sábado, 21 de julio de 2012

Llega la inconformidad al TEPJF

Alonso Urrutia
Periódico La Jornada
 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) recibió ayer por la tarde todo el expediente relacionado con el juicio de inconformidad promovido por el Movimiento Progresista contra la elección presidencial. En el expediente remitido por el Instituto Federal Electoral (IFE) se incluye el escrito de tercero interesado que el PRI le remitió el pasado lunes y el informe circunstanciado del instituto.
Son 2 mil 500 cuartillas relacionadas con las elecciones presidenciales que deberán ser analizadas, en primera instancia, por la comisión encargada de elaborar el cómputo final y, en su caso, la declaración de validez de esos comicios y la declaratoria de presidente electo, según confirmó el presidente del TEPJF, Alejandro Luna Ramos. Ya tenemos una estrategia fincada con un grupo de magistrados (Constancio Carrasco, Flavio Galván y Salvador Nava), dijo.
Nunca he anticipado juicios
En entrevista, Luna Ramos habló de la solicitud de recusación en su contra promovida por el Movimiento Progresista, por haber sostenido que nadie ganará en tribunales lo que no ganó en las urnas. Precisó que, de formalizarse, serían sus seis colegas quienes revisarían esta solicitud, pero apuntó que esa frase ya había sido pronunciada en su informe de labores, antes de que se iniciaran las elecciones.
Yo nunca he anticipado ningún juicio, pero sí creo que uno de los tesoros más grandes de la democracia es cuidar el voto, agregó.
Alrededor de las 17:30 horas llegó toda la documentación al TEPJF. Luna Ramos dijo que el número de juicios de inconformidad es muy similar al de hace seis años.
Sobre las movilizaciones sociales en contra de que se valide la elección presidencial, el magistrado respondió: Después de 40 años de ser juez, ¿usted cree que hay alguna presión que me pueda influir? Tengo una experiencia bastante connotada y reconocida. Definitivamente a mí las presiones no me afectan.



TEPJF recibe peticiones ciudadanas para anular elección

Además del juicio emprendido por la coalición Movimiento Progresista para anular la elección presidencial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) recibió otras peticiones para invalidar el proceso, promovidas por el sector magisterial, tuiteros, sindicatos, y ciudadanos en lo individual.

Incluso hubo quienes demandaron al Tribunal declare inválidos los más de 15 millones de votos obtenidos por el aspirante de esa coalición de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, y un ciudadano de Aguascalientes además de impugnar la elección, pidió a los magistrados "se le tenga como ganador en esa elección".

Un recurso de nulidad fue presentado por el bloque de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, la Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Unión Nacional de Jubilados Civiles y Militares de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTE).

El asesor jurídico sindical José Antonio Vital, además de Irma Acela Pérez y David Vences fungen como representantes de ese sector laboral, cuya impugnación identificada como JIN 357/2012 fue turnada al magistrado Pedro Esteban Penagos para la elaboración del proyecto de resolución.

Entre otras cuestiones impugnaron los resultados consignados a favor de la coalición electoral Compromiso por México y su candidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, "señalando también como responsables a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales".

El TEPJF recibió otras doce peticiones, entre ellas, un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, JDC 1789/2012 planteado por los tuiteros encabezados por Eduardo Javier Castro, solicitudes para declarar la "nulidad abstracta" de la elección, y otra que alega que el IFE cometió "fraude jurídico".

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