sábado, 31 de julio de 2010

Jurisprudencia reduce pensión del IMSS


Arturo Alcalde Justiniani / II y última
La jurisprudencia 85/2010, mediante la cual la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como límite superior de las pensiones del IMSS hasta 10 veces el salario mínimo (SM), ha generado creciente inconformidad. Más allá de la explicación jurídica, se formulan diversas interrogantes: ¿Por qué después de tantos años de vigencia, repentinamente, cambian las reglas del juego en un tema tan sensible para millares de mexicanos y sus familias? ¿La jurisprudencia debe entenderse únicamente aplicable al tema de la cotización o necesariamente está vinculada al monto de las pensiones? En caso de que se afectaran las pensiones, ¿en qué condición quedarían los que ya perciben una pensión superior a los 10 SM? ¿A quién beneficiarán los recursos que se generen por dejar de pagar el diferencial de pensiones consecuencia de esta jurisprudencia? ¿Será acaso parte de una estrategia para homologar las pensiones del IMSS con las del ISSSTE, que ya están limitadas a 10 SM? ¿Cuándo terminará la feria de sorpresas donde los trabajadores siempre llevan la peor parte?

No es fácil hacer un juicio de valor sobre este tema, porque la mayoría de las pensiones que se cubren a los afiliados al IMSS son sensiblemente menores a los 10 SM. Reclamar una cantidad mayor puede parecer excesivo en términos de equidad; sin embargo, mal haríamos en concluir que todos debemos estar condenados a pensiones empobrecidas bajo un principio de igualdad. Un consejo que puede ayudarnos proviene de la Organización Internacional del Trabajo en esta materia: “Ni necesidad sin pensión, ni pensión sin necesidad.”

Con objeto de profundizar el análisis de esta jurisprudencia conviene recordar que el artículo 25 transitorio de la ley vigente prevé lo siguiente: “…A partir de la entrada en vigor de esta ley el límite del salario base de cotización en veces de salario mínimo para el seguro de invalidez y vida, así como para los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, será de 15 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que se aumentará un salario mínimo por cada año subsecuente hasta llegar a 25 en el año 2007.” Lo anterior significa que buena parte de los afiliados ya han venido pagando sobre una base superior a los 10 SM, de tal manera que la aplicación del artículo 33 de la ley anterior fue superada con este incremento creciente.

Por lo que se refiere a la relación entre cotizaciones y pensiones es conveniente reconocer una falta de correspondencia entre ambos conceptos. Las cotizaciones son totalmente insuficientes para fondear las pensiones, si se acota a un periodo determinado, pero en un análisis más amplio es evidente que buena parte de los fondos de pensiones se canalizaron a otros renglones, como subsidiar servicios que a juicio del Ejecutivo federal resultaban políticamente favorables.

Respecto del modelo de seguridad social derogado en 1997 y su tránsito al nuevo, el transitorio décimo segundo definió que el pago de las pensiones otorgadas en el marco de la ley derogada (del año 1973) estará a cargo del gobierno federal. Estos elementos nos permiten aclarar dos temas: el primero, no existe una relación automática entre cotización y pensión, y el segundo, el IMSS no será el beneficiado de limitarse las pensiones hasta 10 SM, ya que, como se señaló, el gobierno federal es quien dejará de cubrir la diferencia. Por lo que se refiere a la situación del IMSS, el mismo se encuentra en precarias condiciones y requiere una restructuración integral. Conviene recordar el reciente informe del IMSS al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, que reportó en sus finanzas un déficit de 21 mil 950 millones de pesos. Advirtió que dicho monto podría duplicarse si no recibe apoyo para liquidar adeudos pendientes. Con estos elementos, resulta evidente la necesidad de una discusión más amplia sobre el tema orientado a un proceso de universalidad en materia de seguridad social.
La política del gobierno federal tendiente a obtener más recursos o reducir erogaciones por la vía pensionaria se hizo evidente los primeros días del presente año, al imponer el pago de impuestos a las pensiones superiores a nueve SM, apoyado en el artículo 109 fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esta obligación ya existía, pero no se había hecho efectiva a las pensiones del IMSS y del ISSSTE por diversos motivos, entre otros, evitar una doble tributación. En términos prácticos se redujeron las pensiones.

Un antecedente en materia burocrática nos muestra la necesidad de contar con criterios razonables y permanentes en materia pensionaria. Los trabajadores al servicio del Estado siempre han lidiado con la dificultad de que el importe real de sus salarios no es reconocido para efecto de sus pensiones en el ISSSTE. El 10 de septiembre de 2008, también por contradicción de tesis, la segunda sala emitió la jurisprudencia 126/2008, que favoreció a los trabajadores al determinar que el salario base para calcular el monto de las pensiones jubilatorias, incluyendo a los trabajadores que venían rigiéndose por la ley anterior vigente hasta el 31 de marzo de 2007, debería integrarse con el salario base, sobresueldo y compensación. Amparados en esta jurisprudencia, confiaron en recuperar por la vía legal el diferencial entre su salario base y la compensación con importe sensiblemente mayor, lo que llevó al ISSSTE a cubrir las diferencias, ya que tal omisión era imputable al gobierno federal y no a los trabajadores. Sin embargo, el 6 de mayo de 2009, otra vez por contradicción de tesis, se emite la jurisprudencia 28/2009, que cambia el enfoque de la anterior, al señalar que no podrá exigirse al ISSSTE el pago del diferencial, ya que la pensión debe ajustarse a las cuotas que le hayan cubierto las distintas dependencias. Una vez más, y como pareciera ya costumbre, perdieron los trabajadores.

México SA

Saqueo a los trabajadores avalado por la Corte

Garantiza pensiones quien dio por seguras las instalaciones de la guardería ABC

Carlos Fernández-Vega
La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió mutilar (de 25 a 10 salarios mínimos) el límite superior para fijar las pensiones por vejez, muerte, cesantía en edad avanzada e invalidez de los trabajadores que cotizan bajo el régimen previsto en la Ley del Seguro Social de 1973, de tal suerte que alrededor de un millón 200 mil próximos a jubilarse han sido asaltados con el mayor descaro, tomando como base un pleito judicial promovido por el propio IMSS (es decir la institución del Estado mexicano encargada, por ley, de proteger los derechos de –entre otros– los jubilados y pensionados del país) y utilizando la tesis presentada por el ministro Sergio Valls, ex director jurídico del mismo instituto, con el voto mayoritario de sus colegas.

Con extrema lentitud y los dedos en la puerta, como ya es costumbre, el director general del IMSS, Daniel Karam, ha salido a “explicar” de qué se trata la decisión de la tremenda corte, aunque para ello se haya tomado una larga semana tras la denuncia que sobre el particular hizo pública La Jornada el pasado 22 de julio. Ayer este triste personaje aseguró que el instituto “siempre actuará de acuerdo con lo que establece la ley”, por mucho que la misma ley que dice acatar señala explícitamente que el límite superior para fijar las pensiones por vejez, muerte, cesantía en edad avanzada e invalidez de los trabajadores es de 25 salarios mínimos.

¿Qué vueltas tenía que darle el lerdo señor Karam a la ley que dice respetar? ¿Qué interpretaciones a una legislación más clara que el agua? Dada su inquebrantable fe en las leyes vigentes, según dice, ¿por qué recurrió a desenterrar artículos derogados para mutilar, en lo oscurito y en contubernio con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho de los trabajadores a una jubilación o pensión digna? Que no le digan, que no le cuenten. Se trata del mismo personaje tragicómico que poco más de un año atrás aseguraba que la Guardería ABC de Hermosillo cumplía “con los lineamientos en materia de seguridad”, que contaba con salidas de emergencia y que la estancia infantil “aparentemente está dentro de lo que señala la normatividad correspondiente”. El mismo que prometió un rotundo “no a la impunidad” por el incendio en aquel local de la capital sonorense, y el mismo, en fin, que la propia SCJN descaradamente exoneró, junto a Juan Molinar Horcasitas y demás arpías relacionadas con el caso, de cualquier responsabilidad en el incendio en que murieron 49 niños y más de 70 resultaron gravemente lesionados.

El lerdo cuan desacreditado Daniel Karam (que ya le debe dos a los ya tristemente célebre ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) tomó el micrófono para decir que “aunque se ha generado mucha inquietud al respecto, los pensionados pueden estar seguros que en ningún momento está en riesgo su pensión, ni hoy ni después; esto es bien importante señalarlo, que tengan la tranquilidad los pensionados que hoy reciben su pensión que la seguirán cobrando en los términos, con la cuantía, el próximo lunes, en los meses que vienen y en los años subsecuentes (porque) no hay ningún aspecto de retroactividad en ningún escenario”.

Nada dijo, eso sí, sobre el futuro de los trabajadores por pensionarse, porque “no quisiera pronunciarme en este momento hasta que no tengamos todos los elementos para poder emitir un mensaje con respecto a este tema en particular… el IMSS está analizando con mucho detenimiento la implicaciones que tendrá (la decisión de la SCJN), insisto, en su caso, para los nuevos jubilados”. Nada explicó sobre el punto que precisamente ha generado no sólo mucha inquietud, sino profunda indignación. Nada detalló sobre el punto toral de la nueva maniobra calderonista (como antes foxista y zedillista) en contra del ahorro de los trabajadores y su derecho a una pensión digna, tras muchos años de trabajo. Nada. ¿A qué salió, entonces, a dar una conferencia?
El gobierno calderonista, con Karam de pantalla, puede aducir razones de crisis en las finanzas del Seguro Social, y decir que no hay con qué cubrir las pensiones. Pero el manejo de tales finanzas no es responsabilidad de los trabajadores, tampoco los nefastos resultados. Tal crisis pretende achacársele a las pensiones, cuando es obvio que (independientemente de los malos manejos, de la profunda corrupción, de los acuerdos en lo oscurito con la patronal, de los ya famosos “convenios” que cancelan adeudos de acuerdo con el tamaño del padrino que se tenga), que ha crecido y se ha profundizado por la enclenque respuesta económica y las propias prácticas laborales en el país, que han privilegiado la informalidad, y, en los últimos años, el llamado outsourcing para evadir el pago de las cuotas que por ley le toca a la parte patronal.

Por ejemplo, alrededor de cien mil trabajadores de la banca no existen para efectos del IMSS, porque los barones del dinero los han sacado de la nómina institucional para ahorrarse tales cuotas. Y como este caso, miles a lo largo y ancho de la República. Pero el instituto en esto no se fija. Por si fuera poco, al gobierno federal en lugar de inyectarle recursos, como es su obligación legal, le ha dado por darle pellizcos a las finanzas del instituto y destinarlos a “otras actividades”.

