viernes, 18 de marzo de 2016

La escuela al centro

 
Luis Hernández Montalvo.
 
En un reducido e incómodo espacio escolar tiene lugar la XV Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas que preside el señor Aurelio Nuño Mayer; Secretario de Educación Pública.
 
El funcionario está muy serio; se puede afirmar que se muestra nervioso, está rodeado de los gobernadores del país. Tal vez se encuentren los Secretarios de Educación en las entidades federativas. Los asientos son incómodos y en los rostros rígidos de los invitados, se adivinan con nostalgia los grandes escenarios a los que han sido acostumbrados en eventos de esta naturaleza. Hay impaciencia en los invitados, quieren saber que nuevas responsabilidades les van a imponer desde el centro. Las autoridades educativas, no son convocadas a dialogar, solo a escuchar las directrices del Secretario del ramo, nada más, por eso prefieren guardar silencio.
Corre el rumor que ahora sí habrá anuncios inteligentes; “de gran calado”, dice un gobernador con tono de sorna. La reunión en verdad apenas dará a conocer el Primer Objetivo de la Reforma Educativa.
 
No hay grandes letreros, ni la exaltación de los símbolos nacionales; apenas el anuncio se puede leer en un pequeño espacio del pódium que eleva la figura del funcionario por encima de los invitados a la puja. El recinto parece una sala de subastas. De pronto, el Secretario sonríe en una mueca que muestra su boca seca y ante una mirada panóptica que domina el escenario unos “ojos que dan pánico soñar”, se apoderan del espacio y se anuncia el Programa: “La escuela al centro”.
 
No hay nada nuevo. “La escuela al centro” es una frase mediática o que pretende ser mediática. La retórica del Secretario provoca un intercambio de miradas cómplices. La vaciedad de la propuesta provoca asombro y tedio y una indignación silenciosa, los rostros son más que expresivos, destacando el del señor gobernador de Morelos que lo flanquea a la izquierda de la geometría política. La retórica del Secretario refleja la necedad en aferrarse en una Reforma Educativa que no lo es y que solo existe en la sandez de sus palabras y en la simpleza de sus planteamientos. De manera vacilante lee las tarjetas que le escribieron sus asesores.
 
El señor Aurelio Nuño Mayer y los gobernadores están solos y aislados de la sociedad; se convocan porque se auto designaron autoridades educativas, pero están solos. Los rodean las fuerzas de seguridad y las armas policiacas, pero nadie más. Los maestros hemos sido humillados y vejados por las fuerzas represoras del país.
 
En un ambiente de terror y de inseguridad laboral, apenas víctimas de la violencia que cobra la libertad de miles de mexicanos y la vida de innumerables educadores sacrificados frente a sus alumnos o asesinados en el monte.
 
¿Cuántos de los 26 mil desaparecidos son profesores rurales cuyo único delito era trabajar el abecedario y el cálculo con los niños y jóvenes de la patria?
 
Ahora, con el más absoluto cinismo se afirma que las escuelas son o tal vez serán el eje de la transformación educativa. En el atropello de la palabra y en el insulto a la memoria, se anuncian los seis puntos del Plan. El primero de ellos, anuncia la creación de la figura del subdirector administrativo. En nuestra próxima entrega abordaré este tema y sus inmoralidades.
 
Aquí se promete llevar más recursos a las escuelas y crear en cada escuela, un presupuesto propio “para fortalecer la autonomía de la gestión de acuerdo con la matrícula y su nivel de rezago”. A la par del anuncio, 15 800 instituciones inscritas en el Programa de Escuela Digna no mejoraron y el presupuesto aprobado a finales del año pasado, deja a estas instituciones en la orfandad ante la falta de recursos públicos. El compromiso de cumplir las metas del Programa “Escuelas de Tiempo Completo”, un recurso retórico del anterior Secretario de Educación Emilio Chuayffet, a menos de tres años de su anuncio, se va al bote de la basura. La lucha de facciones en el gobierno, también es a muerte y por eso, el nuevo modelo educativo, ni se construye, ni se rediseña.
 
La enorme burocracia política que domina los espacios de decisión en la educación pública llegó al espacio escolar para administrar los recursos públicos en beneficio de facción pero no saben lo que pasa en el aula. Ellos compraron un millón de laptos, pero nada más. Ahora, nadie sabe cómo darles un uso pedagógico racional. Compraron y distribuyeron recursos tecnológicos, pero se les olvidó capacitar al magisterio. El año que corre, tiene un presupuesto deficitario, que confirma nuestras sospechas que debemos esperar otros tiempos, aquellos que muevan a los maestros desde las aulas para que recobren su dignidad y rompan con los controles burocráticos del SNTE y de la SEP.
 
Aurelio Nuño dice que su administración fortalecerá a los Consejos Técnicos Escolares, apartándolos de su actual centralidad para dejarlos al criterio de cada director de escuela. Una propuesta altamente centralista y centralizadora, ahora por otra decisión, pierde impulso e interés. Lo que construye el actual funcionario y su grupo de asesores, tiene como gesto, la destrucción del trabajo de su antecesor, pero fundamentalmente, dejarle al país un magisterio moralmente devaluado.
 
Los profesores debemos abandonar las ataduras que nos subordinan, debemos recuperar la palabra y pedir cuentas a la SEP y creer en nosotros mismos, en nuestra fuerza moral y no delegar en otros lo que es responsabilidad del magisterio y lo que ocurre en el aula y en la escuela, no hay que perder la fe y la esperanza de lograr un destino común de ciudadanos y de constructores de ciudadanía. (12 de marzo de 2016)  
 

viernes, 29 de enero de 2016

Ahorro para el retiro: las tareas de Hércules

Víctor M. Quintana S.
 
Hércules la tuvo más fácil cuando debió enfrentar al Minotauro de Creta que quienes buscamos recuperar los fondos que aportamos al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Lo peor de la burocracia del gobierno y de las Afores se confabula para quedarse con los recursos de los trabajadores o, cuando menos, para permitirse jinetear el dinero ajeno el mayor tiempo posible.
Si se volviera a convocar a un concurso para evaluar cuál es el trámite más complicado y engorroso, como hace años lo hizo Calderón, pocos tendrían tantas posibilidades de ganar como el de que un trabajador recupere su ahorro para el retiro. Discúlpeseme que traiga a colación mi experiencia personal en el laberíntico proceso que he seguido para recuperar lo que ahorré en el Pensionissste:

Primera tarea: encontrar el módulo de Pensionissste. Resulta que esta Afore no cuenta con locales propios; está de arrimada en otras dependencias. En Chihuahua, en un rincón de la biblioteca del Issste o en un recoveco del edificio de Servicios Educativos. Una vez localizado el módulo, hay que esperar los improbables y cambiantes horarios de atención.

Segunda tarea: la primera remesa de documentos. Le piden a uno la hoja única de servicios, identificación, comprobante reciente de domicilio y dos referencias personales. Estas últimas no tienen razón de ser: uno está reclamando lo que legítimamente es suyo, pues lo ahorró, ¿para qué necesita referencias? Además, el nombre y apellidos de éstas no deben exceder un número determinado de espacios, pues el formulario no lo contempla. Y si se llevan recibos como comprobantes de domicilio, cualquier detalle en éstos puede hacer que todo el trámite sea devuelto por el omnipotente centralismo mexicano.

Tercera tarea: volver a enviar la documentación. En mi caso, se me notificó luego de dos meses que mi trámite estaba misteriosamente atorado en México y, por tanto, que tenía que enviar de nuevo todos los documentos.

Cuarta tarea: recabar la segunda remesa de documentos. Una vez superados los obstáculos anteriores, le piden a uno que entregue la constancia de aportaciones al SAR, a pesar de que la hoja única de servicios lo señala. Aquí hay que vérselas con la dependencia donde uno prestó sus servicios, que la mayoría de las veces pone otra larga serie de obstáculos. O acudir a la Condusef (sí, a la Condusef) para que ésta exija los estados de cuenta a las instituciones donde esté depositado. Además, exigen que se presenten los talones de pago del periodo en que se cotizó. Aunque esto haya sido hace diez, quince, veinte, veinticinco años.
 
