismo erogara 2 mil 600 millones de pesos adicionales a su presupuesto original, para cubrir los faltantes en compras por unidad.
El funcionario compareció la semana pasada ante el OIC como parte del proceso instruido en su contra. Villalobos contó con cinco días hábiles para presentar sus pruebas de descargo, los cuales vencieron ayer lunes.
En mayo de 2009, el Issste convocó la licitación pública nacional 00637173-005-09 para contratar un servicio que permitiera conocer las cifras reales de los bienes muebles e inmuebles de los centros de trabajo en las unidades centrales y desconcentradas del instituto a nivel nacional, así como en los órganos internos de control, comisión de vigilancia y junta directiva.
El concurso se realizó bajo la modalidad de tiempos recortados, es decir, con rapidez, a fin de que la empresa que resultara ganadora pudiera concluir el trabajo ese mismo año, entre junio y noviembre, según justificó María del Rosario de León García, entonces subdirectora de Finanzas del Issste. Actualmente esta persona sigue como colaboradora de Villalobos López en la Subdirección General de Ventas de Pronósticos Deportivos.
La licitación concluyó con la adjudicación del contrato LPN-CS-DA-SRMS-070/2009 a favor de Ingeniería Costos y Servicios SA de CV y Organización Levín de México SA de CV. Ambas empresas son especialistas en la valuación de bienes, ingeniería de costos para determinar el valor de negocios u organizaciones, así como en el diseño y desarrollo de inventarios, de acuerdo con información obtenida en sus páginas de Internet.
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Al dejar el Issste, Jesús Villalobos López pasó a ocupar la dirección de Pronósticos DeportivosFoto Notimex /Archivo
De la indagatoria realizada por el área de auditoría para desarrollo y mejora de la gestión pública del OIC, y avalada por el titular del área de responsabilidades, Marcos Olvera Anastacio, resultó que no existe evidencia en el sistema informático del Issste de que se haya realizado el inventario. Incluso, se encontró que el Sistema Integral de Control de Tráfico de Activos Fijos e Inventarios (Sictafi-web) no se ocupó para los fines del contrato, a pesar de que estaba estipulado.
Con motivo de la investigación el instituto presentó al OIC alrededor de 10 mil documentos que se pretendía pasaran por actas de inicio y cierre del levantamiento del inventario, como señalaba el contrato. Sin embargo, dichos documentos contienen irregularidades como la firma de un mismo empleado de la empresa en mil 701 oficios; otros mil 791 tenían fechas de inicio y término diferentes a las de la realización del trabajo.
En otros mil 780 los trabajadores firmantes de las actas no laboran en los centros donde supuestamente se recabó la información de los bienes. Además, el contrato obligaba al proveedor a entregar un respaldo fotográfico de al menos cinco por ciento de los bienes en cada centro de trabajo. Ingeniería Costos y Servicios entregó fotos en más de 13 mil hojas, pero con anomalías como que 148 bienes aparecen en 4 mil 638 imágenes, pretendiendo hacer creer que se trataba de bienes distintos en diferentes centros de trabajo.
A María del Rosario de León García le correspondía verificar que el trabajo de inventario se llevara a cabo conforme lo estipulaba el contrato, pero no lo hizo. En cambio recibió –a entera satisfacción– documentos con información que no correspondían con la realidad, y en tres ocasiones solicitó al coordinador administrativo, Raymundo Valle Aguirre, que se realizaran los trámites para la liberación de los pagos a la empresa Ingeniería Costos y Servicios.
Nadie hizo su trabajo
Valle Aguirre también tenía la obligación de corroborar que el prestador del servicio entregara la documentación completa y requisitada a fin de amparar al ciento por ciento el trabajo.
Villalobos, a su vez, como director de Finanzas tenía la obligación legal de controlar el ejercicio del gasto. No lo hizo y tampoco existe evidencia de que haya realizado alguna actividad de supervisión de sus subordinados ni de la empresa privada.
Con base en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el OIC del Issste determinó que las faltas cometidas por Villalobos López son graves, por el monto del daño patrimonial causado al instituto (300 millones de pesos).
Por ello, el funcionario podría ser sancionado con la inhabilitación de 10 a 20 años para ocupar algún cargo público, además de la multa económica. El OIC del instituto tiene un plazo de 45 días hábiles para emitir su resolución final sobre el caso.

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