A estas alturas del partido, si fuera atendida la demanda real de empleo formal, el IMSS debería tener registrados a cuando menos 25 millones de trabajadores, sino es que a 30. Pero el inventario no pasa de 14 millones (eventuales incluidos), de tal suerte que existe una espeluznante evasión por la parte patronal con el consentimiento del propio instituto y demás instancias de gobierno, como algunos le llaman. ¿Con 10 o 15 millones de cuotas adicionales, en dónde estarían las finanzas del instituto hoy en crisis? ¿En dónde las reservas para financiar pensiones y jubilaciones? ¿En dónde la calidad y alcance de la seguridad social en el país? No sólo habría viabilidad financiera, sino excedentes.

Lo cierto es que el objetivo sigue siendo cancelar los derechos sociales de los trabajadores, que se rasquen cómo y dónde puedan. En el centro de la atención está el uso del ahorro de los cotizantes. Desde tiempos de Zedillo, con las modificaciones a la ley del IMSS y la creación de las Afore, el objetivo es deshacerse de la para ellos incómoda obligación constitucional de garantizar un México digno para el grueso de su población.

Las rebanadas del pastel

¿Qué el IMSS no tiene dinero? Entonces, que el gobierno federal recurra a las reservas internacionales, y no al ahorro de los trabajadores. ¿Qué no nos volverían a saquear?

cfvmexico_sa@hotmail.com
mexicosa@infinitum.com.mx

viernes, 30 de julio de 2010

Dí por qué-Fisgón


No habrá cambios en pagos de pensiones: Karam


Quienes hoy reciben su pensión, la seguirán cobrando en los términos, con la cuantía, el próximo lunes, en los meses que vienen y en los años subsecuentes, dijo el director del IMSS en conferencia de prensa.

Notimex / La Jornada en línea
Publicado: 30/07/2010 12:54

México, DF. El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam, indicó que todos los pensionados del organismo seguirán recibiendo sus remuneraciones en tiempo y forma.

“Esto es bien importante señalarlo, que tengan la tranquilidad los pensionados que hoy reciben su pensión que la seguirán cobrando en los términos, con la cuantía, el próximo lunes, en los meses que vienen y en los años subsecuentes”, señaló en conferencia de prensa.

“No hay ningún aspecto de retroactividad en ningún escenario”, explicó, dada la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 9 de junio, en la que propone que el tope para el cálculo de las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada debe reducirse de 25 a 10 salarios mínimos a quienes se jubilen con la Ley de 1973.

Karam aseguró que el IMSS siempre actuará de acuerdo con lo que establece la ley y, aunque "se ha generado mucha inquietud al respecto, los pensionados pueden estar seguros que en ningún momento está en riesgo su pensión, ni hoy ni después".

Refirió que el IMSS "está analizando con mucho detenimiento la implicaciones que tendrá (la jurisprudencia), insisto, en su caso, para los nuevos jubilados”.

"El IMSS siempre actuará de acuerdo con lo que señala la ley y las interpretaciones de ésta, pero no quisiera pronunciarme en este momento hasta que no tengamos todos los elementos para poder emitir un mensaje con respecto a este tema en particular", señaló.

jueves, 29 de julio de 2010

Llaman a escribir a ministro presidente

Publicado en El Correo Ilustrados.
La Jornada

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es claramente un despojo a los trabajadores que hemos aportado cuotas al IMSS por al menos 17 años bajo el sistema de retiro anterior a 1997 y los años posteriores (13 hasta ahora).

La aclaración de la Corte debe preocupar sobremanera a los trabajadores que nos acogemos a la Ley anterior, ya que el Sistema de Ahorro para el Retiro es otro abuso, a grandes luces inconveniente para quienes poseen antigüedad mayor a 14 años.

Veo con preocupación que los representantes de los trabajadores no se pronuncian al respecto, y los patrones, cuando evalúen el alcance, estarán en favor de la iniciativa, ya que sus aportaciones se reducirán, lo que nos deja sin la oportunidad de manifestarnos contra esta equivocada e inequitativa iniciativa.

Por ello, invito a los millones de afectados a que enviemos nuestra inconformidad por correo electrónico a la SCJN, al ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia al correo:
portalSCJN@mail.scjn.gob.mx, esperando ser considerados para que la Corte dé marcha atrás a su equivocado proceder.

Humberto Salcedo

Supremo juez mexicano-Rocha


Preocupación auténtica-Hernández


Aprueban en la Permanente el punto de acuerdo sobre la preocupación por pensiones.

En otro documento instan al IMSS a explicar la controvertida jurisprudencia de la SCJN

Víctor Ballinas y Ciro Pérez Silva

Periódico La Jornada
Jueves 29 de julio de 2010, p. 13
La Comisión Permanente aprobó ayer en el pleno el punto de acuerdo discutido un día antes para externar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) su “preocupación por la definición de la tesis de jurisprudencia con número 2A/J/85/2010, que impone un límite base de cotización de 10 veces el salario mínimo general vigente en el distrito Federal para el cálculo de las pensiones a otorgar, que puede perjudicar a más de un millón de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”.

En el punto de acuerdo presentado por los senadores priístas y modificado por insistencia de los panistas se resalta que la jurisprudencia aprobada es resultado de juicios previos llevados entre trabajadores y el IMSS ante la junta federal de conciliación y arbitraje, por lo que se infiere de estos juicios “que el instituto ha tratado de evadir sus obligaciones encomendadas por la Constitución en el artículo 123 constitucional, apartado A fracción XXIX, y que son ante todo las de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y servicios sociales y el otorgamiento de una pensión a los trabajadores”.

Se subraya que esa jurisprudencia “al día de hoy, carece de efectos jurídicos, pero al momento en que se cumpla con el trámite administrativo tendrá alcances suficientes para afectar a un millón 217 mil trabajadores, de acuerdo con cifras dadas a conocer por el propio IMSS, que cotizan hoy entre 11 y 25 mínimos”.

En tribuna, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue el único que habló ayer sobre el tema. Primero el diputado Alfredo Villegas se refirió al comunicado que la tarde del martes emitió la Suprema Corte en el que precisa su resolutivo. “La Corte aclara, y fue precisamente debido a que un grupo de legisladores de nuestro partido, el PRI, quienes alzamos la voz para defender a los trabajadores del apartado A. No aluden en ningún momento a los trabajadores del apartado B, pero era un daño muy grande el que se pretendía o el que se hubiera ocasionado en caso de aplicarse esa jurisprudencia en los términos que la Corte la había emitido”.
El priísta aseveró: “saludamos que la Suprema Corte haya rectificado, considerando que esta rectificación dejó sin efecto ese gran daño que podría haberse dado a más de un millón de trabajadores”.

El diputado Villegas dijo que la Corte mencionó “que esta jurisprudencia no resulta aplicable a los asegurados que decidan pensionarse conforme a la ley del IMSS vigente a partir del primero de julio de 1997”. Abundó que esa jurisprudencia “tampoco deja sin efectos el peso del artículo 28 de esta ley modificada vigente a partir del 1 de julio, pues, insiste, únicamente interpretó el texto del artículo 33 de la ley del IMSS vigente al 30 de junio del 97”.

El también senador priísta Ricardo Fidel Pacheco dijo: “Fue la preocupación de los legisladores, y en ese sentido coincidimos en poner en conocimiento de la segunda sala de la Corte, que fue quien trató este asunto, la preocupación que se había generado en la clase trabajadora y además en los diferentes actores laborales, económicos y sociales”.

Subrayó: “Creemos que la consideración de la primera comisión de la Permanente fue una buena referencia para estas precisiones que hace la Corte. Defender las pensiones de los trabajadores es una obligación nuestra. Qué bueno que queda claro que no se verán afectadas, cumplimos con la responsabilidad que nos da esta grave preocupación que había generado esta jurisprudencia”.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó ayer dos puntos de acuerdo que fueron turnados a comisiones: uno, en el que se hace un llamado a la Corte a que suspenda el engrose de esa jurisprudencia; hace un llamado al titular del IMSS a apegar su actuación a la ley del instituto, cubriendo las pensiones de cesantía, vejez, invalidez y vida (muerte) conforme al tope máximo de 25 salarios mínimos.

En el otro punto de acuerdo los perredistas exhortan al consejo técnico del IMSS a expedir un acuerdo que defina el alcance real de esa tesis jurisprudencial para brindar certeza jurídica a los trabajadores.

Rechaza CCE que el IMSS eleve cuotas.

Juan Carlos Miranda

Periódico La Jornada
Jueves 29 de julio de 2010, p. 12
En caso de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) concrete su pretensión de aumentar las cuotas obrero-patronales, las empresas verían reducir sus posibilidades de contratar personal y no habría crecimiento económico, advirtió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Mario Sánchez Ruiz.

Luego de participar en la presentación del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Inegi, el dirigente explicó que la solución no es cortarle el “oxígeno” a las empresas, sino ampliar la base de contribuyentes para que el instituto perciba mayores recursos.
Sánchez Ruiz aseguró que aún hay margen de maniobra para hacer más eficiente al IMSS, por lo que rechazó cualquier propuesta de aumentar las cuotas obrero-patronales para sanear las finanzas del instituto.

“La solución no va a ser estar pensando cada año en subir las cuotas y los impuestos, porque si les cortamos el oxígeno para seguir desarrollando y contratando personal no habrá crecimiento”, sostuvo.

Ambigua explicación de la Corte: expertos.


El recorte pensionario afectará también a empleadores, alertan

Adultos mayores, integrantes de la Revolución Blanca, durante una marcha al Senado en defensa de sus pensionesFoto José Carlo González /Archivo Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Jueves 29 de julio de 2010, p. 12

La modificación en el cálculo de las pensiones de un millón 200 mil trabajadores que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a partir de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afectará directamente a los asegurados y a las empresas empleadoras, coincidieron ayer en entrevista con La Jornada los juristas Carlos de Buen y Marco del Toro, expertos en materia laboral.

De Buen, asesor de diversos sindicatos y empresas en el país, indicó que en el caso de las pensiones no se puede trastocar un derecho adquirido por la clase trabajadora. “La nueva ley dice que si un trabajador ya estaba inscrito desde antes de 1997, podría elegir, pero no en ese momento, sino a la hora de pensionarse, entre los dispuesto en la ley anterior y la nueva.