Si esta maraña de tramitología es ya de por sí difícil para un profesionista y ex funcionario y servidor público, ¿qué será para una persona con poca experiencia en este medio burocrático, para un intendente, por ejemplo? Simplemente es para confundir o desanimar a cualquiera. Algo parecido les sucede a quienes tratan de recuperar su ahorro en las diferentes Afores. Se trata de una carrera de sobrevivencia de los más aguantadores.
 
¿Por qué tanta complicación para recuperar el dinero que legalmente pertenece al trabajador? Porque las Afores, incluyendo el Pensionissste, hacen lo posible por quedarse con él, porque es un dinero que ya tienen invertido para obtener ganancias para ellas, no para el ahorrador. Véase el excelente trabajo de Víctor Cardoso en La Jornada del 26 de enero. En él señala con datos de la Consar que 25 por ciento de los fondos para el retiro, equivalente a 466 mil 512 millones de pesos, se destinan a financiar la deuda privada. Otros 277 mil 100 millones se destinan a proyectos de infraestructura. O sea, que mientras sus ahorros son jineteados en favor de otros, los trabajadores pasan la pena negra por recuperarlos.
 
Esta situación viene a anular de facto el derecho de los trabajadores a su fondo de ahorro para el retiro. Hasta el momento no hay poder constituido que se eche el trompo a la uña para modificarla en servicio de las personas, en su inmensa mayoría, adultos mayores, vulnerables.
Urge diseñar y operar reformas legales y administrativas que simplifiquen toda la infernal tramitología para que las personas recuperen sus ahorros en un tiempo razonable, urge que se abran ventanillas únicas, accesibles, donde se puedan hacer todos los trámites. Urge que el Poder Legislativo enmiende algo de lo que hizo a mediados de los 90 cuando reformó con visión neoliberal todo el sistema de pensiones y legisle, aunque sea por única vez, para que todas las personas que desean recuperar sus precarios ahorros para su retiro, puedan hacerlo de manera expedita, sin complicaciones, sin demandar favores, sin pagar a intermediarios.
 

El PVEM será el ariete para reformar las leyes de pensiones del IMSS e Issste



Se pretende dar la puntilla a derechos de millones de trabajadores y sus familias

Roberto Garduño y Enrique Méndez
 
Periódico La Jornada
Viernes 29 de enero de 2016, p. 10
 
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que dice caracterizarse –desde su creación– por ser una organización que tiene como fin principal el cuidado y la conservación del medio ambiente, y se asume como conocedor del valor de la palabra comprometida, se convertirá en la punta de lanza en el Congreso federal para reformar las leyes del pensiones de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), con la consecuente afectación a millones de trabajadores que durante décadas han forjado derechos constitucionales.
 
Cómo aliado fiel del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el PVEM promoverá durante el próximo periodo ordinario de sesiones la reforma a las pensiones que pretende dar la puntilla a los derechos de los trabajadores afiliados al IMSS, y que han ganado derechos con la ley de 1973, y a los empleados del Issste inscritos en el artículo décimo transitorio, argumentando que ese sector de trabajadores significa un riesgo para el sistema pensionario de México.

De esa forma, los pevemistas se prestarán a la maquinación política de llevar ante el Congreso una propuesta que, además de ser impopular, será regresiva en materia del –ya por sí maltrecho– derecho laboral de los vapuleados trabajadores mexicanos.

Los argumentos del Partido Verde a favor de una iniciativa de tal calado y riesgo social son endebles y pobres. Su agenda legislativa así lo expresa: Reformas relativas a la restructuración del sistema de pensiones y ahorro para el retiro en México, las cuales, a consecuencia del aumento de la población y de su envejecimiento, representan una bomba de tiempo, pues llegará un momento en el cual la hacienda pública no tendrá capacidad de pago, generando un endeudamiento, déficit de las finanzas y mayores presiones al gasto. Se trata entonces de realizar una restructura del sistema para evitar la quiebra del mismo.
 
Con ello, el PVEM responsabiliza del déficit de las finanzas públicas y el endeudamiento gubernamental a los derechos pensionarios de millones de trabajadores.
 
Así, el partido confirma que seguirá insistiendo en concretar los planteamientos que anunciaron en campaña y que incluyeron como parte de su plataforma político-electoral en 2015. Esos temas son los controvertidos vales de primer empleo para jóvenes, inglés y computación en todos los niveles educativos, becas para no dejar la escuela, vales para atención médica y pago por generar agua limpia.
 
Esas propuestas han resultado utópicas y demagógicas, y han terminado por confundir a los ciudadanos, que finalmente cada tres años se convierten en la carne de cañón de los partidos políticos, y en especial del PVEM.
 
Aun así, propondrá reformar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley Federal de Derechos con la finalidad de crear un programa de pago de agua a los dueños de los bosques que la producen, cuyo objetivo será entregar vales mensuales de apoyo económico. Expedir una ley general de bienestar animal con la finalidad de garantizar la armonización legislativa que deberán hacer los estados y el Distrito Federal, ya sea adecuando las leyes existentes o creándolas en las entidades que no cuenten con la misma.
 
Reformar la Ley Federal del Trabajo para establecer que los patrones que emplean jóvenes al momento de llevar a cabo la contratación, siempre que se acredite que es su primer trabajo formal, obtengan un vale por el primer empleo, el cual será deducible de impuestos para el empleador considerándose como un incentivo fiscal para éste.
 
Reformar la Ley General de Educación para crear la obligación del Estado de garantizar que dentro de los planes y programas de estudio de la educación prescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, se contemple la impartición de por lo menos cuatro días a la semana de clases de inglés y computación.
 

martes, 19 de enero de 2016

Afores: proteger a los ahorradores

 
 
Editorial, La Jornada. 19 de enero de 2016.
 
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), una cuarta parte de la deuda de largo plazo de los grandes corporativos y empresas del país, equivalente a 466 mil 512 millones de pesos, fue financiada con recursos para la jubilación de los trabajadores mexicanos.
 
La importancia que los ahorros de los trabajadores tienen en la actualidad en el financiamiento de la deuda del sector privado ha ido de la mano de un riesgo cada vez mayor de pérdidas o minusvalías de esos recursos. Ello es atribuible al hecho de que las inversiones realizadas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), entidades encargadas de administrar los ahorros de los asalariados, se han empleado en forma creciente para invertir no en actividades productivas, sino en el mercado financiero.
 
Cabe recordar que, según información dada a conocer por la propia Consar, la volatilidad en tales mercados durante el año pasado provocó que las Afores presentaran rendimientos nominales magros, de alrededor de 1.5 por ciento. Ello equivale a que los ahorros de los trabajadores decrecieron en términos reales durante 2015.
 
La actual relevancia macroeconómica de los ahorros de los trabajadores en el país –los recursos de las Afores representan 14.19 por ciento del producto interno bruto nacional– tendría que llevar al gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar el correcto manejo y la administración prudente de esos fondos mediante instrumentos de inversión seguros y garantizados que sirvan, al mismo tiempo, de impulso para la reactivación de la economía nacional. A fin de cuentas, a nadie es ajeno que el actual sistema de ahorro para el retiro, basado en el lucro y la especulación financiera, plantea una estructura de incentivos proclive a las malas prácticas de las entidades financieras encargadas de administrar las cuentas individuales de los trabajadores y que colocan a éstos en situación de vulnerabilidad.
 
Es necesario que las autoridades volteen a ver los ejemplos que brinda la experiencia reciente en la arena internacional, particularmente la de países europeos en los que los ahorros de los trabajadores se han evaporado a consecuencia de la irresponsabilidad y la ambición de especuladores.
 
Acaso la única forma de conjurar el riesgo de que esos ahorros se esfumen por malos manejos o vaivenes en los mercados financieros sea una reformulación profunda, con sentido social y no empresarial, del sistema de ahorro para el retiro. Ante la falta de voluntad política para avanzar en ese sentido, lo menos que cabe esperar es que las autoridades refuercen los mecanismos de control y vigilancia para evitar que el país enfrente, en un futuro que se vislumbra de por sí complicado, escenarios de pesadilla.
 

miércoles, 9 de diciembre de 2015

¿Una evaluación educativa sustentada en la violencia?


