martes, 24 de enero de 2012

¿Evaluar a los docentes para mejorar la educación?

Pedro Hernández Morales*

Apartir de este ciclo escolar, la SEP pretende someter a los docentes y directivos de educación básica de todo el país a una evaluación universal. El marco es la renovación de la Alianza por la Calidad Educativa entre Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo, quienes refrendaron su complicidad política con las modificaciones a la Ley General de Educación (enero 2011), la Reforma a los lineamientos de carrera magisterial (mayo 2011), la firma” del Acuerdo para la evaluación universal (mayo 2011) y el Acuerdo para la articulación de la educación básica (junio 2011) con las cuales se pretende cerrar el ciclo de contrarreformas a la educación básica que compromete el futuro de la educación pública en México.

El Acuerdo para la evaluación universal señala que no se cuenta con un esquema universal que permita obtener diagnósticos de las competencias profesionales y de desempeño de los docentes; por ello pretende evaluar a la totalidad de los docentes frente a grupo y directivos cada tres años, empezando con primaria en 2012, secundaria en 2013 y prescolar y educación especial en 2014.

Según el mismo acuerdo, la evaluación universal “será obligatoria para obtener un diagnóstico con fines formativos, generar las estrategias… que mejoren sus competencias profesionales” y que los resultados serán considerados para “acreditar los factores correspondientes de carrera magisterial, así como para el Programa de estímulos a la calidad docente, de acuerdo con los lineamientos específicos de cada programa”. Señala que la SEP establecerá los Programas de formación continua para incidir en la “mejora” del desempeño docente.

La imposición de la evaluación universal a los docentes es un instrumento punitivo que será utilizado para señalar, descalificar y seleccionar a quien “merezca” el trabajo, perdiéndose de manera gradual la basificación y definitividad en el empleo. La recomendación 8 del Acuerdo de cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la educación de las escuelas mexicanas establece que “los docentes que presenten un bajo desempeño de forma permanente deben ser excluidos del sistema educativo”.

Esta evaluación universal descalifica a las instituciones formadoras de docentes que han otorgado un título y cédula profesional a sus egresados. Se sustenta en la idea de que un maestro es “bueno” o “malo” a partir de los resultados de un examen estandarizado, con determinada orientación pedagógica, a la que se asigna el carácter de validez única, sin considerar la experiencia en el aula, los procesos de actualización del docente y el aprendizaje de sus alumnos no medidos por la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (Enlace), por cierto, también un examen estandarizado cuyo resultado contaría hasta 50 puntos de carrera magisterial.

En realidad éste es el proceso de certificación a todos los docentes que “gradualmente” tendrá fines punitivos. Si no se acredita dicho examen, tendrán que tomar cursos de regularización, que deberán pagar y tomarlos conforme a su tiempo “libre”, además de que cada tres años tendrán que presentarlo nuevamente. Un examen estandarizado no puede evaluar el desempeño docente, éste se da dentro del aula. No se evalúan los procesos de aprendizaje, reduciendo el sentido de la profesión docente al funcionar bien con las pruebas, no con la educación.
Además de fracturar la profesión docente, desarrollando actitudes individualistas, de trabajo en solitario y no compartido, en consecuencia se destruye la experiencia pedagógica y la identidad de ser maestro. Hay una individualización de estímulos, promociones y ascensos de acuerdo con resultados de una prueba ineficaz, como es Enlace, y se incumple la obligación del Estado de capacitar y preparar profesionalmente a los docentes.

En diciembre pasado la SEP envió a las escuelas una “Cédula de registro para el censo de docentes” y comunicó que se “llevará a cabo el 24 de junio de 2012 la aplicación de la evaluación universal”; dicha cédula fue mayoritariamente rechazada e impugnada.

En estos días, también miles de docentes se negaron a inscribirse a la etapa 21 de carrera magisterial porque sus “nuevos” lineamientos son una verdadera barrera magisterial que hace imposible ingresar o promoverse en un sistema que premia la simulación y que ha corrompido la cúpula sindical del SNTE.

El sistema educativo nacional debe ser sometido a escrutinio y rendición de cuentas a partir de revisar las variables de su funcionamiento; son necesarios los espacios y tiempos para la construcción colectiva de procesos de evaluación que den cuenta de lo que se produce en nuestras escuelas en términos de conocimiento, así como promover la autoevaluación de las escuelas con la participación de los docentes y la comunidad educativa dirigidas a su mejoramiento.

Los maestros no se niegan a la evaluación, pero ésta no puede ser parcial, estandarizada y con fines punitivos; se necesita la conformación de una evaluación sustentada en un enfoque holístico y humanista, centrada más en el proceso que en el producto, teniendo como meta fundamental lograr en el educando una concepción científica del mundo y de la vida, cuyos fines son de diagnóstico, retroalimentación y mejoramiento de la educación; con las características de integral, sistemática científica, pedagógica, incluyente, contextualizada, formativa, continua, permanente, transdisciplinaria y multifactorial.

Hoy los maestros se aprestan a dar una nueva batalla contra una medida que afecta sus derechos y niega una verdadera profesionalización que revierta el grave deterioro de la educación pública.

*Profesor normalista, secretario de organización de la Sección 9 del SNTE-CNTE.

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