“Mi duda es qué pasa con el 2 por ciento de las aportaciones al Servicio de Administración Tributaria (SAT). ¿Esas se pierden para el trabajador que fue inscrito en el régimen anterior cuando opta por el nuevo régimen o se lo devuelven?”, se preguntó el jurista, quien admitió no tener claros los efectos legales que tendrá en los hechos la jurisprudencia de la Corte.

El máximo tribunal emitió el pasado martes un boletín en el que aclaró que su jurisprudencia reciente sobre el límite de 10 salarios mínimos como base para el cálculo de pensiones, sólo aplicará a quienes se jubilen bajo el régimen previsto en la Ley del Seguro Social vigente hasta 1997.

Al respecto, el abogado Del Toro aseguró que la aclaración de la Corte es ambigua porque, “según entiendo, a ningún trabajador le dieron a elegir en cuanto al monto de las aportaciones para pensiones de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada”.

En el mismo sentido, De Buen Unna agregó que “aun esta gente que estuvo inscrita en el régimen anterior (1973) siguió cotizando conforme al nuevo, por lo tanto es absurdo que planteen que no va a poder tener como tope más de 10 salarios mínimos, cuando tú cotizaste progresivamente hasta llegar a los 25, como lo establece la Ley del Seguro Social de 1997. En todo caso, el promedio de las últimas 250 semanas sería el que operaría, o no sé si de las 500, que es el promedio establecido por la ley de 1973”.
Añadió que cualquier posible interpretación de esta jurisprudencia es “desastrosa para los trabajadores, porque la gente que estaba ya registrada no le dieron a elegir si quería seguir cotizando con 10 salarios mínimos, como lo establecía la ley de 1973, y tuvo que empezar a cotizar a partir de que entró en vigor la nueva ley de 1997, con el nuevo tope salarial de 25 minisalarios, y aunque sean aportaciones patronales esencialmente, pues se trata de aportaciones en favor de los trabajadores.

“Estamos frente a la posibilidad de un robo en caso de que por virtud de esta jurisprudencia de la Corte, ahora el IMSS no le reconozca esas aportaciones a los trabajadores para efectos de sus pensiones”, destacó De Buen.

Y añadió: “Si bien la jurisprudencia no es obligatoria para el IMSS, sino únicamente para los juzgados y tribunales, es previsible que por el ahorro que le podría significar, el organismo termine ajustándose a ella, lo cual me provoca varias preguntas: ¿qué pasará con los trabajadores que ya vienen recibiendo una pensión de más de 10 salarios mínimos?: ¿se les puede reducir?, ¿se les puede cobrar? ¿Las autoridades del Seguro Social ya estarán empezando a coquetear con esa idea?; ¿terminarán cobrándole a los trabajadores lo que supuestamente se les pagó en exceso?”

Del Toro refirió que miles de pequeñas y medianas empresas se verán afectadas, pues podrían cerrar si se elevan las cuotas obrero patronales, ya que hay muchas que no tienen la capacidad para soportar un peso más en sus finanzas.

Reducir pensiones va en contra de la justicia social: Carrancá


La jurisprudencia aprobada rompe con el equilibrio constitucional

“Es desconcertante que un ministro que gana una fortuna y que tiene compensaciones impresionantes se atreva a afectar a los trabajadores”

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Jueves 29 de julio de 2010, p. 11


La jurisprudencia aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que limita a 10 salarios mínimos la pensión para quien se jubile con base en la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) –vigente de 1973 al 30 de junio de 1997–, “rompe con el equilibrio constitucional, ya que desfavorece a los trabajadores”, aseguró el constitucionalista y profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Raúl Carrancá y Rivas.

Subrayó que la decisión de la Corte se contrapone a la justicia social y laboral asentada en varios artículos constitucionales.

“De suyo, esa decisión no contribuye a la justicia social ni a la distribución equitativa del ingreso, al contrario, de entrada rompe un principio fundamental de la Constitución, en el sentido de que ésta es de tendencia laboral y favorece a los trabajadores. Es desconcertante el que un ministro que gana una fortuna y que tiene compensaciones impresionantes se atreva a afectar a los trabajadores. Es algo que choca con el sentido superior de la justicia. Menuda Corte que se atreve a eso.”

Carrancá aseguró que la resolución de los ministros vulnera el artículo 109 constitucional, “al incurrir en acciones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, por lo que los ministros pueden ser sometidos a juicio político”.

El constitucionalista Raúl CarrancáFoto Cristina Rodríguez /Archivo
El académico universitario exhortó a los trabajadores a no cruzarse de brazos ante la limitante impuesta por la SCJN. “La ciudadanía no puede resignarse, la decisión de la Corte es injusta. Actuaron en perjuicio de la clase trabajadora, uno de los pilares de la sociedad. Es hora de recurrir a los instrumentos jurídicos y fincar responsabilidad a quien la tiene”.

Indicó que la ley asienta que cualquier persona, afectada o no, puede iniciar la petición de juicio político contra los ministros, lo que se tendría que realizar ante la Cámara de Diputados y ésta decidir si procede la solicitud.

Si en San Lázaro se aceptara la petición, tendría que llamarse a los ministros a comparecer, no solamente ante los legisladores, sino que “tienen que ser impugnados por la ciudadanía toda en un juicio político; esto representaría un precedente histórico fenomenal”.

En este caso, explicó, correspondería al Senado de la República resolver si los ministros vulneraron la Constitución al limitar a 10 salarios mínimos el tope para las pensiones de quienes cotizan en el IMSS.

Carrancá y Rivas sostuvo que de concretarse que la SCJN actuó contra la clase trabajadora, la jurisprudencia aprobada tendría que corregirse y acatar lo que se asentaba hasta antes de la modificación, es decir, dejar el tope de la jubilación en 25 salarios mínimos.

Cordero da la razón a la Corte


Claudia Herrera Beltrán

Periódico La Jornada
Jueves 29 de julio de 2010, p. 10
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, hizo suyo el argumento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aclaró que no se están “recortando” las pensiones de quienes se jubilen bajo la ley de 1997.

Precisó el funcionario federal que el monto de la pensión “está topado en 25 salarios mínimos” para quien se jubile con base en la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social vigente desde el año 1997, aseguró en relación con la decisión de los ministros de la Corte de limitar hasta 10 salarios mínimos el monto de una pensión.
Asimismo, indicó que de cualquier modo el gobierno federal es “muy respetuoso” de las decisiones que tome el Poder Judicial.

Al salir de la residencia oficial de Los Pinos, después de la firma del decreto para la creación del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiera, aseveró: “La Corte aclaró que en ningún momento se están recortando las pensiones de los trabajadores”.

El consejo técnico del IMSS, en desacuerdo con la SCJN

No se pronunciará sobre la disminución en las pensiones
La decisión sobre el tema es facultad de la Secretaría de Hacienda

El instituto sólo es el “vehículo” para pagar a los jubilados: Carazo

Periódico La Jornada
Jueves 29 de julio de 2010, p. 10

El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no tomará ninguna decisión en torno a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque esa es facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en tanto instancia responsable de hacer los pagos a pensionados y jubilados. El IMSS sólo es el “vehículo” para hacer llegar ese dinero a los trabajadores en retiro, advirtió José Luis Carazo Preciado, integrante de la directiva de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

El dirigente y representante del sector obrero ante el Consejo Técnico del Seguro Social aseguró que la mayoría de los consejeros están en contra de la disposición judicial por la que se impondría un tope de 10 salarios mínimos a las solicitudes de pensión por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada. Incluso, el director del instituto, Daniel Karam, expresó su inconformidad durante la sesión del órgano de dirección del instituto, la cual se realizó el miércoles 21 de julio, aseguró Carazo.

De acuerdo con la Ley del Seguro Social, después de la Asamblea General, que es la autoridad suprema del instituto, se encuentra el Consejo Técnico, el cual es el órgano de gobierno, representante legal y administrador del organismo. Entre las 17 atribuciones que se le otorgan está decidir sobre las inversiones de las reservas y demás recursos del Seguro Social, vigilar y promover el equilibrio financiero de todos los ramos de aseguramiento, así como discutir y aprobar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos.

También debe autorizar la realización de convenios relativos al pago de cuotas y emitir las disposiciones de carácter general sobre reversión de estos pagos para los seguros que la norma permite. Además, la fracción VIII del artículo 264 de la legislación señala que el Consejo Técnico está facultado para “conceder, rechazar y modificar las pensiones que conforme a esta ley le corresponde otorgar al instituto, pudiendo delegar estas facultades a las dependencias competentes”.
De igual forma, este órgano de dirección debe “conocer y resolver de oficio, o a petición del director general, aquellos asuntos que por su importancia, trascendencia o características especiales así lo ameriten”.

La resolución de los ministros, “socialmente equivocada”

Respecto de la jurisprudencia 85/2010 de la SCJN, Carazo Preciado insistió en que se trata de una resolución “socialmente equivocada, porque en el IMSS siempre se ha buscado el beneficio de los trabajadores y que tengan el mejor retiro posible”.

Además, indicó, las aportaciones de los trabajadores que resultarían afectados son las que han subsidiado el servicio del instituto para los empleados de más bajos ingresos. Por ello, el sector obrero “estará al pendiente del tema y de la posición que asuma la Secretaría de Hacienda”, dependencia que realmente puede aplicar y exigir que se aplique la medida.

El tema será discutido en el Consejo Técnico, como lo acordaron sus integrantes, una vez que los ministros emitan la sentencia final de la resolución, adoptada el 9 de junio por la segunda sala del máximo tribunal.

miércoles, 28 de julio de 2010

sentenciado por la Corte-Fisgón


Devolverá el Seguro Social ISR a jubilados.

Trabajadores buscan abolir el gravamen
Devolverá el Seguro Social ISR a jubilados
Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada
Miércoles 28 de julio de 2010, p. 3
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) devolverá en la mensualidad de agosto el monto que por concepto de impuesto sobre la renta (ISR) cobró de manera irregular a pensionados y jubilados. Si bien el gravamen se aplica a partir de febrero a quienes perciben más de 15 salarios mínimos, el organismo incluyó en su cuenta a los ex trabajadores que por primera vez cobraron su pensión o jubilación y recibieron un monto acumulado por los meses que duró el trámite.