 
 
Carlos Ímaz Gispert
 
En ningún país del mundo ha ocurrido nunca algo así. Si lo absurdo resulta de lo impensable, eso es justamente lo que está viviendo el magisterio mexicano.
 
¿Cómo explicar el despliegue de amenazas, golpes, fuerzas federales, vehículos blindados, denuncias penales y encarcelamientos contra maestros mexicanos… ¡para evaluarlos!?

Hemos visto ciudades sitiadas, con múltiples retenes policiacos para acceder a las sedes de la evaluación, que a su vez están fortificadas con enormes vallas metálicas y resguardadas por centenares de policías con fusil en mano. Hoteles rodeados de policías y de los cuales los maestros que serán evaluados no pueden salir, para finalmente ser trasladados en camiones o helicópteros policiales a las sedes donde no serán acompañados por personal capacitado por el INEE, sino vigilados por personal de seguridad privada vestido de negro.

Hemos sido testigos de que los maestros que participan en la dichosa evaluación no son tratados como ciudadanos que se dedican a una legal y digna tarea para la cual el Estado mexicano certificó su formación profesional, sino como reos peligrosos, mientras los profesores que protestan afuera de las sedes son tratados como delincuentes en activo y la evaluación se dirige a medir su tolerancia a los gases lacrimógenos y la resistencia de sus cráneos a los golpes de tolete.

Realmente es de locos... ¿o no es demencial gastar decenas de millones de pesos en alimentación, hospedaje y el traslado de maestros, policías y vehículos blindados para hacer un examen a un puñado de docentes, en lugar de invertirlo en construir y reparar escuelas? ¿No es una locura desplegar decenas de miles de policías para perseguir maestros y realizar una evaluación que, por decir lo menos, no sabe qué evalúa, mientras padecemos una delincuencia claramente desbordada?

Esto es aún más irracional si reconocemos que las reticencias de la mayoría de los docentes a la llamada evaluación docente tienen una justificación que va mucho más allá de las afirmaciones del gobierno de que se trata de una minoría que defiende privilegios ilegítimos. El documento firmado por una aplastante mayoría de los miembros del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, durante el 13 Congreso Nacional de Investigación Educativa, celebrado en noviembre pasado, da cuenta contundente de ello.
 
Además, el apoyo incondicional a la evaluación magisterial de la cúpula sindical del SNTE, hasta poco célebres elbistas, no hace más que abonar en la convicción de que se trata de una medida que nada tiene que ver con mejorar la educación pública, pues si algo ha caracterizado a estos codiciosos aliados del secretario de Educación es precisamente aquello que él denuncia en los maestros opositores: cinismo, corrupción, clientelismo, violencia y desinterés por mejorar la educación. Por cierto que otro aliado incondicional (promotor de la llamada reforma educativa) lo tiene en un conglomerado que mejor podríamos identificar con el lema de Empresarios Primero –que incluye al duopolio televisivo– y de los cuales no creo que nadie pueda seriamente decir que tienen algún interés educativo, salvo que hacer dinero y más dinero sea para ellos una meta pedagógica.
 
Sin embargo, la soberbia del secretario de Educación Pública, que se ufana de dichos soportes, se vuelve ridícula al contrastarla con su ineptitud para siquiera tener disponible el número de computadoras necesarias para atender a los maestros previamente acuartelados en hoteles, pero también peligrosa, pues, para esconder su propia incapacidad, ahora anuncia acción penal contra profesores ¡por sabotaje!
 
Escudos, toletes, gases, ve­hículos blindados y artillados se han convertido en herramientas didácticas de un secretario de Educación que cada vez que habla de la evaluación educativa, las palabras que más usa son: fuerza, castigo, policía, denuncia penal y encarcelamiento, al tiempo que ignora a muchos y prestigiados especialistas en educación que lo han emplazado a emprender una reforma educativa necesaria y respetuosa del magisterio y a los maestros agrupados en la CNTE que le han propuesto sostener un diálogo público donde demuestre las bondades de su proyecto. Es claro que está ciego de soberbia y que vocación educativa no tiene, pero, para acabarla de amolar, como su ilustrado jefe, confunde respeto con miedo, legitimidad con ley, voluntad con coerción y aprendizaje con castigo. Es de locos y así ni cómo entenderse.
 

Aprueban diputados la reforma que desaparece el Pensionissste

Legisladores de oposición advirtieron que la entidad podrá ser privatizada por decreto.
 
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Diputados del PRD, Movimiento Ciudadano y Morena tomaron la tribuna durante la sesion de la Cámara de Diputados en la que fue aprobada la reforma al PensionisssteFoto Yazmín Ortega Cortés
Roberto Garduño y Enrique Méndez
 
Periódico La Jornada
Miércoles 9 de diciembre de 2015, p. 43
La Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma para desaparecer el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores del Estado (Pensionissste) y constituir una Afore que funcionará como paraestatal y –según expresaron legisladores de oposición– podrá ser privatizada por decreto.
 
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) insistió en que el Pensionissste no se privatiza, se fortalece como una institución paraestatal ciento por ciento del Estado mexicano, pero con flexibilidad y autonomía de gestión.
 
Charbel Jorge Estefan Chidiac (PRI), secretario de la Comisión de Hacienda, argumentó que si bien el fondo logró que sus clientes reciban una pensión 40 por ciento mayor a cualquier otra privada, tristemente se está privatizando lentamente: 40 por ciento del capital que maneja pasó a manos privadas en los últimos tres años.
 
Con esa visión, el tricolor logró el respaldo de los partidos Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social para aprobar el dictamen en lo general por 343 votos. Al cierre de esta edición continuaba la presentación de 118 reservas en lo particular, 86 de Morena.
 
Durante casi ocho horas, la mayoría de esas bancadas rechazaron las propuestas de cambio al dictamen de la Comisión de Hacienda, y sólo aceptó un ajuste planteado por el PRI para que el Estado sí se haga responsable de las minusvalías (pérdidas en sociedades de inversión).
 
Así, se incluyó que dichas pérdidas serán cubiertas con cargo a la reserva especial, y en caso de que resulte insuficiente, con cargo al capital social de la nueva entidad.
 
Los diputados de Morena, Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) sumaron 116 votos en contra. El independiente Manuel Clouthier y la panista Rosario Rodríguez Rubio se abstuvieron. La ex subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio (PRI), que presentó el dictamen a nombre de la comisión, no votó.
 
La primera mitad de la sesión se caracterizó por la rispidez en el discurso y los encuentros verbales entre legisladores.
 
El ala priísta se incomodó con las críticas de Mario Ariel Juárez (Morena), surgido de la cúpula del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (Stunam), quien desde la tribuna cuestionó que un grupo de traidores, de vendepatrias, votó una brutal reforma, con la finalidad de entregar los ahorros de los trabajadores a la banca privada. Insistió: ¿A qué intereses obedece esta reforma? ¿De cuánto es el cañonazo que van a recibir cada uno de los que voten a favor?
 
Y mientras arrojaba monedas de chocolate hacia el salón, exclamó: Si es un asunto de dinero, ahí está el pago para que no entreguen a los trabajadores y puedan tener dignidad y no traicionarlos. Si es un asunto de dinero, ¡ahí está!
 
Todavía dejó la mentada que, aseguró, le habían transmitido los líderes de los sindicatos universitarios para los diputados. Omar Noé Bernardino Vargas, conocido en Apatzingán como El Vale, le gritó “¡Pejezombi!”
 
El calificativo caló en Ariel Juárez, que desde la tribuna se fue a la bancada tricolor para encarar a Bernardino Vargas, pero de inmediato varios priístas, entre éstos el líder cafetalero en Chiapas Julián Nazar, lo atajaron.
 
Morena, MC y PRD tomaron la tribuna y la mesa directiva y un nuevo jaloneo se dio cuando Renato Molina (Morena) dio un manotazo al micrófono mientras la secretaria de la mesa, Alejandra Noemí Reynoso (PAN), pedía iniciar la votación del dictamen.
 
El presidente de la mesa directiva, Jesús Zambrano (PRD), se vio obligado a decretar un receso, ante el anuncio de Morena de que sus diputados presentarían sus reservas una por una.
Antes de tomar esa decisión, Zambrano recibió una llamada a su celular.
 
Desde abajo, en la tribuna, los diputados de Morena acusaron que se trataba de una conversación para recibir instrucciones. El perredista reviró: ¡No recibo órdenes de nadie!
Durante horas, diputados de MC, Morena y PRD presentaron 116 reservas, que fueron desechadas por mayoría mecánica, a pesar de que los diputados de esas fracciones apelaron a su conciencia.
 
El bloque PRI-PAN-PVEM-PES-Panal aplaudió de pie la aprobación de la reforma. Del otro lado del salón surgió un coro: ¡Esos son, esos son los que roban la pensión!
 

lunes, 23 de noviembre de 2015

Grupos de choque agreden a maestros y periodistas

Los hechos de violencia se registraron en el puerto de Veracruz y en Xalapa
De los corresponsales
 
Periódico La Jornada
Lunes 23 de noviembre de 2015, p. 3
 
Al menos 12 profesores heridos –tres requirieron hospitalización– y un número no cuantificado de periodistas lesionados fue el saldo del enfrentamiento entre la Fuerza Civil de Veracruz e inconformes con la evaluación educativa, que este domingo culminó en esa entidad.
 
En el puerto de Veracruz se documentaron tres ataques donde hombres vestidos de civil formaban grupos que se abalanzaban contra maestros y maestras. Los grupos de choque, resguardados por la policía montada, agredieron a los maestros a puñetazos, jalones y patadas sin que los agentes estatales los detuvieran. Los hechos se registraron frente a la Arena Veracruz.

En los únicos casos donde la Fuerza Civil intervino fue cuando los profesores superaban en número a los grupos que los agredían. En los registros de video y fotografías se observa cómo después de atacar a un grupo de mentores, los civiles se refugiaban detrás de las vallas formadas por la policía estatal, con quienes incluso conversaban. Iván Sánchez, periodista de MVS, fue interceptado, lo golpearon y le rompieron su cámara fotográfica; asimismo, Hugo Gallardo San Gabriel, de la estación radiofónica Grupo FM, también fue golpeado. Al primero le tuvieron que aplicar 11 puntadas en la cabeza.

En Xalapa, las agresiones ocurrieron frente al gimnasio Omega, donde otros grupos de choque esperaban indicaciones de los policías estatales para pasar la valla y atacar a los profesores. A dos fotoperiodistas del Diario de Xalapa los amenazaron con golpearlos si no desistían de cubrir la protesta. A la comunicadora Melissa Díaz los uniformados le tiraron su teléfono celular y lo patearon.
 
En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública estatal se disculpó con los periodistas agredidos y afirmó que se hará cargo de la reposición de sus equipos.
 
Por otra parte, en el segundo domingo de las evaluaciones aplicadas a escala nacional, las protestas magisteriales se intensificaron en Michoacán, Tlaxcala, Sinaloa, Morelos, Jalisco, Hidalgo y Querétaro, donde un número mayor de profesores salió a manifestar su repudio contra la presentación del examen que determinará su permanencia o despido laboral.
 
En Querétaro, integrantes de la Promotora de Lucha de Trabajadores de la Educación denunciaron que policías han perseguido a varios maestros disidentes y a sus familias, con la finalidad de amedrentarlos.
 
En tanto, la asamblea magisterial de Sonora informó que el sábado fueron liberados tres profesores de Nogales, quienes pagaron 500 pesos de caución y otros seis permanecen detenidos en Obregón, porque les fijaron fianzas de 240 mil pesos en conjunto para obtener su libertad.
 

domingo, 22 de noviembre de 2015

REPRESIÓN A MAESTROS EN VERACRUZ. 22 de noviembre de 2015


Protestas en 17 estados contra la “punitiva” evaluación docente

La Policía Federal acarrea en helicópteros a maestros hacia las sedes de examen en Morelia
 
Agresiones policiales y de educadores oficialistas dejaron ocho mentores lesionados y 12 detenidos.
 
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Policías tratan de desalojar a profesores que se movilizaron contra la evaluación docente ordenada por la SEP, este sábado en Xalapa, VeracruzFoto Cuartoscuro
De los corresponsales
 
Periódico La Jornada
Domingo 22 de noviembre de 2015, p. 3
 
Durante la segunda semana de la evaluación del desempeño docente, maestros que se oponen a ese ejercicio punitivo efectuaron este sábado protestas en unas 25 ciudades de estados como Hidalgo, Sonora y Sinaloa, donde agresiones de la policía y de educadores oficialistas dejaron un saldo de ocho profesores lesionados y 12 detenidos, además del retraso del examen en Ciudad Juárez, Delicias, Cuauhtémoc y Parral, Chihuahua. La prueba finalizará a escala nacional el próximo 13 de diciembre.
 
Frente al Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios 8 de Pachuca, Hidalgo, decenas de maestros se manifestaban contra la evaluación que se efectuaba en el plantel cuando llegaron unos 40 sujetos que los golpearon con palos y piedras.
 
Entre los heridos está el dirigente magisterial opositor local, Marcos Sosa, quien fue golpeado por los hombres ligados a un grupo de choque de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
 
A Sosa lo tiraron al suelo y allí lo patearon, junto a su hermano Carlos. Ambos sufrieron contusiones severas y descalabros, por lo que fueron internados en el hospital regional de Pachuca. Ayer mismo fueron dados de alta.
 
Testigos comentaron que al parecer algunos golpeadores son policías, pues manejaban con extrema destreza los sables de madera que portaban.
 
Otros lesionados son Florita Cervantes, Pedro Álvarez, Josefina Rodríguez y Lady Curiel Dorantes, quien recibió una pedrada en la espalda y fue golpeada pese a estar embarazada. Ella misma responsabilizó a Sinuhé Ramírez Oviedo –líder de la sección 15–, de cualquier cosa que le suceda a ella o a su bebé.
 
¡Denles duro!
Las víctimas interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público por amenazas y lesiones contra quien resulte responsable y sólo identificaron a uno de los agresores como Emanuel González Fonseca, regidor del municipio de Mineral de la Reforma, gobernado por el PRI, quien también tiene plaza de profesor de telesecundarias. Acusaron también a Aurora Orozco, secretaria del colegiado de escuelas secundarias, de ordenar: ¡Denles duro!
 
En Morelia, Michoacán, más de 10 mil maestros de las 22 regiones del estado pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon para rechazar la evaluación docente.
 
Anunciaron que no participarán en un enfrentamiento con las fuerzas federales enviadas a la entidad y, aunque el rechazo a la reforma lo demuestran con la unidad y actos bien organizados, como el de hoy, permitirán que se evalúe a los maestros este domingo.
 
El dirigente magisterial del estado, Juan José Ortega Madrigal, exhortó a sus compañeros a no participar en esta farsa en aras de que las autoridades educativas vean la fortaleza del movimiento democrático.
 
Unos 250 maestros de Lázaro Cárdenas, Arteaga y Coahuayana, que pertenecen a la sección 15 del SNTE, fueron trasladados en helicópteros de la Policía Federal a Morelia, para que este domingo hagan el examen docente. Los profesores trasladados son encabezados por Cuauhtémoc Lobato Damián, secretario de Organización del SNTE en la región que comprende esos tres municipios, informó la CNTE, la cual rechaza a la reforma educativa y la evaluación magisterial.
 
La medida fue tomada ante la posibilidad de que por vía terrestre los maestros se encontraran con manifestaciones convocadas por la disidencia magisterial para impedir la aplicación del examen.
 
En el puerto de Veracruz, maestros de la CNTE y del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano establecieron una valla para impedir el ingreso de quienes presentarían la evaluación en la Arena Veracruz, pero policías los desalojaron, lo que propició un jaloneo y que los opositores les lanzaran huevos. Otro enfrentamiento ocurrió en Xalapa, en torno al edificio Omega, donde los inconformes fueron retirados con violencia por fuerzas del orden, que agredieron al diputado local del partido Morena, Cuitláhuac García Jiménez, y algunos fotógrafos y reporteros que documentaban el episodio.
 
El oficial mayor de la Secretaría de Educación, Vicente Benítez González, dijo que debido a los enfrentamientos entre policía y disidentes, únicamente pudieron ingresar al examen la mitad de los maestros previstos. La evaluación se programará otro día para el resto de los convocados.
 