Es decir, explicaron funcionarios del instituto, la pensión que esas personas recibirán cada mes es menor al límite permitido por la ley para estar exentos de dicho cobro, por lo que no se les tenía que haber aplicado el descuento. Comentaron que, oficialmente, en el instituto no se ha informado sobre el número de personas que resultaron afectadas con la medida, aunque sólo en el Distrito Federal se tramitan cada mes unas 2 mil pensiones.

En general, el trámite debería concluir en un plazo máximo de tres meses, pero por diversas causas se puede prolongar un año y, a veces, más, comentaron.

Reconocido el error por las autoridades, la devolución del dinero se producirá en agosto para los jubilados y pensionados que reciben su ingreso por medio de instituciones financieras, y los casi 20 mil que todavía cobran en módulos la recibieron en el pago de julio.

Mientras, organizaciones agrupadas en la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos indicaron que los congresos de seis estados de la República aprobaron exhortos al Congreso de la Unión para que los legisladores federales modifiquen la Ley del ISR y se elimine la disposición que ordena la aplicación del gravamen a las jubilaciones y pensiones.

Antonio Vital, dirigente del organismo civil, aseguró que dicho impuesto es “a todas luces ilegal, pues por ese dinero ya se pagaron impuestos”. Comentó que el titular de la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Juan Manuel Pérez Porrúa, dijo que antes de febrero ingresaban al erario unos 3 mil millones de pesos por impuestos cobrados a las pensiones. Con el cobro del ISR se preveía obtener 21 mil millones al año. La disposición fiscal afecta a trabajadores en retiro del sector público y privado.
Paradójicamente, la misma legislación permite regresar a los patrones las aportaciones a la seguridad social, lo que en 2009 significó una pérdida para el erario de 90 mil millones de pesos, de acuerdo con la información proporcionada por Hacienda, indicó Vital.

Además, explicó Marcos León Goldis, de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, las empresas de outsourcing evaden el pago de impuestos por unos 528 mil millones de pesos. Sólo por impuesto al valor agregado dejan de entregar 139 mil 843 millones.

El resto corresponde a las aportaciones a IMSS, Infonavit, Afore y el impuesto sobre nómina, de acuerdo con un estudio de integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. El mismo documento destaca que bajo el esquema de outsourcing laboran 2.5 millones de personas.

Con la finalidad de insistir ante las autoridades en la exigencia de que se elimine el cobro de ISR a jubilaciones y pensiones, las agrupaciones que integran la alianza emprenderán una movilización el 11 de agosto, la cual se iniciará frente a las oficinas de la Secretaría de Hacienda para dirigirse al Senado y luego a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Suavizan en la Permanente molestia por baja de pensiones



Puñalada a la jubilación
Se cambió punto de acuerdo que pedía a la Corte anular la tesis contra trabajadores

AN preguntaba: ¿cómo le solicitaremos algo de lo que no estamos bien enterados?

Fila de ancianos para renovar la tarjeta de pensión alimentaria que otorga el Gobierno del Distrito FederalFoto María Luisa Severiano

Periódico La Jornada
Miércoles 28 de julio de 2010, p. 2


La primera comisión de la Permanente modificó ayer un punto de acuerdo propuesto por el PRI por el cual se exhortaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a “dejar sin efecto la tesis de jurisprudencia 2A/J/85/2010 que reduce las pensiones a 10 salarios mínimos y perjudicaría a un millón 200 mil trabajadores”, y lo suavizó para expresar únicamente la “preocupación” que ha recogido de los trabajadores que se verán afectados por esa jurisprudencia.

El punto de acuerdo original, presentado por los senadores priístas Fernando Castro Trenti, Carlos Aceves del Olmo y Ricardo Fidel Pacheco, contenía un “exhorto a la Corte, con pleno respeto a la división de poderes y conforme a sus atribuciones, a dejar sin efectos la tesis de jurisprudencia referida, que de otra forma perjudicaría a un millón 217 mil trabajadores afiliados al IMSS”.

En ese punto de acuerdo los senadores priístas señalan que “esa jurisprudencia contraviene no sólo lo dispuesto por los preceptos antes citados, sino también lo establecido en el artículo 14 de la Constitución, pues está aplicando retroactivamente una norma en perjuicio de más de un millón de trabajadores”.

Se subraya que en la tesis aprobada el 9 de junio por la segunda sala de la Corte se señala que el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización, que es la base para cuantificar las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, “tienen como límite superior el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la ley vigente tiene un tope para el cálculo equivalente a 25 veces el salario mínimo general vigente”.

Ayer, al discutir el dictamen, los diputados y senadores panistas se manifestaron contra ese punto de acuerdo. El presidente de la Comisión de Justicia, el panista Alejandro González Alcocer, dijo: “Lo que no me parece es que se pide a la Corte reconsiderar y que modifique la tesis de jurisprudencia; eso no es procedente. Cómo le vamos a pedir que rectifique; ya está el engrose, ya está la resolución y ahí podemos enterarnos de la razón que tuvo la Corte para aprobar esa tesis”.

Los panistas insistieron: “No nos gusta el punto de acuerdo. No nos gustaba porque le pedíamos a la Corte que reconsiderara su resolución, pero, ¿cómo le vamos a pedir algo de lo que no estamos bien enterados los senadores? No es un asunto cualquiera, es una contradicción de tesis que data de 1993. Nos dice el IMSS que se tienen que pagar 25 salarios, que no afecta a todos esta resolución; no creo que sea en general y para todas las pensiones. Se me haría irresponsable opinar sin saber. Démonos un espacio hasta el lunes para contar con la información”, sostuvo González Alcocer.
Castro Trenti le respondió: “Si la redacción no lo deja satisfecho, nos esperaríamos hasta el lunes próximo, sólo quisiéramos que el senador revise qué se le pide a la Corte, que valore el impacto que tendría en los trabajadores y que se reconsidere. El propio sector productivo ha salido en defensa de los trabajadores. Pedimos que reconsidere, no nos parece apropiado dejar pasar una semana más”.

El vicecoordinador de los senadores del PRD, Silvano Aureoles, dijo: “No buscamos inmiscuirnos en los temas de la Corte, sólo le manifestamos que estamos preocupados. Quizá debemos invitar a los ministros ponentes a una reflexión o incluso que nos reciban en la Corte para tratar este asunto que es de la mayor trascendencia, pues los trabajadores están golpeados de por sí por los bajos salarios”.

El priísta Castro Trenti insistió: “El tema nos exige una reacción inmediata. La Corte, al no haberlo publicado en su gaceta oficial, puede hacer correcciones que eviten lesionar a los trabajadores”.

Los panistas insistieron en que no se aprobara ese exhorto y pidieron que se diera más tiempo para analizar el tema.

Y Ricardo Fidel Pacheco propuso la nueva redacción, que fue aprobada, y en la que sólo manifiestan a la Corte “su preocupación que han recogido de los trabajadores por la tesis de jurisprudencia que define la referencia de salarios mínimos para calcular las pensiones. Estamos enviando una señal de preocupación. No le estamos indicando otra cosa a la Corte.”

Se aprobó esa nueva redacción y se constituyó un grupo de trabajo para continuar analizando el tema.

La baja en jubilaciones, sólo para quienes se acojan a la ley pasada: SCJN

Puñalada a la jubilación
La jurisprudencia 85/2010 se origina en legislación anterior a julio de 1997, aclara
Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Miércoles 28 de julio de 2010, p. 3

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó ayer que la jurisprudencia 85/2010 que limita hasta 10 salarios mínimos el monto de una pensión para un trabajador que se jubile con base en la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), únicamente aplica para quienes se acojan al régimen que estuvo vigente de 1973 al 30 de junio de 1997.

Sin embargo no precisa si esto aplicará para los asalariados que aún tienen derecho a decidir si se jubilan mediante ese régimen ni explica cómo es que, en la nueva legislación, un trabajador puede solicitar al IMSS una pensión de hasta 25 salarios mínimos, si su ingreso mensual estará regido por el ahorro en las administradoras de fondos para el retiro (Afore).

En el documento denominado “Precisiones”, la SCJN explicó que la “jurisprudencia 85/2010 únicamente interpreta el texto del artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, y resulta aplicable a los juicios laborales en que se reclamen pensiones de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada conforme a ese régimen”.

La Jornada dio a conocer en exclusiva el pasado 22 de julio que “con el sigilo de una sesión privada, la SCJN aprobó la jurisprudencia 143/2010 que pretende borrar de facto el derecho de poco más de un millón 200 mil trabajadores a jubilarse con dignidad”. Esta información motivó múltiples críticas en los sectores obreros y políticos.

La decisión judicial fue asumida por la SCJN el pasado 9 de junio y asienta que los trabajadores que decidan jubilarse con sistema de retiro anterior al 1º de julio de 1997 no podrán acceder a pensiones mayores a 10 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal aunque promuevan juicios y durante su vida laboral su último salario alcanzara los 25 salarios mínimos.

De acuerdo con la información difundida por la segunda sala de la SCJN, la jurisprudencia 85/2010 tuvo como “origen dos juicios laborales resueltos por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en los que se reclamaron del IMSS el otorgamiento de una pensión de vejez y una por cesantía en edad avanzada, respectivamente, conforme al régimen de la Ley del Seguro Social que estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1997.

“El decimosegundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito y el decimotercer tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito conocieron de los juicios de amparo promovidos por el IMSS contra los laudos dictados en los respectivos juicios laborales, y al resolver sobre la aplicación del artículo 33 de la Ley del Seguro Social que estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1997, adoptaron posturas contradictorias.
“Para resolver dicha contradicción de criterios, la segunda sala interpretó el texto del artículo 33 de la Ley del Seguro Social que estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1997, porque resultaba aplicable a las solicitudes de pensión, debido a que los asegurados habían optado por reclamar su pensión conforme a ese mismo régimen.

“Se consideró la evolución legislativa del artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, de manera particular la exposición de motivos enviada por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados los días 10 de febrero 1992 y 2 de julio de 1993. Se concluyó que fue intención del legislador establecer en el segundo párrafo del citado artículo 33, como límite superior del salario base de cotización para los seguros de invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, y que por ello el salario promedio base para cuantificar esas pensiones no podía rebasar dicho tope.

“Es relevante señalar que, por tanto, la jurisprudencia únicamente interpreta el texto del artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, y resulta aplicable a los juicios laborales en que se reclamen pensiones de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada conforme a ese régimen”, indicó el tribunal.