En Sinaloa, policías resguardaron las sedes de Mazatlán, Los Mochis, Guasave y Culiacán, donde detuvieron a tres maestros cuando esperaban a otros docentes para manifestarse. Los capturados son Eduardo Salazar Soria, Daniel Llamas Leyva y Dominico Domínguez Gabriel, líder local de la CNTE. Más tarde fueron liberados tras pagar fianzas de 500 pesos por faltas a la autoridad.
 
La asamblea magisterial de Sonora denunció que en las sedes de Nogales y Obregón hubo tres maestros golpeados y nueve detenidos. Todos fueron puestos en libertad tras pagar una fianza.
 
En Chihuahua, integrantes del movimiento Resisssste se manifestaron y retrasaron la aplicación el examen en las sedes designadas en Ciudad Juárez, Parral, Delicias y Cuauhtémoc. Tras la intervención policial, la prueba se celebró. Los manifestantes expresaron que el examen es violatorio del esquema educativo nacional y de las leyes laborales vigentes que protegen a los trabajadores. En Juárez, activistas de la Asamblea Popular Regional Paso del Norte apoyaron a los maestros disidentes.
 
En Quintana Roo, miembros del SNTE recuperaron las instalaciones sindicales que estaban tomadas por disidentes desde la semana pasada.
 
Hubo protestas menores en los estados de México, Morelos, Durango, Nayarit, Tamaulipas, Yucatán, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Querétaro y Zacatecas.
 
Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero se solidarizaron con el dirigente de la CNTE en Michoacán, Nicolás Bautista Ramírez, detenido y apresado el viernes por presunto daño en propiedad ajena. Reprocharon la estrategia federal por sus constantes abusos y represión del magisterio nacional, como es la detención del líder michoacano y cinco oaxaqueños, con tal de imponer por la fuerza la reforma educativa.
 

martes, 17 de noviembre de 2015

Pensionissste jubilaciones en venta.

John M. Ackerman
16 de noviembre de 2015
Análisis
Proceso.
 
MÉXICO, DF (Proceso).- Después de décadas de arduo trabajo sirviendo a la nación, lo mínimo que merecemos todos y todas es poder disfrutar de una jubilación tranquila y decorosa con nuestras familias. Las personas de la tercera edad constituyen una parte esencial de la sociedad. Los abuelos y las abuelas son representantes de nuestra historia y anclas de nuestros valores. Así como la sociedad tiene la obligación de cuidar y asegurar una vida digna para sus niños y sus jóvenes, también la tiene con respecto a los mayores de edad.
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los acuerdos internacionales firmados por este país señalan que todos tenemos el derecho a la salud y a una vida digna. Ello aplica de manera especial para las personas de la tercera edad. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social” (artículo 22). El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que “los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social” (artículo 9).
 
No es responsabilidad del individuo garantizar las condiciones mínimas necesarias para su retiro, sino de la sociedad en su conjunto. El trabajo que cada uno de nosotros realizamos todos los días en la oficina, la fábrica, el campo, la calle o la casa, en el sector formal o informal, no es estrictamente un trabajo individual, sino que forma parte de un esfuerzo colectivo al servicio de la comunidad. La nación tiene entonces la responsabilidad de devolver el favor a sus ciudadanos cuando, por su edad, ya no pueden seguir con el mismo ritmo de trabajo.
 
La mayor parte de los mexicanos no cuentan con suficientes ingresos para poder ahorrar en preparación de su retiro. El Estado, como representante de la comunidad nacional y garante de los derechos humanos, tiene entonces la obligación de garantizar una vida digna para este amplio sector de la sociedad una vez que se acaben sus años más productivos. Ello es particularmente importante cuando se trata de trabajadores que han dedicado sus vidas al servicio del mismo Estado.
 
Pero los ideólogos del neoliberalismo trasnochado entienden la situación de otra manera. Para ellos lo único que importa es el negocio y la ganancia. Desde su punto de vista, gastar en las personas de la tercera edad es puro desperdicio. Es por ello que Ernesto Zedillo privatizó las pensiones del IMSS en 1997 y Felipe Calderón las del ISSSTE en 2007. Hoy casi todos los recursos de nuestras pensiones se manejan por medio de “Afores” en manos privadas. Desde el punto de vista de la caduca clase política que actualmente controla el país, el objetivo no es garantizar una jubilación digna para todos los ciudadanos, sino aprovechar los ahorros de los trabajadores para garantizar jugosos negocios a sus amigos los banqueros.
 
Enrique Peña Nieto busca en su turno colocar la cereza en el pastel de la venta de nuestras jubilaciones. Hoy los trabajadores del Estado todavía tenemos la opción de confiar nuestro ahorro para el retiro a una institución pública, Pensionissste. Este organismo sin fines de lucro cobra las comisiones más bajas en el mercado y tiene la obligación legal de reinvertir sus ganancias en las mismas cuentas de los trabajadores. Justamente por eso se encuentra entre los fondos de mayor rendimiento que manejan Afores.
 
La iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE, que el PRI y el PAN buscan aprobar esta misma semana en el Congreso de la Unión, desincorporaría el Pensionissste del ISSSTE, transformándolo en una “empresa estatal de participación mayoritaria” donde 49% de las acciones podrían ser adquiridas por la iniciativa privada. El gobierno argumenta que este cambio ayudaría al Pensionissste a evitar trabas burocráticas que supuestamente limitarían su rendimiento. Pero en realidad lo que se busca es “liberar” a este importante fondo de ahorro de los controles públicos que garantizan la protección a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado.
 
Afortunadamente, la sociedad cuenta con la atenta vigilancia de la diputada Araceli Damián como presidenta de la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados. La doctora Damián generosamente ha tomado una pausa de sus importantes labores académicas en El Colegio de México para servir a la nación como legisladora, con el partido Morena, para el periodo 2015-2018.
 
Ella ha denunciado que con la reforma de Peña Nieto ya no será obligatorio que los rendimientos del fondo del Pensionissste se reinviertan en las cuentas de los trabajadores, sino que podrán ser repartidos entre los accionistas privados de la nueva empresa. Asimismo, al derogar el artículo 109 de la Ley del ISSSTE se eliminan los candados que obligaban al Pensionissste a invertir los fondos en la actividad productiva nacional, como construcción de vivienda y carreteras.
 
Finalmente, la fracción V del transitorio segundo de la reforma señala que “el gobierno federal no responderá por las obligaciones a cargo de la sociedad que se creará en términos del presente transitorio, ni por cualquier minusvalía en el valor de las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro que dicha sociedad administre y opere”. Es decir, con la privatización de Pensionissste el gobierno ya no garantizará rendimiento alguno para los trabajadores. Como ha ocurrido con todos y cada una de las mal llamadas “reformas estructurales” del Pacto por México, los derechos fundamentales de todos se convierten una vez más en un negocio para unos cuantos.
 
 
Twitter: @JohnMAckerman
 

Magisterio: el fracaso de la estrategia policial

Luis Hernández Navarro
 
La maestra Nora Alicia Cruz Sánchez tiene cinco años de servicio y fue directora de primaria. Cuenta con maestría y doctorado. Cuatro documentos la acreditan como evaluadora. A pesar de ello, el pasado 14 de noviembre rechazó evaluarse porque –dijo públicamente– no estoy de acuerdo y no quiero ser parte de esa mentira, de esa farsa.
 
No exageró. De manera arbitraria e ilegal, a la profesora Cruz Sánchez le avisaron que debía presentar su examen sobre desempeño tan sólo nueve días antes de la evaluación. La seleccionaron en el último momento, cuando otros docentes tuvieron meses para prepararse para la prueba. Por eso acusó: Se está actuando con dolo sobre mi persona o me están discriminando.

Nora Alicia es evaluadora. Se inscribió en la primera convocatoria y cumplió con todos los requisitos para serlo. Cuenta con la documentación que la acredita como tal. Sin embargo, ni a ella ni a muchos otros evaluadores los llamaron para examinar a los docentes. Su nombramiento y el de sus compañeros fue un engaño.

La actitud de la maestra Cruz Sánchez no fue un caso aislado en el examen de este fin de semana. Como sucedió a la profesora, muchos docentes fueron incorporados en el último momento al examen, algunos por la fuerza y otros con la promesa de otorgarles créditos de vivienda. Muchos fueron notificados ilegalmente. Todo con el objetivo de maquillar las cifras de la participación en la prueba, cubriendo las vacantes de quienes se negaron a ser examinados.

Pese a las amenazas del secretario de Educación, Aurelio Nuño, en la mayoría de los estados donde se efectuó el examen se suscitaron actos de protesta, como el de la profesora Nora Alicia. En Zacatecas, maestros indignados porque el sistema de ­cómputo no funcionó y las autoridades mandaron funcionarios de Ceneval a vigilarlos acordaron desertar de la prueba. En Ciudad Juárez debieron reprogramarla para la próxima semana. Las redes sociales están llenas de testimonios similares.

Muchos docentes que respondieron el examen salieron sumamente molestos. Explican que la prueba fue excesivamente larga, confusa, tramposa, agotadora, con fallas en las instrucciones, faltas de ortografía, errores de sintaxis. Explican que multitud de preguntas fueron sesgadas, repetitivas, descontextualizadas, sin relación con lo que ellos enseñan en clase. Por si fuera poco, el pésimo sistema de cómputo con que tuvieron que trabajar los sacó con harta frecuencia de la sesión, de modo que perdieron un tiempo valioso y concentración. Fue una trampa destinada a evidenciar a los trabajadores de la educación como no idóneos.

Por lo menos en 20 estados, los maestros se movilizaron este fin de semana contra la evaluación. Las marchas en Chiapas y Michoacán fueron impresionantes. No obstante que granaderos y policías resguardaron las sedes del examen, miles de docentes cercaron sus entradas. En Morelos, bloquearon las seis instalaciones de aplicación de la prueba. En multitud de ciudades hubo forcejeos y choques con los granaderos. Fueron heridos 10 docentes y arrestados 17.
 
Previamente, el gobierno federal decidió diferir la evaluación en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Nuevo León y Veracruz. Más que abrir un compás para la negociación, la reprogramación fue para avanzar primero sobre los estados que las autoridades consideraban sin problemas y concentrar después la fuerza pública de manera escalonada en los problemáticos. La orientación fue aislar a los objetores, concentrar a la policía y disuadir a los opositores. La maniobra fracasó. Posponer la prueba fue un descalabro a su decisión de imponerla a toda costa. Y, para desgracia del secretario, entidades tranquilas como Sonora y Sinaloa le salieron respondonas.
 
Este fin de semana, el gobierno federal pretendió mandar el mensaje de que miles de profesores asistieron convencidos a la evaluación. Fracasó. Si una imagen sintetiza las jornadas de los pasados 14 y 15 de noviembre, es la de la fuerza pública resguardando las sedes de aplicación del examen y la policía golpeando, persiguiendo y arrestando a los maestros en distintos lugares del país. ¿Qué legitimidad posee una reforma educativa que se tiene que imponer por la fuerza a los docentes?
 
Aun los profesores que hicieron la prueba declararon una y otra vez: Estamos aquí contra nuestra voluntad. Estamos aquí porque fuimos amenazados.
 
Así, las cifras que brindó la SEP de que 98 por ciento de los docentes presentaron su examen son alquimia pura. De hecho son un galimatías.
 
El gobierno federal apostó a que apretando a Oaxaca iba a doblar la resistencia nacional contra la reforma educativa. Concentró allí sus maniobras punitivas. Tomó en rehenes a cuatro docentes de esa entidad y los mandó al penal de Almoloya, junto a los peores criminales. Se equivocó. Ni sometió a los oaxaqueños ni contuvo la expresión del descontento nacional.
 
Pero sus descalabros no terminan allí. Su estrategia de amarrar a los gobernadores comienza a fisurarse. El gobierno de Nuevo León firmó un acuerdo con el colectivo de maestros de la entidad, en el que la autoridad se compromete a respetar y a hacer valer los derechos de los profesores en los procesos de evaluación. Reconoce, también, que las notificaciones para la convocatoria al examen no cumplen los requisitos de legalidad, y exhorta a la Secretaría de Educación a dejar sin efecto todas las notificaciones que no hayan sido efectuadas en días y horas hábiles.
 
De manera reiterada, el movimiento magisterial ha llamado a las autoridades educativas a negociar. La respuesta de Aurelio Nuño ha consistido en exigir la rendición incondicional de los descontentos. La falta de resultados de su estrategia está a la vista. A no ser que quiera incendiar el país (o por lo menos algunas de sus entidades), sería bueno que diera muestra de sensibilidad y apertura para el diálogo.
 
Twitter: @lhan55
 

Evaluación Sonora.

Leopoldo Santos Ramírez*
 
El pasado fin de semana la denominada evaluación, organizada por las autoridades y aplicada a los docentes del estado de Sonora, atravesó por serias dificultades que la deslegitimaron y resultaron en un fortalecimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
 
Fueron convocados 2 mil 700 docentes de los niveles prescolar, primaria y educación especial, pero se trata de profesores que tienen entre seis y 20 años de servicio en esta primera etapa. Por las cifras que los mismos profesores están proporcionando, quienes se presentaron no alcanzaron 2 por ciento del universo total de docentes convocados. Es importante aclarar también que de ese universo, alrededor de 37 por ciento corresponden al profesorado de primaria. La mayor parte de quienes sí presentaron el examen se ubican en municipios del noroeste del estado, significados por contar con una menor población en relación con la zona centro y sur del territorio sonorense que contiene la mayor parte de la población y, por tanto, concentra alrededor de 60 por ciento de los profesores.

Los municipios de Hermosillo, capital del estado, Obregón, Navojoa y Guaymas, que concentran a la mayoría de ciudadanos sonorenses, son los sitios donde los profesores mostraron su rechazo, pues se presentaron un total de 11 personas a la prueba para todos esos municipios. En el norte, Nogales, la frontera más poblada fue una sorpresa porque allí solamente una persona se presentó a la prueba y, a decir de la coordinadora, quienes se presentaron a las evaluaciones fueron personas ligadas al SNTE o parientes de funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).

Esta jornada de fin de semana resulta reveladora porque durante mucho tiempo el profesorado del sistema educativo público sonorense cargó con la fama de docilidad por el control que sobre ellos ejercen las autoridades de educación federal y estatal, y el mismo SNTE. Pero eso tiende a cambiar, por lo que pudo verse en estos días de resistencia y de golpes de la policía de Hermosillo contra los profesores que metieron el cuerpo para defender a las maestras en las sedes de la aplicación del examen. La resistencia ahora no se limita a una marcha o a una manifestación por las calles, sino que se está desplazando al método del bloqueo para boicotear in situ al cuestionado examen. Incluso la incorporación al boicot físico se dio espontáneamente entre profesores y profesoras que asistían dispuestos a la prueba, pero al ver los contingentes de apoyo se sumaron al movimiento de rechazo a la reforma.
 
Este resurgimiento magisterial está revelando que a muchos kilómetros de distancia los docentes locales se sumaron a sus compañeros de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán contra la reforma a la educación. Con su actuación simplemente están diciendo que por la fuerza no se doblegarán, por más que las sedes de aplicación de los exámenes se nutran de granaderos y policías municipales que la hacen de prefectos interinos, pero armados con pistolas calibre 9 milímetros. Otro fenómeno que no puede pasar desapercibido es la negativa de las autoridades tradicionales de la nación yaqui, con sede en Loma de Bácum para que los profesores que se encargan de la atención a los niños indígenas sean evaluados por el examen de permanencia. En un oficio del 12 de noviembre, dirigido a Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, las autoridades yaquis expresan su rechazo igualmente a la reforma educativa a la que ven como una reforma laboral que va contra los derechos de los trabajadores docentes.
 
Como se ve por esta muestra regional, las fanfarrias del secretario Nuño de que a esta evaluación se presentó 97 por ciento del profesorado, parecen no tener sustento en Sonora, incluso al nivel del resto de las entidades en las que se aplicó la prueba.
 