Asimismo, explicó que “a partir del 1º de julio de 1997 se encuentra en vigor la nueva Ley del Seguro Social, en cuyo artículo 28 se establece como límite superior del salario base de cotización el equivalente a 25 salarios mínimos generales en el Distrito Federal, de manera general para todos los ramos de aseguramiento. De esta manera, la jurisprudencia mencionada no resulta aplicable a los asegurados que decidan pensionarse conforme a la Ley del Seguro Social vigente a partir del 1º de julio de 1997.

“La jurisprudencia tampoco deja sin efectos el texto del artículo 28 de la Ley del Seguro Social vigente a partir del primero de julio de 1997, pues, se insiste, únicamente interpretó el texto del artículo 33 de la Ley del Seguro Social derogada, vigente hasta el 30 de junio de 1997”, concluyó la SCJN.

Repudia Concamin el alza a cuotas obrero-patronales


Juan Carlos Miranda

Periódico La Jornada
Miércoles 28 de julio de 2010, p. 3

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Salomón Presburger, dijo que la pretensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de elevar las cuotas obrero-patronales “le pega directamente a la productividad de las empresas del país”.

Tras participar en un foro sobre competitividad organizado por la Secretaría de Economía, el dirigente señaló que, con “ocurrencias”, el IMSS no resolverá sus problemas financieros y menos haciendo que sus ineficiencias repercutan en las empresas.

“Transferir la ineficiencia de otros lados a la planta productiva nacional no es aceptable”, sostuvo.

Comentó que el pago de cuotas al IMSS representa casi 30 por ciento de lo que las empresas desembolsan en sueldos, por lo que aumentar el monto de las mismas les restaría competitividad.

En el último informe sobre su situación financiera, el IMSS planteó incrementar 11.6 por ciento las cuotas obrero-patronales para subsanar el déficit de 16 mil millones de pesos de sus finanzas, o que el Estado haga aportaciones adicionales para financiar, por ejemplo, el costo de enfermedades caras.
Por otra parte, alertó sobre la necesidad de no eliminar normas que sean necesarias en el proceso de tala regulatoria que lleva a cabo el gobierno federal.

Señaló que los supuestos ahorros que se pudieran lograr eliminando normas, a futuro podrían generar más costos.

“Hay que ver lo que es ahorro, porque si una norma que es necesaria se termina, por ejemplo que una estufa trabaje mal o no venga con la norma correcta, es un costo a la larga.”

Presburger dijo que es importante lograr un reconocimiento mutuo entre las normatividades que aplican en Estados Unidos y Canadá y las normas oficiales mexicanas.

Reconoció que la confederación aún tiene que consultar a sus agremiados para saber si tales medidas tienen repercusiones en la industria.

“Tenemos que hacer las consultas a cada cámara y ver si hay afectación. Si la industria sale beneficiada y nos hace más competitivos, por supuesto que lo apoyamos”, señaló.

martes, 27 de julio de 2010

Garantizadas con fideicomisos, las pensiones del Poder Judicial



Servirán para mantener sueldos millonarios y demás prestaciones

Los jubilados de a pie sólo tendrán derecho a 10 minisalarios como máximo. La imagen, en IztapalapaFoto Marco Peláez /Archivo
Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Martes 27 de julio de 2010, p. 8


La jurisprudencia aprobada el pasado 9 de junio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avala la reducción del tope de cotización para las pensiones de un millón 200 mil trabajadores de 25 a 10 salarios mínimos, lo que afectará derechos adquiridos de ese segmento de la población vinculado a la clase media. En cambio, los jueces y magistrados tienen garantizado que, tras su retiro, a los 65 años de edad, gozarán de pensiones suficientes para cubrir de por vida su sueldo base mensual, que supera los 100 mil pesos, gracias a una serie de fideicomisos millonarios.

Durante el segundo trimestre de 2009, los fideicomisos correspondientes a la administración del fondo de aportaciones para el programa de mantenimiento de viviendas de juzgadores federales, así como el relativo a la administración del fondo para pago de pensiones complementarias de jueces y magistrados federales, sumaron un saldo favorable de 2 mil 339 millones 299 mil 933 pesos, según consta en un informe elaborado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial Federal (PJF).

El documento –que puede consultarse en la página de Internet del CJF– fue aprobado por el pleno de los siete consejeros de la Judicatura el 15 de julio de 2009, como parte del informe que se rinde de manera trimestral a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que se publica en el Diario Oficial de la Federación en cumplimiento de la obligación del Poder Judicial establecida en el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Para los ministros de la SCJN también fue creado un fideicomiso de pensiones que les garantiza que, tras su retiro, tengan sueldos decorosos que les permita mantener el nivel de vida al que están acostumbrados.

El considerando segundo de ese informe refiere que “de conformidad con lo señalado en el supuesto normativo presupuestal federal en comento, el CJF presenta la siguiente información:

“1. Contrato de fideicomiso 4546-2 con el Banco Internacional, ahora HSBC México SA, para la administración del fondo por concepto de las aportaciones para el programa de mantenimiento de viviendas de magistrados y jueces del PJF.

“El contrato aludido se financia con fondos de carácter privado, producto de las aportaciones que, a través de descuentos por nómina, se efectúan a los magistrados y jueces, así como por los productos financieros que se generan. Dichos importes se destinan al mantenimiento de viviendas asignadas a magistrados y jueces. El saldo al 30 de junio de 2009 es de 25 millones 740 mil 667 pesos”, indica el informe.
“2. Contrato de fideicomiso F/676 con Ixe Banco SA, para la administración del fondo para el pago de pensiones complementarias de magistrados de circuito y jueces de distrito del PJF.

“El contrato aludido se conforma por los recursos transferidos por la SCJN, así como por otros ingresos y los productos financieros que se generan. Dichos importes se destinan al pago de pensiones complementarias de magistrados de circuito y jueces de distrito, y comisiones bancarias por administración. El saldo al 30 de junio de 2009 es de 2 mil 313 millones 559 mil 266 pesos. Incluye ingresos por concepto de concesión de espacios de máquinas expendedoras, intereses, plusvalías y minusvalías, así como pensiones pagadas a magistrados y jueces y comisiones pagadas al fiduciario, además de comisiones bancarias”, informó el CJF.

En el país todos los jueces y magistrados federales, aparte de su salario mensual –que supera los 100 mil pesos– tienen apoyo para mantenimiento de vivienda, seguro de vida y de gastos médicos mayores (adicional al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), capacitación constante, una tasa de interés preferencial en el banco HSBC sobre créditos para la compra de automóviles y de casa habitación y, por si fuera poco, tras su retiro, a los 65 años de edad, pueden gozar de pensiones suficientes para cubrir de por vida su sueldo base mensual y para conservar sus prestaciones, excepto los bonos trimestrales.

La Jornada publicó, en su edición del pasado jueves, que el 9 de junio pasado la segunda sala de la SCJN aprobó por unanimidad de sus cinco integrantes la tesis de jurisprudencia presentada por el ministro ponente Sergio Valls –quien fue director jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social– que cuantifica las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada de los trabajadores a un límite superior a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, borrando de un plumazo los 25 salarios mínimos dispuestos en la Ley del Seguro Social.

De esa forma, si un trabajador cotizó 2 mil semanas de trabajo ininterrumpido, y a la hora del retiro mantenía un ingreso mensual superior a 25 salarios mínimos, equivalente a unos 42 mil pesos, sólo recibirá 17 mil.

Ética docente y ley antiobesidad.

Luis Hernández Montalvo
Educación a Debate ha publicado una serie de notas que siguen de manera puntual la discusión y las presiones a que se enfrenta la ley antiobesidad, aprobada por los diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, y que consiste básicamente en una reforma a la Ley General de Salud, por la cual, se excluye la comida chatarra de las escuelas e incluye 30 minutos diarios de ejercicio.

Posteriormente a la reforma de los artículos 65 y 66 de la Ley General de Salud, las Secretarías de Educación Pública y de Salud, enviaron a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), los Lineamientos generales para la expedición o distribución de alimentos y bebidas en establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica.

El dictamen que debía emitir la Cofemer, el 6 de julio, próximo pasado, se pospuso hasta el 22 de julio, para recomendar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) “reconsiderar los costos que tendría para la industria de los alimentos la implementación de los lineamientos generales para regular la comida en las escuelas”.

Dice la nota de ED qué, en su dictamen total no definitivo, la Cofemer aceptó la evidencia expuesta tanto por autoridades de la SEP, así como los comentarios enviados por diversos organismos de salud y particulares, acerca del impacto en la calidad de vida y el costo social del sobrepeso y la obesidad que se padece en México.

Los que opinaron con la fuerza del dinero se han impuesto, los dueños de la llamada industria alimentaria, pareciera que tienen mayor influencia por encima del poder legislativo, de las secretarias de educación y salud y de los médicos y sociedad civil juntos.

La sociedad civil ha sido otro elemento en la discusión por eliminar de las escuelas públicas, y supongo que también de las privadas, lo que se conoce como comida chatarra, pero desconocemos la opinión del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), como representante de los intereses del magisterio y de los trabajadores de la educación en general, y por lo establecido en su lema de colocar a la educación al servicio del pueblo.

Discusión aparte merece la participación de los médicos y profesores de los organismos públicos y privados y los alcances de los objetivos propuestos para el dictamen de la reforma a la Ley General de Salud, que establece que las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en su respectivos ámbitos de competencia, apoyen y fomenten actividades que promuevan una alimentación equilibrada, baja en grasas y azúcares que permitan un desarrollo sano del medio familiar y la obligatoriedad de practicar 30 minutos diarios de ejercicio físico.

Insisto en la participación de los líderes del SNTE, porque los profesores son una fuerza organizada, y deben demostrar que su número y su capacidad ética, son fundamentales para preservar a la Escuela de las presiones e intereses contrarios a la salud pública, primordialmente la de los niños y jóvenes en edad escolar.

Recuerdo una plática de Valentín Campa Salazar, el dirigente ferrocarrilero y líder del Partico Comunista Mexicano, cuando hacía referencia a los profesores de los años treinta y al movimiento encabezado por el cacique conservador Saturnino Cedillo, levantado en armas contra las reformas estructurales para el campo, impulsadas por el gobierno del General Lázaro Cárdenas del Rio.

Decía el viejo ferrocarrilero que en aquellos días, el Presidente Cárdenas le pidió al PCM su intervención para apaciguar a los alzados en San Luis Potosí. El partido lo designó a él y a otros compañeros para que se trasladaran a la entidad potosina y de inmediato se puso en contacto con los profesores comunistas y estos filtraron las fuerzas del cedillismo para un desarme pacífico. Campa expresaba su admiración y respeto por esos profesores que pusieron punto final al último levantamiento militar, después de la Revolución Mexicana.