La reforma educativa sin el consenso de sus principales destinatarios ha topado con un núcleo que el gobierno creyó poder desmoronar a golpes legislativos ilegales, con infames campañas televisivas, con golpes y con cárceles. Pero ese núcleo no es otro que la dignidad magisterial que permite construir los bastiones desde donde los maestros buscan ser escuchados. Frente a este ejemplo de dignidad es importante que los sindicatos afines se hagan presentes no solamente de palabra, sino con su respaldo efectivo a la hora de las definiciones.
 
* Profesor e investigador de El Colegio de Sonora

lunes, 16 de noviembre de 2015

Diez heridos y 17 arrestados, saldo del segundo día de protestas magisteriales

Integrantes de la CNTE exigen al gobierno federal que se suspenda la evaluación.
De los corresponsales
 
Periódico La Jornada
Lunes 16 de noviembre de 2015, p. 13
 
Al menos 10 profesores lesionados por granaderos en Hidalgo y 17 detenidos, 10 de ellos en Morelos –más un menor de edad–, cuatro en Tlaxcala y tres líderes estatales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Sinaloa, fue el saldo del segundo día de movilizaciones a escala nacional para rechazar la aplicación de la evaluación docente.
 
Los 10 maestros hidalguenses, entre ellos cuatro mujeres, resultaron heridos tras ser desalojados por granaderos y un presunto grupo de choque, cuando se manifestaban de manera pacífica contra la evaluación frente a la Universidad Tecnológica Tula-Tepejí, en el municipio de Tula de Allende.
 
De igual forma hubo conatos de violencia entre policías, presuntos integrantes de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) e inconformes en centros de evaluación de Ixmiquilpan, Tulancingo, Pachuca y Huejutla.
 
En Tepatepec, municipio de Francisco I. Madero, por segundo día consecutivo el examen fue suspendido por las muestras de repudio de docentes y vecinos de la localidad.
 
En Morelos, elementos del mando único detuvieron ayer por la mañana a 10 maestros y un menor de edad por manifestarse contra la evaluación frente a la universidad tecnológica del municipio de Emiliano Zapata.
 
Durante las aprehensiones, los agentes golpearon a los profesores y al menor. Luego de tres horas fueron puestos en libertad.

Dispersan con gas lacrimógeno.
 
En Tlaxcala, los catedráticos Carlos Hugo Zenteno Barajas, Danaé Flores Ramos y Ahiry Vázquez Rodríguez fueron golpeados y arrestados en el municipio de Tepeyanco, y Arturo Cuapantécatl Lima en Apizaco, donde policías utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
 
Algunos de sus compañeros optaron por no ingresar a las sedes donde presentarían la prueba, en apoyo a los detenidos.
 
Asimismo, en Sinaloa policías municipales detuvieron a Raúl Carvajal, dirigente de la CNTE en la entidad, y a otros dos disidentes magisteriales, quienes encabezaban una protesta contra la evaluación, que se realizaba en las instalaciones de la Universidad de Occidente, en Mazatlán.
En Chiapas, miembros de las secciones siete y 40 del SNTE tomaron cuatro estaciones de radio y dos canales de televisión en Tuxtla Gutiérrez para romper el cerco informativo, comentó el secretario general suplente de la sección siete, Manuel de Jesús Mendoza Vázquez.
 
Nuestras exigencias son muy claras: derogación de la reforma educativa, no a la evaluación punitiva y liberar a nuestros presos políticos, aseveró.
 
Anunció que el gobierno federal está orillando al magisterio a decretar una huelga nacional, que podría empezar con un día y continuar de manera indeterminada, hasta que se dé marcha atrás a la ley, la cual viola los derechos laborales.
 
En Oaxaca, unos 300 profesores del sector Matías Romero, en el istmo de Tehuantepec, marcharon en repudio a la evaluación, que se pospuso en la entidad para los próximos 21 y 22 de noviembre.
 
Durante la marcha, las académicas Ana Ayerin Altamirano, de 24 años, y Rosa Isela Roque Severiano, de 23, originarias de San Juan Guichicovi y Santa María Petapa, fueron atropelladas y trasladadas a un hospital. Su estado de salud se reporta estable.
 
En Juchitán, Ixtepec, Salina Cruz y Tehuantepec, miembros de la sección 22 de la CNTE encabezaron mítines informativos.
 
Docentes del Movimiento Magisterial Jalisciense (MMJ) se manifestaron afuera de las 14 sedes donde se aplicó el examen, para dar a conocer los efectos negativos de participar en la evaluación y lograron que decenas de citados rechazaran presentarla.
 
Bases del MMJ anunciaron que la aplicación coercitiva de pruebas de desempeño viola sus derechos laborales, por lo cual preparan una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
 
En tanto, en Ciudad Juárez, Chihuahua, policías federales y estatales escoltaron los camiones en que fueron trasladados los maestros que presentarían la prueba, pues se cambió la sede para evitar que fuera suspendida, como el día anterior. También hubo protestas en Parral, Delicias y Chihuahua capital.
 

El buen fin especial para los maestros.

Tatiana Coll
 
Este fin de semana las autoridades prepararon un Buen Fin realmente especial para los maestros: policías y fuerzas represivas en todas las sedes donde se convocó a la aplicación de la tercera etapa de evaluación, que consiste esencialmente en un examen de opción múltiple en la pantalla de una computadora, para así resguardar el derecho que tienen los maestros a ser evaluados para su propio bien y un mejor y próspero futuro. El Buen Fin de los maestros resultó así, ya que los convocados no creen ni tantito así en la falaz propaganda gubernamental y sólo el miedo a ser cesados los llevó a intentar jugársela y proteger su plaza de base.
 
La SEP y el INEE creen a pie juntillas el viejo dicho de que la letra con sangre entra mejor. A ver si estos maestros aprenden de una buena vez que deben repetir y memorizar puntualmente que sólo serán idóneos si acatan metódicamente los perfiles para una buena práctica docente diseñados por el INEE.

Todo el proceso de evaluación programado por el INEE se basa en el documento Perfiles, parámetros e indicadores, emitido por el Servicio Profesional Docente, que ha servido también para los concursos de oposición. Es el eje rector del ingreso, la promoción y permanencia del magisterio. Se le añaden ahora otras funciones: los maestros idóneos tendrán acceso directo a los préstamos, serán recategorizados y tendrán jubilaciones mejores. Esta es la zanahoria que han ofrecido en los días recientes intentando lograr la aprobación multitudinaria a sus nuevas reglas.

El documento Perfiles señala cinco dimensiones que definen al docente. La primera, por ejemplo, dice que un docente que conoce a sus alumnos sabe cómo aprenden y lo que deben aprender; para media superior esta misma dimensión apunta a que el docente adapta los conocimientos sobre la disciplina que imparte y los procesos de enseñanza-aprendizaje con las características de los estudiantes. Para medir cada una de estas cinco dimensiones y clasificar a los maestros en idóneos o no el INEE implementa un mecanismo de reducción a 16 parámetros y 53 indicadores en la educación básica y 17 parámetros con 49 indicadores en la media superior.

La primera etapa del actual proceso se integra a partir de un informe detallado de los directores o supervisores sobre el grado de cumplimiento de las responsabilidades de los profesores y su participación en el funcionamiento de las escuelas. Los directores deben responder directamente a 19 indicadores de cuatro de las dimensiones que quedarán bajo su criterio. Poderosa arma nueva para los directores y supervisores.

La segunda etapa la integra el famoso expediente de evidencias, que analicé en mi artículo El INEE y la evaluación propuesta, donde subrayé la imposibilidad de que el INEE pudiera concretar la responsabilidad que tiene de analizar cuidadosamente y con equidad de criterios los dos millones de páginas que aproximadamente constituyen la argumentación solicitada a los 150 mil profesores convocados, además de otros problemas que se presentaron a lo largo del proceso.
 
La tercera etapa es la que transitamos este fin de semana acompañados de numerosos contingentes de fuerza policiaca. Queda pendiente la cuarta etapa, que implica que los maestros construyan un modelo de planeación didáctica en el cual deben atender cuatro de las dimensiones y más de la mitad de los parámetros e indicadores. De nuevo, cientos de miles de cuartillas subidas a una plataforma de dudosa eficiencia.
 
Es a todas luces evidente que la única evaluación que alcanzará el INEE a calificar es, nuevamente, el examen de bolitas que llenen los maestros que se presenten, con las significativas limitaciones que estas seudoevaluaciones de opción múltiple tienen.
 