Esto que señalo ahora, está consignado en las memorias del luchador ferrocarrilero, y que difícilmente lo registran los estudiosos de los movimientos sociales del país y que algunos, solo alcanzan a reconocer que el cedillismo fue derrotado por la movilización interna (regional), pero ninguna palabra que haga referencia a los profesores comunistas de San Luis Potosí.
Si esta hazaña fue posible en el pasado, con la dirección del PCM, el SNTE, debe revisar la capacidad del magisterio, de su autoridad moral, de su potencial en la elaboración creadora en el campo pedagógico y de su influencia social.

El SNTE debe liberar a los trabajadores de la educación, especialmente a los profesores, de los controles políticos para beneficio de los líderes y contribuir al desarrollo democrático de una de las fuerzas que puede ser fundamental para el desarrollo del país y la vida democrática de México, pero sobre todo, para darle un impulso renovador a la Escuela Pública.
La Cofemer advierte que entre los comentarios recibidos por representantes de la industria de alimentos y botanas, el impacto económico sería mucho mayor al estimado por la SEP en los lineamientos de referencia. Tan sólo la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) reportó que el impacto sería de 117 mil 784 millones de pesos tan sólo en activos para la reconversión industrial; la empresa Pepsico -productora de los refrescos Pepsi-, tan sólo para reformulación y cambio de presentación de productos, invertiría 10 mil 600 millones de pesos.

En el mes de octubre, los profesores revisarían la lista de comida chatarra para excluirlas de los establecimientos de consumo escolar para el expendio o distribución de los alimentos y bebidas destinados a los niños y jóvenes de las escuelas, y que en un pasado no muy lejano se conocían como “cooperativas escolares”, inspiradas en el colectivismo comunista, y eran un medio de educación productiva y de consumo escolar.

Conozco varios casos en donde los directores de escuela, convienen con los padres de familia para rotarse la elaboración de los desayunos que consumen los niños en las escuelas, elaborados con criterios médicos y de salud, cito el caso de la directora Irma Ofelia Viveros Córdova, del jardín de niños de la colonia Sarabia de la ciudad de Tehuacán y al colegio Montessori Educrea, de la ciudad de Puebla.

Estoy dando mis primeros pasos, “a tontas y a locas” en las llamadas redes sociales, sería bueno que podamos generar un movimiento en las redes para romper el aislamiento que las burocracias de la SEP y el SNTE mantienen contra el magisterio, para difundir las distintas experiencias que se producen en nuestro país, particularmente en la aplicación de la Ley antiobesidad.

Siguiendo el ejemplo de los profesores comunistas de San Luis Potosí contra el movimiento cedillista, ampliemos los espacios de participación magisterial, sin reservas, sin exclusión de participación política o creencias religiosas ó ideológicas, sin censura, en resumen, tomemos la palabra y rescatemos la utopía perdida y nuestra libertad para decidir una nueva trayectoria pedagógica de la Escuela Pública, como ya lo hacen los profesores de Educación Física de

El autor es profesor del Bachillerato General Matutino del Benemérito Instituto Normal del Estado de Puebla hernandez_luis21@yahoo.com.mx

Genera incertidumbre laboral dictamen de la SCJN sobre recorte a pensiones: abogado


Amaga oleada de demandas de empresarios y trabajadores contra el IMSS, advierte

Considerarán que “pagaron cuotas de más” si se fija el tope en 10 salarios a los nuevos jubilados, dice


Fachada del edificio principal del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Paseo de la ReformaFoto José Núnez
Julio Reyna Quiroz

Periódico La Jornada
Lunes 26 de julio de 2010, p. 27


Empresarios y trabajadores podrían emprender una “oleada” de demandas legales contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para demandarle una retribución de cuotas, en caso de que el consejo técnico de este organismo decida aplicar los criterios emitidos la semana pasada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre la reducción en el porcentaje de las jubilaciones.

El abogado Mario Yáñez, de la firma Santamarina y Steta, explica en entrevista que el fallo de la Suprema Corte provoca incertidumbre en el ámbito laboral, y advierte que, de aplicarse, generará impactos negativos en las finanzas de las empresas y en el mismo IMSS, así como en las percepciones monetarias de los nuevos jubilados.

La SCJN emitió una resolución según la cual se reduce de 25 a 10 veces el salario mínimo el tope de las jubilaciones, lo que significará una merma hasta de 60 por ciento en los ingresos de los trabajadores retirados.

El Seguro Social estudia si decide aplicar los criterios de los magistrados mediante el consejo técnico, mientras la iniciativa privada, legisladores y juristas han criticado la resolución del máximo tribunal.

Yáñez explicó que muchas empresas cuentan con planes de pensión privados en los que existen recursos garantizados, y parte de los fondos es la prestación que otorga el IMSS, en tanto el empresario otorga un remanente.

Las aportaciones en esos planes se sustentan en los 25 salarios mínimos, pero si se aprueba el fallo de la SCJN el monto de dinero que se entregará a los trabajadores será menor, afirmó el especialista. Los recursos faltantes deberán ser cubiertos por los patrones para poder garantizar las pensiones bajo ese sistema.
Al cubrir ese hueco, afirmó Yáñez, las empresas sufrirán un impacto contable y financiero, lo que explica en mucho las críticas del sector privado tras la decisión de la Suprema Corte.

Por otro lado, si se fija el tope en 10 salarios mínimos a los nuevos jubilados, las aportaciones hechas “habrán volado”, por lo que patrones y trabajadores considerarán que pagaron cuotas de más al Seguro Social, manifestó Yáñez.

Perjuicios a desempleados

El nuevo criterio de la SCJN perjudicará además a las personas desempleadas que decidieron continuar aportando sus cuotas al seguro en forma voluntaria, advierte el abogado.

Por todo lo anterior, Yáñez consideró que si el consejo técnico del IMSS aprueba los criterios de la Corte sobrevendrá una avalancha de demandas solicitando la devolución de cuotas pagadas en exceso, y si se resuelven en favor de los quejosos el impacto financiero en el organismo de salud será importante.

“Definitivamente se ha dicho en los últimos años que las finanzas del Seguro Social no son sanas”, y las demandas lo afectarán aún más dadas las cantidades que deberá devolver, aseguró Yáñez.

Sostuvo que la resolución de la Corte, más allá de si es justa o no, genera incertidumbre en mucha gente porque no sabe cuál es el monto de sus pensiones y desconoce en qué terminarán sus aportaciones de varios años atrás.

Historia de la represión contra los maestros.

Gerardo Peláez Ramos/Rebelión.org/27-07-10
La represión en contra del magisterio democrático en México ha sido y es realmente gigantesca, si tomamos como punto de partida el año 1971. E l 8 de octubre de ese año, en La Barca, Jalisco, se produjo el asesinato de César Augusto Manzanero, militante del Movimiento Revolucionario del Magisterio. El 30 de junio de 1973, fue liquidado el profesor Joaquín Sánchez, dirigente del MRM, en Tlapa, Guerrero, luego de ser torturado. La Policía Judicial del Estado de Guerrero secuestró, el 2 de septiembre de 1974, a Jacob Nájera Hernández, militante del MRM y de la Unión Sindical de Catedráticos de la UAG; su cuerpo jamás aparecería. Tras sufrir horribles torturas cayó, el 5 de enero de 1975, el líder sindical Hilario Moreno Aguirre, a quien la policía intentaba hacer que delatara la labor de solidaridad del Partido Comunista Mexicano con el Partido Guatemalteco del Trabajo; al no lograr que Hilario hablara, “se les pasó la mano” y el militante murió en la sala de tortura.

Cabe aclarar que es tomado el año 1971 como punto de arranque, porque en 1972 arribó a la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el Movimiento 22 de Septiembre, que en 1974 se convertiría en Vanguardia Revolucionaria del SNTE, bajo la jefatura de Carlos Jonguitud Barrios; perdió la vida Genaro Vázquez Rojas, y dio comienzo el proceso de insurgencia sindical con la democratización de la Sección 67 (Fundidora Monterrey) del Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, el enfrentamiento ferrocarrilero de la capital de Nuevo León, la formación del Sindicato Nacional de Empleados de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares (proyecto que no fructificó por restricciones legales) y la huelga del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, nacida en diciembre de 1979, ha sido y es objeto de medidas represivas prácticamente desde su fundación. El 30 de enero de 1981, en el estado de México, fue asesinado el dirigente magisterial Misael Núñez Acosta. El 15 de febrero de 1982, en Hidalgo, fue herido el profesor Pedro Palma, quien moriría un mes después. El 30 de marzo de 1987, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue acribillado el compañero Celso Wenceslao López Díaz.

Durante ciertos períodos la represión llegó a extremos criminales. En un documento de la Comisión Permanente de la CNTE, fechado el 22 de octubre de 1987, se informaba: “La represión se ha venido recrudeciendo en los últimos días con los atentados del día 15 de octubre, en donde resultaron asesinados los profesores René Abacú, Cruz Cisneros y Adelina Olmos Martínez en la desviación de Achayuco en Jamiltepec, Oaxaca, acribillados con escopeta calibre 16-20 y R-15; los maestros pertenecían a la Zona Escolar 1010 de Jamiltepec. Los hechos sucedieron a las 8:00 horas.

“El 18 de octubre a las 8:30 horas, el trabajador de intendencia de la Escuela Normal de Cacahuatepec, Oaxaca, C. Respicio Peláez Carrillo y el padre de familia de esa escuela, C. Baltazar López, fueron asesinados por tres pistoleros que dispararon por la espalda en el autobús en que viajaban los hoy occisos. También resultó herida la profesora Cecilia Melo Torres.

“El 20 de octubre a las 8:30 horas una manifestación de maestros democráticos, que se realizaba en la población de San Agustín Atenango, Silacayoapan, Oaxaca, fue agredida por un grupo de “vanguardistas”, resultando muerto el profesor Cenobio Fito López Reyes, y heridos los profesores Manuel Crisóforo Narváez, Zeferino Aceves Vázquez, José Martínez Hernández, Pablo Díaz Solano, Eduardo Cortés Ocaña y Ricardo Pérez Rojas. Los asesinos materiales son los “vanguardistas” Félix Gálvez Lagunas y Carmelo Vázquez Palma… ”

Los caídos del magisterio, a lo largo de cuatro décadas, son más de cien en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, estado de México, Hidalgo y otras entidades federativas, por no hablar de las represiones violentas de manifestaciones, mítines y plantones; desalojos de instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, el SNTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras dependencias oficiales; así como de secuestros, desapariciones, detenciones, juicios, encarcelamientos, persecuciones, golpizas y actos terroristas contra las casas-habitación de dirigentes. Los últimos gobiernos populistas y los sexenios neoliberales del Partido Revolucionario Institucional no se diferencian gran cosa de los gobiernos proempresariales, antiobreros y entreguistas de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, aunque estos dos “políticos” sí han desatado una enorme matazón de mexicanos en una supuesta guerra contra el crimen organizado, han soltado a la reacción ensotanada, han suscrito acuerdos vendepatrias con Estados Unidos y se han embarcado en actividades foráneas en las cuales coinciden con los gobiernos reaccionarios de Colombia, España, Costa Rica y Panamá, y, desde luego, con el de EU.

En fechas recientes el gobierno de Calderón la ha emprendido en contra del magisterio democrático, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el sindicato minero y otros organismos sindicales. En un remitido la CNTE plantea: “El espurio gobierno federal y sus aliados parecen estar dispuestos a llevar al país a la polarización social en extremo. Lejos de resolver los graves problemas económicos, políticos y sociales a través del respeto a los derechos de los mexicanos y al orden constitucional en general, insisten en criminalizar la protesta social derivada, precisamente, de las acciones antipopulares y anticonstitucionales promovidas por el mal gobierno”.

El pasado 6 de julio fue aprehendido el profesor Ignacio Díaz Montes, de la Sección XIX (Morelos) del SNTE, siendo liberado bajo fianza al día siguiente.

Los jerarcas institucionales de la Sección VII (Chiapas) del SNTE, Rosendo Galíndez y Javier Álvarez Ramos, envueltos en actos de corrupción y amafiados con el gobierno de Juan Sabines, impulsaron la privación ilegal de la libertad de Alberto Mirón Vázquez, quien desde el 7 de julio permanece secuestrado en la Quinta El Pitiquito, de Chiapa de Corzo, y aún no alcanza ser excarcelado. Policías federales y estatales asaltaron domicilios de sus familiares, amenazaron con armas de fuego y rompieron puertas y ventanas. Los charros locales, con el aval de Elba Esther Gordillo y el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, se proponen controlar la organización de los trabajadores encuadrados en la expresión local de la CNTE.

Cerca de las 21:00 horas del 12 de julio, en las inmediaciones del domicilio social del Sindicato Mexicano de Electricistas, fue detenido el profesor Eugenio Rodríguez Cornejo, secretario de Relaciones del Comité Ejecutivo de la Sección XVIII (Michoacán) del SNTE y miembro de la Comisión Negociadora en la reciente Jornada de Lucha Nacional, por policías federales, con pistolas reglamentarias y a bordo de una camioneta sin insignia alguna. Fue trasladado al Reclusorio Sur siendo acusado de dañar el patrimonio cultural de la nación, acusación completamente falsa. Tres días después fue liberado bajo fianza.

Para seguir en la misma línea de agresiones a la CNTE, el 16 de julio fueron aprehendidos los profesores Pedro Gómez Bamaca y Misael Palma López, integrantes de la dirección política estatal del Bloque Democrático del magisterio chiapaneco. Asimismo, fueron apresados el doctor Víctor Hugo Zavaleta Ruiz, de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, y Caralampio Gómez Hernández, líder de la Organización Proletaria Emiliano Zapata.

Con el objeto de poner alto a la persecución y aprehensión de más trabajadores de la enseñanza, a quienes se acusa, sin fundamentos, de asociación delictuosa, atentado contra la paz y otros delitos sólo existentes en la mente de los gobernantes chiapanecos y federales, el secretario general de la Sección XXII (Oaxaca) del SNTE, Azael Santiago Chepi, se trasladó a Chiapas para sostener negociaciones con los funcionarios correspondientes y buscar una salida política.

Los cargos inventados, las detenciones y las amenazas de generalizar la represión contra el magisterio tienen que ver, como dicen los corresponsales de La Jornada, A. Mariscal y E. Henríquez, “…con la movilización de mayo pasado, en la que exigieron a la dirigencia de la sección 7 del SNTE, encabezada por Rosendo Galíndez, liberar la caja de ahorro de los maestros.

“Ante estas acciones, los mentores, apoyados por los sindicalistas del sector salud y campesinos, realizaron protestas. La más reciente fue este viernes, cuando los profesores efectuaron un plantón programado para ser indefinido, pero fue suspendido más tarde ante la detención de Misael Palma López y Víctor Hugo Zavaleta.

“La noche de este sábado, unos cien profesores del bloque democrático se encontraban dentro de las instalaciones de una secundaria técnica en Tuxtla Gutiérrez, sitiados por policías estatales y personas vestidas de civil a bordo de motocicletas y vehículos sin placas, con el riesgo de ser detenidos”.

Son claras las intenciones del gobierno de facto de Felipe Calderón Hinojosa: liquidar los sindicatos de clase, promover la ausencia de organizaciones representativas de los trabajadores y, de existir asociaciones de estos últimos, estimular la creación de sindicatos blancos, con la Federación Nacional de Sindicatos Independientes como centro de aglutinación del sindicalismo de inspiración patronal.

Pero con el resurgir de la acción obrera y los sindicatos clasistas en Grecia, España, Colombia, Perú y otros países, incluido el país con el mayor número de obreros y empleados asalariados en el mundo, China, la caricatura panista de gobierno federal se apresta no a resolver la crisis, sino a aplicar medidas de endurecimiento político, en tanto continúa favoreciendo el enriquecimiento de Carlos Slim, Ricardo Salinas, Germán Larrea, Jerónimo Arango y Emilio Azcárraga Jean, de la gran burguesía mexicana en general y de los monopolios extranjeros, mientras los trabajadores ven disminuir los salarios, reformular de forma regresiva los contratos colectivos de trabajo, empeorar las condiciones de higiene y seguridad, y privatizar y empobrecer los instituciones de seguridad social, como parte inseparable del proyecto y programa neoliberales.

domingo, 25 de julio de 2010

En respaldo a los jubilados

Nota en el Correo Ilustrado.
La Jornada.

El infortunio acecha a los jubilados con motivo de la reducción de sus pensiones. Esto imposibilitaría a los jubilados compartir su pensión con sus hijos y nietos desempleados para que vivan ante la crisis económica actual. Los senadores de PT, PRI y PRD que se están pronunciando en contra de este acto y retoman su defensa como un deber ser son dignos de aplauso por miles de jubilados, para que no se vean afectados. A la honorable CNDH le hacemos una petición para que se haga un seguimiento de esta situación y si se afectan los derechos humanos de la tercera edad, como lo estipula la ONU para una vida digna, se emitan medidas cautelares para los jubilados en forma expedita.

Promotores DH STUMAM: Francisco Castro Meléndez, Alicia Andrade Rodríguez, Ana María Solares Basaldúa, Oralia Fragoso, Catalina Alvarado Vera, Julieta Ramírez, María de Lourdes Galindo, Julieta Ramírez y varias firmas más

Elevar cuotas para afiliados al seguro de salud para la familia, plantea el IMSS

Necesario, modificar la ley del instituto, apunta informe financiero

Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada
Domingo 25 de julio de 2010, p. 4
La descapitalización del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) proviene de diversas áreas, entre ellas el seguro de salud para la familia (Ssfam) –el cual reporta un déficit equivalente a 1.4 por ciento del producto interno bruto (PIB)– y las erogaciones para la atención médica de 2.6 millones de pensionados, indica el informe financiero 2009-2010.

El documento advierte que se requiere modificar la Ley del Seguro Social con el fin de incrementar las cuotas de los afiliados al Ssfam. Es una necesidad reportada por el organismo desde varios años atrás, sin que a la fecha se haya concretado cambio alguno.

Respecto al gasto médico de pensionados (GMP), uno de los ramos que integran el seguro de enfermedades y maternidad –con un déficit de más de 50 por ciento–, el informe propone que el Estado realice una aportación económica similar a la que hace para cada trabajador en activo.

En la reforma legal que entró en vigor en 1997 se estableció la obligación del Estado de aportar una cuota diaria equivalente a 13.9 por ciento del salario mínimo vigente en el Distrito Federal, la cual se actualiza trimestralmente con base en el índice nacional de precios al consumidor.

Sin embargo, nada se propuso para los servicios médicos de los pensionados, tema que el IMSS también ha planteado desde hace años. Ahora de lo que se trata es de fortalecer los ingresos del ramo de GMP, el cual cubría hasta el 31 de diciembre de 2009 a 2 millones 677 mil 264 personas.

La medida representaría ingresos adicionales por 9 mil 304 millones de pesos en 2011, lo que se traduciría en una ligera reducción del déficit del seguro médico, el cual se ubicaría en 12 mil 747 millones de pesos.

De no hacerse nada, el faltante ascendería a poco más de 22 mil millones de pesos, y para 2020 el monto sería de más del doble (57 mil 470 millones).

Para aplicar esta medida se requiere modificar el artículo 25 de la Ley del Seguro Social, explica el informe presentado por el IMSS ante el Ejecutivo federal y el Congreso.
Acerca del Ssfam, menciona que existe “una disminución drástica en términos relativos de las cuotas de los asegurados respecto de su participación con relación a los gastos totales”. Mientras en 2001 se registraron ingresos equivalentes a 35.8 por ciento de los gastos, en 2009 el porcentaje se ubicó en 16.6.

Resalta que también las aportaciones del gobierno federal disminuyeron, pero en menor proporción, pues pasaron de 23.4 por ciento en 2001 a 16.8 en 2009. Para 2010 el déficit es de 3 mil 623 millones de pesos.

De ahí la necesidad de revisar el esquema de financiamiento y establecer cuotas de afiliación suficientes para equilibrar los ingresos y gastos del Ssfam. Si a partir de 2011 se incrementaran las tarifas, representaría un ingreso adicional de 4 mil 986 millones de pesos. El monto crecería cada año, aunque sólo alcanzaría para aliviar en algo el déficit financiero del instituto, pero no se traduciría en años adicionales de suficiencia financiera.

El informe sobre la situación financiera del IMSS también resalta que con la finalidad de aliviar la crisis por la que atraviesa, se ha emprendido una serie de acciones, como los programas de austeridad, la reducción de costos en la compra de medicamentos y una baja en varios rubros de gasto corriente.