Este viernes participé en el noveno encuentro sindical del Colegio de Bachilleres en Morelia, analizando estos procesos. Después de múltiples intercambios, un maestro me hizo la siguiente pregunta: Yo doy clases a siete grupos de 45 alumnos cada uno. ¿Podría usted recomendarme algún método para conocer a profundidad la condición sociocultural de mis alumnos? Y ¿podría usted recomendarme estrategias pedagógico-didácticas para atender a los diferentes procesos de aprendizaje de mis alumnos? Rápidamente intenté calcular la cifra de alumnos que atiende este maestro –7 x 45–: más de 300, alcancé a percibir, y la realidad nuda se presentó ante mí… solamente atiné a decirle: A pesar de que no soy católica, le sugiero una bendición y que se encomiende a todos los santos para que no pierda el juicio en esta situación. Trescientos alumnos en siete grupos. ¿Acaso se puede pedir que revise y corrija textos, proyectos, ensayos, narraciones, composiciones, etc.. que pide el INEE? Señora Schmelkes, ¿puede honestamente contestar la pregunta de estos maestros? ¿Cree que estas son las condiciones de trabajo que permiten el despliegue idóneo del proceso de enseñanza-aprendizaje que usted determina?, ¿sabe cuánto gana este maestro contratado por horas?
 
Lo maestros se movilizaron a lo largo y ancho del país; las redes están inundadas de fotos, videos y materiales sobre sus mítines, plantones y cercos en lugares insospechados. En este Buen Fin el mensaje es claro: ¡No a las seudoevaluaciones impuestas! ¿Seguirán haciendo como que no los ven ni los oyen?
 

sábado, 14 de noviembre de 2015

DOCENTES CONVOCAN A DEFENDER PENSIONES.

Alma E. Muñoz
 
Periódico La Jornada
Sábado 14 de noviembre de 2
015, p. 15
 
La Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados Democráticos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación convocó a formar un frente para la defensa de la seguridad social, particularmente por las jubilaciones, ante la intención gubernamental de reducirlas.
 
La profesora Irma Pérez Sánchez destacó que impulsan la creación de un banco de la seguridad social, a fin de aumentar los ingresos del Issste.
 
Por ejemplo, dijo, mediante el fondo de vivienda, depósitos a las cuentas de ahorro para el retiro, reservas e inversiones, pagos por préstamos e ingresos de las aportaciones de las dependencias, entre otros, el instituto obtendría los recursos suficientes para el pago de pensiones, mejores servicios médicos, medicamentos suficientes, créditos, vivienda y más.
 
Pérez Sánchez resaltó que la mayoría de los maestros jubilados gana de 5 mil a 7 mil pesos mensuales.

Pensionissste: un intento de despojo

 
Arturo Alcalde Justiniani
 
Gran inquietud y confusión se han generado entre los trabajadores el tema pensionario. Las provoca, por un lado, la anunciada reforma al Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (Pensionissste), por el otro, la propuesta de José Ángel Gurría, privilegiado por su jubilación en la banca de desarrollo, quien desde hace años representa a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), la cual sugiere reducir derechos a la llamada generación de transición, en el caso del IMSS, por haber ingresado antes de 1997 y en el Issste, a los que optaron por el conocido artículo décimo transitorio, que esperan jubilarse por el sistema anterior.
 
Favorece a este ambiente de zozobra, la falta de credibilidad de las declaraciones del gobierno, de los legisladores sometidos a sus consignas y de los líderes sindicales oficialistas. Se recuerda bien que cuando se inició el sistema de cuentas individuales o Afore, tanto en el IMSS como en el Issste, todos ellos se condujeron con falsedad, al prometer mejores pensiones y engañar a los trabajadores en decisiones equivocadas que, hoy se confirma, les generarán daños irreversibles. En el caso del Issste, fueron los sindicatos democráticos y los especialistas independientes, entre otros, los que advirtieron que optar por el sistema de cuentas individuales era el peor camino, ya que sólo recibirán en el mejor de lo casos la cuarta parte de sus salarios.

La angustia generada por tantos engaños y por la ausencia de información verídica ha propiciado que muchos trabajadores opten por acelerar su jubilación, como medida desesperada para no perder sus derechos. Estas decisiones suelen ser erróneas, ya que si bien en el caso del Pensionissste se trata de un proceso de privatización, ello no significa que por ahora, se vayan a suprimir los derechos pensionarios; por otro lado, jubilarse sin planeación, genera daños al trabajador y sus familias.

Recordemos que Pensionissste fue creado en 2007 con motivo de la reforma al régimen de seguridad social de los servidores públicos, fue diseñado como una institución de interés social. En ese tiempo se esgrimieron toda clase de argumentos para convencernos de sus bondades y se presentó como un fondo totalmente distinto a las Afore; hoy, la iniciativa presidencial califica esos atributos como defectos, pretendiendo transformarlo y someterlo a las reglas de las administradoras privadas de las cuales se quiso distinguir.

Como han destacado Araceli Damián y Mariana Trejo, diputadas de Morena en la legislatura federal, en un voto particular sustentado en estadísticas y datos comprobados, se trata de una reforma que modifica sustancialmente la naturaleza misma de Pensionissste. En primer lugar, busca eliminar las responsabilidades del Estado en diversos aspectos, entre otros, en el caso de minusvalías o pérdidas en las cuentas individuales; en efecto, se abandona la protección, pero se mantiene el férreo control de los fondos de los y las trabajadoras para que sean aprovechados por el propio gobierno y el sector privado.
 
Las comisiones que se pagan para el manejo de los fondos subirán, ya que se suprime la regla vigente de no exceder el promedio de lo que cobran las Afore privadas; por ello son las de menor costo en el mercado y aun así, sus resultados son del más alto rendimiento, resulta por lo tanto inexplicable este ímpetu transformador. Analizada en conjunto la iniciativa, se exhibe claramente que responde a las exigencias del sector privado que tiene apetito por esos recursos, que ha reclamado que Pensionissste le hace competencia desleal porque ha generado mejores resultados, menores costos y canaliza sus inversiones en renglones productivos y no en lo que los grandes grupos financieros pretenden.
 
Uno de los aspectos más indignantes es que estamos hablando de dinero propiedad de los trabajadores, quienes deberían decidir su destino, no sólo para garantizar mejores pensiones, sino para que esos recursos –como sucede en otras partes del mundo– se aplicaran en renglones en su beneficio; por ejemplo, préstamos con intereses razonables, proyectos productivos para la población retirada o desarrollos inmobiliarios al que tuviesen acceso los jubilados o sus familias. El problema es que los dueños del dinero son un cero a la izquierda y el gobierno y el sector privado deciden como si ellos lo fueran. Por ello no es exagerado cuando se afirma que se trata de un auténtico despojo.
 
En Pensionissste existe una representación obrera, tan falta de legitimidad como las que hay en los sindicatos oficialistas o en órganos tripartitos. Se trata de simples canonjías para gozar de altos ingresos y hacer negocios. Su desfachatez ha llegado al grado de que han aceptado la reforma sin chistar, limitando su exigencia a que se les den más lugares en el consejo de administración, proponiendo suprimir los reservados a los consejeros independientes quienes daban opiniones profesionales y técnicas y que en muchas ocasiones impidieron decisiones equivocadas. Ahora exigen que esos lugares sean para ellos y aparentemente el gobierno federal ya aceptó tan absurdo reclamo, claro, a cambio de la sumisión.
 
Por lo que se refiere al plan de choque pensionario propuesto por Gurría, no se ha presentado aún como iniciativa de ley, veremos si el gobierno se atreve a intentarlo, a pesar de la creciente desaprobación popular a su gestión. Ya nos ha dado malas noticias recientemente al cancelar las promesas asumidas durante la campaña presidencial sobre el seguro de desempleo y la pensión universal, que quedaron fuera del presupuesto. Otra más, como lo pretende la OCDE de Gurría, generaría una inconformidad de pronóstico reservado.
 
Mientras, Gustavo Labastida, dirigente del Sindicato de Bata-Sandak cumple injustamente tres meses de cárcel en el Cereso de Apizaquito, Tlaxcala.
poemas de amor