Advierte sobre la importancia de “redoblar esfuerzos” para extender a las finanzas institucionales los beneficios de esas y otras medidas.

También resalta que dada la trascendencia que tiene el Seguro Social para la salud y la vida de los mexicanos, debe ser prioritario avanzar en las propuestas y la aplicación de medidas que le permitan mejorar su eficiencia, con miras a impulsar una cobertura universal de salud.

Legisladores demandan comparecencia de Karam sobre recorte a pensiones




“Queremos que nos diga si está del lado de la Corte y su injusto criterio jurisprudencial”

Manifestación en demanda de cambios a la legislación sobre el retiro, el pasado día 7Foto José Carlo González Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Domingo 25 de julio de 2010, p. 4

Las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante la Comisión Permanente afirmaron estar dispuestas a revertir la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que vulnera la seguridad social al disminuir el tope de las pensiones. De entrada, los priístas impulsan que se cite a comparecer con carácter urgente al director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam.

“Queremos que el funcionario nos diga de lado de quién está: de la Corte y su injusto criterio jurisprudencial o de los trabajadores que verán afectados de manera dramática sus ingresos al jubilarse”, apuntó el senador priísta Fernando Castro Trenti.

Expuso que con esa tesis de jurisprudencia –que baja de 25 a 10 salarios mínimos el tope de las pensiones, lo que significa una reducción de 60 por ciento del ingreso que recibirá el trabajador cuando se jubile– el máximo tribunal se asume como “una Corte conservadora y de ultraderecha, que parece no comprender el significado de la seguridad social”. Añadió que “México fue el primer país en el mundo en elevar a rango constitucional” ese derecho.

Existe mucha preocupación entre los legisladores del PRI por ese criterio jurisprudencial aprobado por la segunda sala de la SCJN el pasado 9 de junio, por el que se fija un límite de 10 sueldos mínimos para las pensiones, con base en el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el 30 de junio de 1997, en lugar de los 25 minisalarios contemplados en la legislación actual, abundó.

En el momento en que se publique esa tesis, agregó, se afectará a un millón 217 mil trabajadores que hoy cotizan entre 11 y 25 salarios mínimos ante el IMSS. “Es un ataque a su patrimonio, una resolución inexplicable en un tribunal que debiera cuidar que sus resoluciones no vulneren la Constitución y el nivel de vida de los mexicanos.
“Les está quitando su patrimonio, los recursos que ahorraron durante toda una vida de trabajo, y eso es inadmisible, por eso en el PRI sostenemos que nos enfrentamos a un tribunal de ultraderecha.”

Explicó que a los legisladores del tricolor les interesa conocer la postura del director del IMSS porque hasta ahora ha guardado silencio, y es necesario que aclare al Congreso y a la opinión pública qué opina de esa tesis de la Corte y si está dispuesto también a rechazarla, como han hecho ya los organismos empresariales y sindicales del país.

“De cualquier forma, en el PRI tenemos claro que nuestra responsabilidad es legislar para proteger las pensiones y mejorar el nivel de vida de los jubilados.”

Por ello, además de las medidas que se tomen en busca de revertir esa tesis, de la petición a la Corte de dar marcha atrás en esa resolución, durante la sesión del próximo miércoles de la Comisión Permanente van a pedir a la Cámara de Diputados que se dé trámite a iniciativas que tienen que ver con mejoras a los pensionados.

Señaló de manera especial los dos proyectos de reforma a la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta presentados en febrero pasado, a fin de que queden exentos del pago de ese gravamen las pensiones, los haberes de retiro y las pensiones vitalicias, toda vez que en la actualidad deben pagar ese tributo cuando son superiores a nueve salarios mínimos.

Especialistas han puesto en entredicho ese gravamen, ya que las pensiones no son salarios, y aplicarles el ISR es una doble tributación, toda vez que se constituyen de aportaciones regulares por las que el pensionado ya pagó impuestos.

Más pobreza, con ajuste a pensiones, dice académica

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Sábado 24 de julio de 2010, p. 8
Reducir el monto de las pensiones de los trabajadores que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una decisión que lesiona gravemente sus condiciones de vida, cuando lo que debería hacer el gobierno es ofrecer beneficios laborales y de seguridad a más gente, incluida aquella que está en el sector informal o no tiene empleo.

Así lo afirmó Celia Pacheco Reyes, académica e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Xochimilco (UAM-X), quien avizoró un aumento de la precariedad en la que de por sí sobreviven millones de personas en México.

La iniciativa, tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afectará en particular a los trabajadores que tienen empleos formales, con prestaciones y seguridad social, quienes aun así en muchas ocasiones ni siquiera pueden disfrutar de dichos beneficios, a causa del alto índice de renuncias y despidos.

Mientras que en México hay millones de personas que carecen de estas condiciones laborales mínimas, señaló, en países como Venezuela, Argentina e India están comenzando a aplicar esquemas para que los trabajadores en el sector informal, los jubilados y los desempleados tengan acceso a ciertos programas sociales.
En vez de cubrir huecos en el presupuesto con el dinero de los empleados, dijo, sería necesario revisar los fondos de las pensiones para los altos funcionarios, quienes en ocasiones trabajan sólo cinco o seis años y se retiran con bonos altísimos.

Recorte arbitrario

Por su parte, la profesora Gabriela Bensusán, también de la UAM-X, advirtió que la decisión de la SCJN es un “recorte arbitrario” del límite superior para fijar pensiones –de 25 salarios mínimos a sólo 10–, que en realidad busca resolverle un problema de financiación a la Secretaría de Hacienda, pasando sobre los derechos de la gente.

Al basarse en un artículo de la Ley del Seguro Social derogado en 1997, los ministros están incurriendo en un acto sin fundamentos, y se ponen al servicio de los grandes poderes económicos.

El problema del IMSS tiene que ver con los altos índices de desempleo, el recorte de las cuotas obrero-patronales y la privatización de los recursos de los trabajadores mediante las administradoras de fondos para el retiro (Afore), entre otros elementos, y para resolverlo el actual modelo económico tiene que cambiar, afirmó.

Crisis financiera y solidaridad, argumentos del máximo tribunal


Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Sábado 24 de julio de 2010, p. 7

La Suprema Corte de Justicia de la Nación arremetió contra el derecho de más de 1.2 millones de trabajadores afiliados al IMSS para retirarse con pensiones y jubilaciones dignas, con los argumentos de salvar al instituto de la crisis financiera y mantener el apoyo solidario de quienes ganan más a los menos favorecidos.

La contradicción de tesis 143/2010 con los criterios sustentados por los tribunales colegiados números 12 y 13 en materia de trabajo, elaborada por el ex director jurídico del IMSS y hoy ministro Sergio Valls –de la que se tiene copia– argumenta “que en el rubro de los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, el porcentaje del salario base de cotización sería canalizado tanto para financiar el otorgamiento de las pensiones respectivas, como para constituir reservas técnicas que permitan el mejoramiento de las mismas.

“De esta forma resulta claro que el límite superior de 25 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, previsto en el artículo 33 de la abrogada Ley del Seguro Social, está vinculado únicamente para las prestaciones que otorga la ley en los seguros de enfermedad general y maternidad; mientras que el límite superior de 10 veces el salario mínimo citado, regirá y servirá de tope salarial para los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte.”

Por tanto, refiere el documento, de 51 cuartillas y de uso reservado, los recursos de un ramo de seguros no pueden usarse para financiar otros. El salario base de cotización para la invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte será únicamente el destinado para ese sector y tendrá como límite superior el equivalente a 10 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. De ahí que ese límite debe aplicarse al salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización, que sirve de base para cuantificar las pensiones correspondientes.

Los ministros respaldaron los argumentos de Valls quien, conocedor de los recovecos legales en torno a los seguros del instituto, convenció con facilidad a sus pares al recordarles que “cada rama de aseguramiento tiene autonomía financiera y los recursos no pueden sufragar ramas distintas, de manera que los generados para los seguros de enfermedad general y maternidad serán encauzados para ampliar su cobertura, aumentar la eficacia de los servicios médicos y continuar con la reposición y modernización del equipo, mientras que los de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte serán canalizados para financiar el otorgamiento de las pensiones respectivas, de ahí que el límite previsto a este último debe aplicarse al salario promedio de las 250 semanas de cotización, que sirve de base para cuantificar las pensiones correspondientes.”
El fallo de la segunda sala de la SCJN argumenta que sí se confirmó la contradicción de tesis entre los referidos tribunales colegiados en materia de trabajo del primer circuito.

Esto es así porque uno consideró que el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización, con que debe cuantificarse la pensión de vejez, no puede exceder el límite de 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, establecido en el segundo párrafo del artículo 33 para los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte.

Y el otro estimó que el referido límite de 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal debe entenderse aplicable únicamente para determinar el tope máximo del salario base de cotización, pues de lo contrario se contravendría el primer párrafo del citado numeral, en tanto estatuye un límite superior de cotización de 25 veces el salario mínimo.

La Corte, en su texto, toma argumentos del Congreso federal para justificar su conducta, considerada por muchos como antiética: el IMSS “requiere mecanismos renovados que le permitan sobreponerse a difíciles retos económicos y fortalecerse para no demeritar la calidad del servicio al que tienen derecho los trabajadores y sus familias; una mayor expectativa de vida de los mexicanos impacta los recursos que deben destinarse a la calidad y duración de los servicios, así como a las prestaciones que deben otorgarse.

“El aumento de costos y la conservación de cuotas menores al valor real de las prestaciones e inversión institucional, han propiciado un debilitamiento de las estructuras financieras; se considera que la única fuente legal de financiamiento del instituto la constituyen las aportaciones de los tres sectores que lo conforman; se pretende alcanzar la autonomía de todos los ramos de aseguramiento: enfermedades y maternidad, por un lado; e invalidez, vejez, cesantía de edad avanzada y muerte, por otro; el aumento a cuotas se canalizará tanto para resarcir al instituto del último incremento a la cuantía mínima de pensiones, cuanto a constituir reservas técnicas para el mejoramiento de las mismas.

“Y se consideró conveniente mantener como el límite superior de la base de cotización el de 25 salarios mínimos, para el resto de los demás ramos de seguro, excepto para invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, como fue aprobado en 1992 para el retiro, con la finalidad de propiciar que los trabajadores con mayores ingresos continúen apoyando de manera solidaria los servicios de aquellos menores favorecidos.”
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